No fue una elección limpia. Esa es la primera verdad que el Perú debe tener el coraje de admitir.
La jornada electoral del 12 de abril de 2026 no dejó únicamente retrasos, colas o desorden en ciertas áreas de Lima capital, que alberga casi nueve millones de electores, precisamente en áreas donde no quieren más políticas de izquierda. Se sostiene que han sido “fallas administrativas”; difícil de aceptar que no haya habido intencionalidad. Tal vez pensaron que pasaría desapercibida. Asemeja, lamentablemente, a prácticas usadas en la política venezolana desde Chávez: impedir que miles de ciudadanos ejerzan plenamente su derecho al voto.
Mesas no instaladas, falta de material electoral, locales colapsados, retrasos injustificables, cédulas destruidas y una cadena de decisiones y omisiones que no basta decir “incompetencia”. Asemeja, más bien, a la “Operación Morrocoy”, táctica que busca ralentizar el proceso electoral en aquellas regiones del país donde la oposición tiene mayor apoyo, mientras a su vez fletan transporte para que ciudadanos cercanos al régimen se acerquen a los colegios electorales.
El foco del problema ha sido Lima. Se escucharon las primeras informaciones el domingo 12, cuando decenas de miles de ciudadanos se quedaron sin votar. Muchos volvieron a sus casas decepcionados y no regresaron: votos perdidos. Los episodios que se narran surgen de diferentes puntos de Lima, con casi 10 millones de votantes.
Sin embargo, los episodios se multiplicaron en Jesús María. Vecinos reportaron que en el parque Cáceres —frente a la Municipalidad— un local de votación instalado con 14 mesas no pudo operar con normalidad por falta de electricidad. Recién a las 11 de la mañana, con un motor provisional, comenzaron a funcionar las computadoras de solo 8 mesas. A las 2 de la tarde recién operaban las 14. Problemas similares se reportaron también en Campo de Marte y en el parque Próceres.
El coordinador de las Fiscalías Especializadas en Prevención del Delito remarcó que los inconvenientes se han registrado principalmente en Miraflores, Santiago de Surco, Chorrillos, Comas, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo.
No le falta razón al candidato López Aliaga al reclamar y clamar “fraude”, pues su saco de preferencias se encontraba en la zona sur de Lima, epicentro de las irregularidades. No le falta razón al reclamar “anular las elecciones presidenciales”.
Una situación drásticamente diferente a la ofrecida por Corvetto-ONPE: “el funcionamiento de las elecciones será impecable”. Esperar un comportamiento irregular del partido adversario es de esperar, pero de la institución que debe ocuparse de administrar las elecciones es inusual, salvo que el Estado esté copado ideológicamente. Sería de comprobar.
El cuestionamiento, además, ya no es marginal. No recae solo sobre un funcionario operativo. La denuncia penal presentada contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, muestra que existen indicios suficientemente serios como para que el propio sistema active responsabilidades. Y ahora, la presentación de una denuncia constitucional contra Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, buscando su destitución e inhabilitación, confirma que la crisis alcanza el máximo nivel político-institucional del aparato electoral.
Quien, en el ejercicio de su función, es el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, exhorta a un debido proceso, a esperar el resultado de las investigaciones, así como considera que la ONPE y el JNJ tienen responsabilidad institucional. Tanta sobriedad en una situación de violencia estatal hacia los derechos ciudadanos no se condice con un Defensor del Pueblo.
Ya no sorprenden demasiado estas “descoordinaciones”. Hace cinco años se admitió a elecciones a un partido que no cumplía los requisitos: sin programa de gobierno, sin plancha presidencial completa. Reaccionamos tarde porque nunca el Estado había sido tan visiblemente actor y parte operativa del fraude.
Hemos tenido cinco años que han obligado a los ciudadanos peruanos decentes, que son tantos, a pretender limpieza en el proceso electoral. Durante los últimos años se ha premiado la improvisación, se ha tolerado la captura ideológica de espacios públicos y se ha permitido que el resentimiento y el revanchismo se disfracen de representación política mientras se destruye, desde dentro, el aparato del Estado y su capacidad para cumplir sus funciones esenciales.
Lo ocurrido el 12 de abril no nace de la nada. Es el resultado de años en los que se ha vuelto aceptable que lo público funcione mal, tarde o a medias. Que acalle y confunda. Nada mejorará si no hay toma de conciencia ciudadana.
Por eso, quizá lo más revelador no sea solo la existencia de denuncias. Lo más revelador es la cultura institucional que las rodea: la facilidad con que se pretende reducir a miles de ciudadanos excluidos a una cifra “no significativa”, como si el derecho al voto pudiera medirse con desprecio estadístico.
Nadie denuncia a la cabeza del sistema electoral porque tomó un café fuera de la oficina. Se le denuncia cuando hay indicios de una conducta que obstaculizó el derecho al sufragio y luego maquilló sus efectos.
Que cada quien saque sus conclusiones. Pero el Perú no está obligado a llamar “desorden” lo que afectó masivamente el derecho al voto. No está obligado a llamar “error” a lo que benefició políticamente a determinados sectores. Y no está obligado a considerar legítimo un proceso que no fue limpio.
A la ciudadanía nos queda apoyar a la prensa que nos permite conocer, exigir transparencia en las licitaciones de la ONPE, exigir que sea el Ejército peruano quien transporte el material electoral. Que se investigue a Corvetto quien es la punta de un iceberg, y solo los peruanos decidirán si es que nos merecemos más mediocridad.
El 12 de abril Piero Corvetto manifestó: “Según los datos obtenidos por nuestro centro de soporte, no se logró entregar material electoral a 15 locales de votación de Lima, los que se ubican tres en el distrito de San Juan de Miraflores, siete en el distrito de Lurín y cinco en el distrito de Pachacamac. En estos locales no se lograron instalar 211 mesas de sufragio, lo cual ha tenido un impacto en 63,300 electores y electoras. Para cada uno de ellos, electores y miembros de mesa, iniciaremos los actos administrativos pertinentes, porque al no poder ejercer su voto ni cumplir con su rol como miembros de mesa, nosotros nos estamos responsabilizando y haciendo todos los trámites para que no deban pagar ninguna multa por esta afectación.”
Preguntado sobre cómo van a manejar la intranquilidad sobre las acusaciones de un posible fraude electoral de más de 50,000 electores, teniendo en cuenta que justamente afuera de las instalaciones hay jóvenes que están con carteles comentando que habría un posible fraude, Corvetto responde: “Hemos tenido, sí, un problema logístico acotado que se ha terminado afectando a 15 locales de votación, a 210 mesas de sufragio, a 63,300 electores, pero nosotros somos más de 27,350,000. Entonces, hay plena garantía para que el resultado de las elecciones sea fiel reflejo de la voluntad popular.” … sin tomar en cuenta a más de 60 mil electores.
Se le hace recordar que una cifra inferior determinó hace unos años la presidencia Kuczynski: “quisiera saber cómo estas 63,000 personas no van a comprometer el proceso electoral si en la última ocasión fueron 44,000 personas las que terminaron decidiendo quién fue el nuevo presidente del Perú”. La intrépida respuesta de Corvetto nos permite conocer su metro de evaluación sobre el proceso electoral: “La diferencia que usted plantea es una diferencia de segunda vuelta, no de primera. Y usted estaría planteando que todos esos votos son de un candidato. Entonces, los votos se distribuyen según las preferencias y las opciones políticas que cada uno de los ciudadanos escogen.”
Aseguró el mismo Corvetto: “hacia la medianoche del lunes 13 de abril de 2026 se tendrían los resultados oficiales de las elecciones presidenciales al 60%.” Hoy, 15 de abril, aún no conocemos el resultado final. Van tres días y no se llega al 95%.
Si una elección no garantiza el voto de todos, si las irregularidades se repiten en distintos puntos, si los responsables son denunciados penal y constitucionalmente, y si aun así se pretende cerrar el debate bajo la etiqueta cómoda de la “incompetencia”, entonces el país tiene el deber de preguntarse si no está frente a algo más grave: la normalización de un fraude funcional.
