La postura de Petro sobre las drogas: los intentos de liberalización despenalización o legalización
Siempre que se somete a debate la liberalización despenalización o legalización de las drogas afloran a la superficie todo tipo de reacciones contradictorias, reacciones de decepción y satisfacción, desde una total desconfianza y condena hasta una mayor apertura y tolerancia. Cada uno de nosotros tiene una posición distinta en cuanto a la forma de utilizar las herramientas disponibles y la forma de manejar el asunto de la droga. Lograr un consenso multisectorial sobre este tema resulta imposible; nadie conoce la respuesta exacta y el impacto a largo plazo para el conjunto de la población y sus posibles consecuencias para las generaciones presentes y futuras. Son muchos los diferentes conceptos implicados.
En realidad, sin embargo, a la hora de debatir en términos de prohibición o liberalización y legalización de los estupefacientes, existe un conflicto entre dos visiones o entre dos bloques antagónicos: la promoción del pleno cumplimiento del principio de tolerancia cero (prohibición), con vistas a una lucha eficaz contra el crimen organizado y la prevención de los delitos relacionados con los estupefacientes, incluso acciones multilaterales para detener su proliferación y construir un mundo mejor para las generaciones futuras; y la batalla de los antiprohibicionistas que hacen un llamamiento a un compromiso político inequívoco a favor de la liberalización y legalización de estupefacientes y al principio del recurso a la penalización solo como último recurso. Este conflicto es un choque fundamental entre dos visiones mundiales, entre aquellos que consideran que la lucha contra la droga sigue siendo una piedra de toque de la política pública de hoy en día; para cualquier Gobierno, para cualquier Estado responsable y que no es el momento ahora de bajar la guardia, lo importante es erradicar el problema y vencer a las organizaciones delictivas, y aquellos círculos que afirman que las políticas de prohibición, juntadas bajo el término de «prohibición», han sufrido continuos fracasos y que las propias autoridades reconocen estos fracasos y por ende es correcto el impulso a favor de la liberalización que se está intentando extraer de esto. Algunos incluso sostienen, que las políticas de prohibición general que se aplican actualmente nutre el cáncer de la corrupción y simplemente han servido para llenar los bolsillos de esos mismos delincuentes, señalan el problema del hacinamiento en las cárceles y piden que se recurra más a penas sustitutivas de la detención y programas de justicia restaurativa, en vez de dar exclusivamente respuestas punitivas a los delitos relacionados con las drogas.
Los defensores de la tolerancia cero afirman que si se vota a favor de esta liberalización y legalización de estupefacientes, se estaría en contra de la salud de nuestros jóvenes y nuestra sociedad o se estaría ayudando a los narcotraficantes a extender su gigantesco marco de operaciones. Al contrario, los antiprohibicionistas, con la actitud librepensadora ante las drogas alegan que hay países que abierta o sutilmente operan fuera de las normas o ensayan políticas en una dirección distinta y como consecuencia de la prohibición sigue existiendo territorios que escapan al control de las autoridades estatales, y donde las bandas de delincuentes desafían abiertamente a la autoridad.
Realizar una evaluación rigurosa de las consecuencias de la despenalización o legalización de las drogas siempre ha sido una tarea muy difícil, esto implica un problema de gran calado, además de constituir una fuente de controversias. Hacer frente a este reto es sólo el principio de un largo proceso, no el final. Sin embargo a nuestro entender, la actitud ante a las drogas es una cuestión de principios, y no puede tolerarse la incertidumbre- Es una cuestión de sentido común y de apreciación del valor de lo realizado en el pasado, de la utilidad de los mecanismos y estrategias existentes y de la disponibilidad de un conjunto considerable de pruebas y análisis científicos sólidos, información pertinente y testimonios.
Ahora el asunto ha llegado, de forma espontánea o mediante una escenificación específica, a las puertas del Gobierno colombiano.
De hecho, el presidente Gustavo Petro y los antiprohibicionistas han dado los primeros pasos en una línea de pensamiento que puede llevar a la legalización de las drogas. El objetivo a largo plazo parece ser el establecimiento de un mercado libre para ciertas drogas y después para todas ellas, procediendo posteriormente a la despenalización del abuso de las mismas y, sobre todo, que prevengan los problemas y no castiguen a los consumidores. Aunque parte de estas amplias premisas y parece estar bien equilibrado, el presidente Petro vuelve después más o menos directamente a las conclusiones de siempre, que suelen dividir la sociedad y a la opinión pública también: que las drogas blandas, en concreto el cannabis, deben liberalizarse y legalizarse y que es preciso establecer una distinción entre drogas duras y blandas- Al hacerlo se está negando el hecho de que son perjudiciales. A la vista del fracaso concreto de la política más restrictiva, la ineficacia de las medidas aplicadas hasta la fecha en lucha contra las drogas, el aumento del consumo de drogas y la producción, el Sr. Petro se cuestiona seriamente el sentido de la tolerancia cero en materia de drogas. De ese modo lo único que se conseguirá es recompensar una conducta incorrecta, no alimentarán el cuerpo sano de las poblaciones, sino que acabarán reforzando aún más, si cabe, el cáncer de la delincuencia organizada y la economía ilegal. El presidente también defiende la importancia de evaluar y actualizar las estrategias que se han seguido en materia de estupefacientes y sacar conclusiones de la misma. Sus intenciones, no obstante, no se detienen aquí. El espíritu del presidente es claro y apunta básicamente en esta dirección, lo declara en términos concretos, mantener una postura a favor de los agricultores/ productores, sosteniendo enérgicamente la necesidad de la despenalización de las drogas también de las drogas blandas, propone cuotas de producción o venta sin receta de cannabis o su futura legalización, o que los estupefacientes deberían clasificarse sobre una base científica, en función de sus riesgos para la salud. Estos objetivos presidenciales están relacionados con la reducción del uso, la venta, la producción, etc. de estupefacientes, la reducción del número de muertes causadas por drogas y de delitos relacionados con las drogas. En pocas palabras: es una mera clave para disfrazar el fomento de una política liberal en materia de drogas o bien allanar el camino al aumento del comercio de drogas. Hay que reconocer la astucia del presidente al ocultar su mensaje real bajo matices técnicos.
El presidente llega hasta el punto de afirmar que Colombia debe ser libre de desarrollar la política sobre drogas que considere apropiada, y que los demás estados deberían ser libres de desarrollar sus propias estrategias para investigar soluciones más eficaces encaminadas a lidiar con este problema tan terriblemente complejo. No obstante, en última instancia, se estaría garantizando la proliferación de las drogas en lugar de entablar una guerra total contra ellas, que es lo que debería ser nuestro objetivo, sino también y sobre todo un problema que afecta a nuestras relaciones con nuestros vecinos americanos y del otro lado del Atlántico. Nadie en la Europa y los Estados Unidos entendería que adoptáramos hoy una postura distinta, una posible legalización del comercio y consumo de drogas. Es cierto que muchas democracias pueden optar por reconocer oficialmente la liberalización (el consumo) y legalización de estupefacientes (el tráfico de drogas) dentro del Estado, pero existe un conflicto fundamental entre las políticas del gobierno y los valores no negociables de la sociedad, entre la mejor forma de resolver en común el grave problema de las drogas basada en datos correctos, o el camino de esconder la cabeza como el avestruz y pretender que el problema no existe.
De repente, ante el cúmulo de teorías y soluciones salvadoras, vienen a mi mente otras realidades y me pregunto en qué sentido es la Colombia un modelo para el resto del mundo. Lo que le decimos es esto: ¿no seremos demasiado tolerantes, cuando muchos ciudadanos no consideran que delinquen cuando cultivan la coca, la planta de la cannabis o se drogan? ¿No está claro que los estupefacientes y su consumo proliferan donde prevalece una actitud favorable hacia los mismos o que la droga, ha dado pie a un auge de la producción y ha convertido la Colombia, creo, en uno de los principales exportadores del mundo?. Todos sabemos que la inmensa mayoría de los delitos en Colombia, tanto menores como organizados, están relacionados con las drogas. Todos los días muere gente por estar inmersa en el submundo de la droga que se embolsa millones a costa de su desgracia. Se podría incluso decir que esta situación beneficia a la economía, pero considero que es un planteamiento del todo equivocado. Como ya se ha dicho, si defendemos la legalización de una actividad porque es rentable, me pregunto si no debemos legalizar también la trata de seres humanos, incluida la trata de mujeres, que se está convirtiendo en un sector económico igual de importante en el mundo, y que es incluso más temible. No debemos olvidar que los estupefacientes son responsables en gran medida de la violencia sin sentido que se produce en el país y de la alta tasa de criminalidad y de delitos relacionados con las drogas o de los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes por ir a conquistar ilegalmente una cuota de mercado.
Resulta irónico que en un momento en que la Colombia están alentando la reducción del consumo de tabaco y alcohol por sus graves consecuencias para la salud, en un ámbito diferente estamos intentando autorizar a la gente a que atente libremente contra su salud con drogas que se ha demostrado son perjudiciales para la salud y para el medio ambiente y originan otro tipo de problemas relacionados con la protección de la infancia. Lo que resulta aún más sorprendente es la resolución verdaderamente temeraria con la que vienen actuando desde el primer día de Gobierno, con total desprecio por la seguridad de la población, el valor de la vida y los derechos de las personas. Los partidarios de esta teoría tendrían que ponerse de acuerdo consigo mismos. Hemos pagado con demasiados muertos: demasiado civiles han perdido la vida, también problemas con la seguridad interior; hemos pagado con demasiados hombres de las fuerzas de orden y la violencia cruel que no duda en matar a los ciudadanos indefensos. Tenemos la necesidad de intervenir concretamente para demostrar que luchando contra la droga y la criminalidad económica y financiera de carácter supranacional ampliamos también la seguridad de nuestra gente. Es evidente que muchas de estas actividades delictivas tienen graves repercusiones negativas para la Colombia.
La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en especial el artículo 33 declara que: «Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias». La Colombia es parte también de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, que goza de una aceptación prácticamente universal entre los estados. Dicho tratado prohíbe la producción, el tráfico ilícito, la venta y el consumo de un amplio abanico de sustancias con fines que no sean médicos o científicos y propone medidas específicas para mejorar la prevención y promover una política sobre drogas razonable es, ante todo, una materia de competencia nacional. En vista de lo anterior, se considera que los intentos de legalización de las drogas constituyen una seria infracción de las convenciones de las Naciones Unidas en materia de estupefacientes y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en especial el artículo 33 citado. Reflejo del carácter cada vez más preocupante de este fenómeno creciente a escala internacional fue la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas de una Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de los dos protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como los instrumentos de las Naciones Unidas contra el terrorismo para hacer frente a las drogas ilícitas y aspectos relacionados, tales como la corrupción, la delincuencia organizada y el lavado de activos. La Colombia debe cumplir obligaciones derivadas de los Tratados y aplicar plenamente el marco amplio que proporcionan esos instrumentos. Asimismo, podría hablar de las resoluciones de la Asamblea General y a dos declaraciones de la Presidencia del Consejo de Seguridad en que se había expresado preocupación por las graves amenazas que el tráfico de drogas y la delincuencia organizada transnacional planteaban para la paz y la seguridad internacionales (A/CONF.213/18, pp. 33/34). Consternados rechazamos una propuesta que destruye sus puntos positivos con las aberraciones que hemos denunciado y, preocupados, damos la alarma. Ahora bien, conviene recordar, de todos modos, que los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos corresponden esencialmente al poder originario del congreso y, en su totalidad, al pueblo soberano de Colombia, que hará de garante a una reforma sobre el tema de la droga, que no habrá controlado y se ve marginado y substituido por un órgano de funcionarios. Está claro que la operación va a ir mucho más lejos y no hay motivo para marginar al parlamento nacional, supone respaldar la postura de que los poderosos puedan hacer y deshacer. ¡El mundo al revés! Se pasa por alto la democracia, supuestamente por el bien de los ciudadanos, pero, ¿acaso no es así como funciona Colombia habitualmente?
En definitiva, se ha de concluir que el consumo y el tráfico de drogas se encuentran entre las plagas más terribles de nuestros tiempos, con los efectos que ello conlleva en términos de disfunciones sociales y personales, degradación humana, deterioro de la salud, pobreza y, con demasiada frecuencia, terrorismo y otras formas de criminalidad, en particular la delincuencia organizada y muerte.
