El Caso del Siglo, responsabilidad del Ciudadano

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Perú acogió la COP20 desarrollando con Francia la Agenda de Acción Lima-París a la cual participaron actores estatales y no estatales a nivel mundial. Este trabajo concluyó con el Acuerdo de París, en la COP21. Participó también la Oficina del Secretario General de las Naciones Unidas y la Secretaría de la CMNUCC.

El 12 de diciembre 2020 se cumplieron 5 años de la firma del Acuerdo de París, Francia no presenta los resultados esperados, el Alto Consejo para el Clima ha considerado que “las acciones climáticas no están a la altura de los desafíos ni de los objetivos”, habiéndose constatado que las emisiones de gases de efecto invernadero cayeron solo un 0,9% entre 2018 y 2019, mientras que debería ser una disminución anual del 1,5% y del 3,2% en el 2025 para lograr la neutralidad de carbono en 2050. Esta reducción requiere de reglas obligatorias que involucren a la sociedad en la adopción de un sistema de vida menos consumista de energía y libre de carbono, esto no ha sucedido.

El partido político de los Verdes y gran parte de la ciudadanía ante los riesgos que produce el cambio climático sobre todo en las costas del norte de Francia han manifestado su disconformidad. En enero de 2019, la ciudad de Grande-Synthe, por medio del eurodiputado Damien Carême, ex-alcalde de dicha ciudad presentó una demanda por “inacción climática” de Francia, debido a la negativa del gobierno de responder a la solicitud de los peticionarios de tomar más medidas para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. La solicitud de la ciudad de Grande-Synthe fue admitida, el Tribunal Superior consideró que la ciudad costera “está particularmente expuesta a los efectos del cambio climático” y al riesgo de inmersión. Es más, el Tribunal solicitó al Gobierno que antes de pronunciarse definitivamente “justifique, en el plazo de tres meses, que su negativa a tomar medidas adicionales es compatible con el cumplimiento de la vía de reducción elegida para alcanzar los objetivos planteados”. para 2030.

Esta decisión cambió el panorama, los resultados adquieren un peso decisivo y la Magistratura podrá constatar si la Administración pública cumple con los objetivos climáticos y podrá ordenar que los haga porque como lo consideró el Juez, “los objetivos marcados por las leyes de programación deben alcanzarse efectivamente”.

No fueron estos los únicos resultados de esta acción, las ciudades de París y Grenoble se unieron a esta acción, lanzando la petición apoyada por más de dos millones de firmas recogidas en un mes por las ONG Notre affaires à tous, Greenpeace, Oxfam y la Fundación Nicolas Hulot, interponiendo en marzo de 2019 un recurso ante el Tribunal Administrativo de París por “deficiencia” de Estado.

Han pasado casi dos años, y este 14 de enero se abrió la causa donde se discutió el “incumplimiento culpable” del Estado Francés, la Magistrada Amélie Fort-Besnard pidió la condena del Estado para pagar un Euro simbólico a las asociaciones demandantes por “el daño moral derivado de su culpable falta de no haber tomado todas las medidas necesarias para respetar la trayectoria de reducción de gases de efecto invernadero que se ha establecido” para poder cumplir tanto con sus objetivos nacionales como con sus compromisos internacionales. Francia tiene el compromiso de reducir sus emisiones en un 40% para 2030 en comparación con los niveles de 1990 y a lograr la neutralidad de carbono para 2050.

En este proceso, denominado “El Caso del Siglo”, el Relator ha propuesto que el Tribunal otorgue un plazo adicional al gobierno antes de “ordenar al Estado que tome diversas medidas para poner fin al agravamiento del daño ecológico y lograr sus objetivo en términos de reducción de gases de efecto invernadero”. Esto se considera un gran logro, pues la Corte obligaría al Estado a revisar su propuesta y que actúe con políticas publicas. Sería una victoria judicial.

Este caso es parte de un creciente movimiento de litigios climáticos en todo el mundo. En diciembre de 2019, el Estado holandés se vio obligado a reducir sus emisiones de CO2 ante la demanda de Urgenda, una fundación apoyada por 900 ciudadanos. En febrero, la justicia británica también rechazó el plan de ampliación del aeropuerto de Heathrow, que no tuvo en cuenta los compromisos climáticos del Reino Unido, mientras que en agosto la Corte Suprema irlandesa anuló el plan del gobierno para lucha contra el calentamiento global, considerada insuficientemente detallada.