Hay momentos en que callar por prudencia equivale a colaborar con la niebla.
La crisis de los F-16 no es, en el fondo, una discusión sobre aviones. Es una radiografía del Perú. Un país en el que el presidente interino altera un proceso ya negociado, “cambia de opinión” sobre una compra en la que nunca intervino directamente y afirma públicamente que no corresponde cerrar una operación estratégica por tratarse de un gobierno transitorio. Sin embargo, el contrato ya había sido firmado y, tras esa declaración, el Ministerio de Economía detiene el primer pago. El ministro de Defensa es destituido por orden del presidente interino y el ministro de Relaciones Exteriores da prueba de algo poco frecuente en Torre Tagle: aclara una situación enredada, fija posición y presenta su renuncia irrevocable. El Embajador Hugo de Zela, hombre experimentado, lo dijo sin rodeos: “el presidente mintió al país”.
No hace falta imaginar el hervidero que se produjo en el cuadrilátero limeño. El embajador de los Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro —hombre de negocios, enviado por Washington con una mirada poco convencional sobre el Perú—, al constatar que no se cumplía con la transferencia de la primera cuota de un contrato ya firmado y con penalidades incluidas, se apresuró en ubicar al primer ministro. La escena, por sí sola, vale más que muchos discursos.
¿Quién influyó tanto en Balcázar para inspirarle esa propuesta? ¿Fue el entusiasmo prematuro de quienes ya actúan como si el próximo gobierno tuviera nombre y apellido? ¿Fue que los aviones suecos gustaban más? ¿O se trata, una vez más, de la pregunta que desde hace años vuelve, insistente, incómoda y nunca del todo respondida: quién realmente gobierna el Perú?
Si todo lo anterior puede parecer una anticipación de lo que vendría —disposiciones que se anuncian, se corrigen, se contradicen y terminan convirtiéndose en acciones que lindan con la vergüenza institucional—, lo verdaderamente desconcertante es otra cosa: la impresión, cada vez más difícil de ignorar, de que en el Perú se ha abierto una distancia entre la responsabilidad formal y la dirección efectiva del poder. Los cargos existen, las firmas aparecen, las instituciones siguen en pie. Pero demasiadas decisiones parecen no responder ya a una línea política coherente ni a un razonamiento de Estado, sino a impulsos fragmentados, presiones cruzadas o mandatos cuya fuente real nunca termina de transparentarse. Esa opacidad no es una anécdota: es una forma de erosión institucional.
Una vez que la razón volvió a primar, el embajador de los Estados Unidos en el Perú, Navarro, dejó por escrito una frase que vale por sí sola como mensaje político y diplomático: “La confianza es esencial en los negocios y entre países. Perú honró su compromiso, señal de seriedad como socio económico y en seguridad. Hoy marca un hito en nuestra historia de 200 años. Los F-16 Block 70, de los aviones de combate más técnicamente avanzados, llegarán al Perú.” El comunicado no solo confirmó que el proceso seguía adelante; también dejó en claro que Washington había tomado nota del sobresalto y que no estaba dispuesto a aceptar que el Perú deshiciera, por cálculo interno, un compromiso ya asumido.
Balcázar, por su parte, se apresuró a enviar un mensaje a la Nación. Allí sostuvo: «Últimamente hemos tenido tenido el caso de la compra de los aviones F16 a una empresa de Estados Unidos de América. Y como consecuencia de esa negociación, que no se ha iniciado con nuestro gobierno, sino que viene de atrás, han habido varios entendimientos tanto por el vendedor, la empresa vendedora, como por la Fuerza Aérea del Perú, que en este caso representa a los intereses del Estado en el sector defensa. Se han tergiversado algunas declaraciones mías que es necesario aclarar al país. Nosotros lo que estamos diciendo y hemos dicho siempre de que la compra de los aviones F16 se postergase para ser pagados en el próximo gobierno, la próxima administración, que salga de las elecciones normales que están en curso. No hemos tenido otra intención sino de hacer de que los dineros del Estado se graven adecuadamente, razonablemente, en concordancia con las grandes brechas sociales que tenemos que cubrir en el país. Y para eso necesito yo tener caja, tener capital para poder afrontar tremendos desafíos que tenemos que se ha ido acumulando año tras año. En ningún momento ha habido una intencionalidad de confrontación con Estados Unidos, un país con quien tenemos desde muchos años una relación comercial, diplomática y otros que ameritan seguir teniendo las mejores relaciones porque una compra de esta naturaleza no va a ser motivo de una confrontación de ninguna manera. Lo que se ha dicho, como repito, es de que esto lo conozca el nuevo gobierno que entra en el país. Sin embargo, se ha deslizado de que yo habría mentido al país sobre la situación jurídica de este contrato, lo que no es verdad. Yo creo que hay que llamar a la prudencia y a la sensatez.”
Y allí está exactamente el punto. El propio presidente interino reconoce que la negociación venía de atrás, que no fue iniciada por su gobierno y que la Fuerza Aérea actuaba en representación del Estado peruano. Pero, acto seguido, admite también cuál era su verdadero interés: quería “tener caja”, quería “tener capital”. Es decir, quería disponer libremente de un dinero que ya no estaba libre. Porque el contrato ya había sido firmado y la primera cuota respondía a un cronograma en ejecución. Ese dinero no era una reserva política de uso discrecional: estaba comprometido a una obligación contractual del Estado. Y, sin embargo, quiso detener el pago precisamente para reapropiarse de esos recursos y redirigirlos según su conveniencia inmediata.
No estamos, por lo tanto, ante una diferencia de criterio sobre prioridades sociales. Eso sería demasiado elegante. Estamos ante algo mucho más simple y mucho más grave: el intento de meter mano en fondos ya comprometidos, ignorando que el Estado ya había dado su palabra y había firmado. Por eso su explicación no lo absuelve. Lo delata. Cada uno sacará sus conclusiones.
En ese contexto, corresponde destacar la actitud de Hugo de Zela. No es frecuente ver en Torre Tagle una reacción de esa naturaleza: claridad, sentido institucional y una renuncia irrevocable acompañada de una frase que, viniendo de quien viene, pesa más que muchos discursos: “el presidente mintió al país”. Pero hubo algo más. La rápida reacción del embajador estadounidense y la firmeza de Hugo de Zela impidieron que esa maniobra escalara hacia una colisión diplomática y contractual de mayores proporciones. Dicho sin rodeos: evitaron que el Perú quedara innecesariamente expuesto por el capricho de querer usar, como si fueran de libre disponibilidad, recursos que ya tenían destino pactado.
Aparentemente, el caso estaría encaminado a cerrarse. Aunque no del todo. Si es verdad que el Ministerio de Economía realizó el depósito de la suma correspondiente a la primera cuota en la cuenta peruana del Citibank, todavía queda por verificar el perfeccionamiento final del pago a la empresa y el cumplimiento íntegro del procedimiento. Y allí no hay margen para la retórica: los procesos contractuales son fijos. O se cumple, o no se cumple. Lo sabremos en los próximos días.
No estamos ante una suma de torpezas. Tampoco ante una cadena de casualidades administrativas. Lo que se empieza a dibujar, en cambio, es una secuencia de hechos que, observados en conjunto, obligan a una pregunta mayor: ¿quién está gobernando realmente el Perú? Porque cuando se obstaculiza el voto en determinadas zonas, cuando se relativiza la gravedad de miles de ciudadanos impedidos de sufragar, cuando se multiplican decisiones contradictorias desde el poder, cuando se intenta frenar una obligación contractual ya firmada para “tener caja”, y cuando ciertos discursos de campaña apuntan a desmontar los pocos contrapesos serios que aún quedan en pie, ya no estamos frente a episodios inconexos. Estamos frente a una racionalidad que no se presenta abiertamente, pero que actúa. Y precisamente por eso debe ser observada, descrita y enfrentada.
Si esto pareciera un sobresalto estrictamente peruano, conviene mirar el entorno. Porque en América Latina, cuando el complejo del propietario se impone sobre la racionalidad institucional, el deterioro rara vez se queda dentro de una sola frontera. Esta semana, el caso colombiano llegó nada menos que al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Allí, en vísperas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, se advirtió sobre amenazas contra candidatos, violencia persistente en zonas rurales, presencia de grupos armados en cerca del 60% de los municipios y graves vacíos en la implementación del Acuerdo de Paz. Francia pidió “vigilancia”. Panamá destacó la necesidad de preservar espacios de representación para campesinos, víctimas, afrocolombianos e indígenas. China fue aún más explícita: recordó que la implementación continua del acuerdo es “esencial para la paz y la seguridad regional”. Y Rusia formuló quizá la advertencia más nítida: el acuerdo de 2016 “no es un plato a la carta” para la dirigencia política de Bogotá, sino la base misma de la reconciliación.
La frase merece ser retenida también en el Perú. Porque un acuerdo del Estado, un contrato internacional o una obligación asumida no son tampoco un plato a la carta. No pueden suspenderse, postergarse o reinterpretarse según el humor del día, la ansiedad electoral o el deseo súbito de “tener caja”. Cuando eso ocurre, ya no estamos ante una simple diferencia de criterio. Estamos ante el deterioro de la noción misma de Estado.
No se trata de anunciar catástrofes ni de fabricar fantasmas. Se trata, más modestamente, de reconocer señales. Cuando se relativizan los compromisos del Estado, cuando se sueña con desmontar contrapesos como el Banco Central de Reserva, cuando se actúa como si la legalidad pudiera suspenderse por conveniencia política o por entusiasmo ideológico, el problema deja de ser una anécdota de coyuntura. Se convierte en una advertencia.
El Perú haría bien en escucharla a tiempo. Porque los países no se desordenan de un día para otro. Se desordenan cuando se normaliza que alguien, desde el poder, crea que puede tocar lo que no le pertenece. Y ese, en el fondo, sigue siendo el verdadero problema: el complejo del propietario.
