Pronto se cumplirán tres semanas desde una jornada electoral que muchos peruanos y peruanas apenas logramos atravesar con la expectativa mínima de que el voto significara algo. Hace una semana renunció el director de la ONPE. En una democracia viva, un hecho así habría desatado protestas, presión política, preguntas incómodas, movilización ciudadana. En el Perú, en cambio, seguimos esperando respuestas.
El problema ya no es solo el silencio de las instituciones, sino también la ausencia de una corriente política capaz de despertar una reacción social. ¿Será que quien aspira a representar a la ciudadanía no logra suscitar la confianza, la indignación o la esperanza necesarias para defender el voto? Vivimos en una suerte de limbo institucional, como si las autoridades operaran en una dimensión paralela. Y mientras tanto, el país corre el riesgo de acostumbrarse a lo inaceptable, como las ranas en agua tibia: el agua se calienta lentamente, y cuando llega el momento de reaccionar, quizá ya es demasiado tarde.
En medio de ese clima, escuchar a Raúl Barrios, recién juramentado presidente de la Cámara de Comercio de Lima, obliga a detenerse. Su discurso deja entrever a alguien que probablemente habría querido hacer mucho más durante estos años. Transmite la incomodidad acumulada de un sector que se ha sentido injustamente señalado: comerciantes, empresarios e inversores convertidos con demasiada frecuencia en culpables por producir, por invertir, por hacer precisamente aquello que sostiene la economía real del país.
Se ha instalado entre nosotros una narrativa profundamente equivocada: la sospecha permanente hacia quien genera riqueza. Y conviene decirlo con claridad. Como lo ha explicado Giorgia Meloni al desmontar el viejo discurso lamentoso de cierta izquierda italiana, «el Estado no crea riqueza». La riqueza la crean los particulares, quienes producen, arriesgan, emprenden, contratan y pagan impuestos. La función del Estado no es sustituirlos, sino administrar con responsabilidad esa riqueza, garantizar reglas claras, proteger la propiedad privada y no asfixiar la iniciativa con una presión fiscal o burocrática que termina castigando a quienes sostienen el sistema.
Son conceptos básicos del libre mercado, elementales incluso, pero en el Perú siguen siendo sorprendentemente poco difundidos o, peor aún, deliberadamente distorsionados.
En ese sentido, Barrios abre un escenario nuevo —o, mejor dicho, intenta reabrir uno que nunca debió cerrarse— al afirmar que la Cámara de Comercio estará presente en el Congreso, en el Ejecutivo, en los medios, en los foros internacionales y en las agendas académicas. ¡Enhorabuena!. Debió ser siempre así. No solo por representar intereses empresariales legítimos, sino por una razón más profunda: porque quien produce riqueza tiene también el derecho -y acaso el deber- de vigilar cómo el Estado utiliza los recursos que obtiene gracias al esfuerzo ajeno.
El Estado peruano no produce riqueza. Pero sí recauda. Y recauda mucho. Cada sueldo público, cada estructura burocrática, cada privilegio institucional, tiene origen en los impuestos directos e indirectos que pagan millones de peruanos. Si el presidente interino José María Balcázar recibió en marzo de 2026 más de cincuenta mil soles -monto que el propio Despacho Presidencial explicó como resultado de incluir el pago proporcional de febrero, siendo la remuneración mensual oficial de alrededor de treinta y cinco mil quinientos soles-, ello no altera el fondo del problema: incluso las remuneraciones más altas del aparato estatal tienen su origen en el trabajo, el consumo, la inversión y los impuestos que pagan los ciudadanos.
Por eso deben rendir cuentas. Por eso deben trabajar bien. Por eso no pueden refugiarse en la opacidad ni en la indiferencia.
Lo más relevante del discurso de Barrios no es solo su tono de ruptura, sino la expectativa que genera: la de reposicionar a la Cámara de Comercio de Lima como actor de poder. Y lo es. Tiene historia, tiene masa crítica, tiene capacidad de incidencia. Por eso su aspiración a volver al centro de la conversación nacional no es un gesto de vanidad institucional, sino una forma de deber cívico. El empresariado no puede limitarse a defender su negocio particular: debe empezar a pensar también en el negocio del Perú, en la salud de sus instituciones, en la calidad del marco jurídico, en la eficiencia del Estado que se financia con el dinero de los contribuyentes.
Tres frases de Barrios resumen bien esa voluntad de quiebre:
“Cada empresa que se crea en el Perú es un acto de fe.”
“El tiempo del gremio decorativo ha terminado.”
“No somos amigos del gobierno, somos sus asesores.”
La última merece especial atención. El Estado peruano necesita, con urgencia, asesores que no provengan únicamente de su propio circuito de poder, sino de quienes conocen la realidad de producir, contratar, exportar, invertir y sostener empleo formal en un país hostil a la formalidad. Y aquí resuena también una observación, tan simple como brutal, formulada durante el acto por el propio Balcázar: “para ser congresista no se pide ningún requisito”. No puede ser. Y, sin embargo, así es.
No puede ser. Y precisamente por eso me resisto a aceptar la metáfora de las ranas en agua tibia como un destino. Me niego a pensar que los peruanos debamos acostumbrarnos al deterioro gradual, al silencio institucional, a la manipulación política, a la suspensión permanente de las respuestas. Escribo porque no quiero normalizarlo. Escribo para dejar constancia de un discurso significativo en medio de la inacción, del vacío de liderazgo, de un país que espera explicaciones mientras sus instituciones callan.
Ante una «maniobra electoral» que un día aparecerá con nombres y apellidos en los libros de historia, ante un silencio que ya no puede considerarse casual, es hora de aclararnos conceptualmente. Entender quién produce, quién administra, quién responde y quién debe rendir cuentas. Y, a partir de ahí, actuar.
Por el Perú.
