Durante décadas, el crimen organizado ha dejado de ser un problema exclusivamente nacional para convertirse en una red transnacional que atraviesa fronteras, economías y sistemas políticos. Narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal y trata de personas forman hoy parte de una economía criminal que se expande con rapidez en América Latina, muchas veces más velozmente que la capacidad de los Estados para enfrentarla. En este contexto, el reciente discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la cumbre denominada Shield of the Americas, abre una discusión que América Latina no puede eludir: la necesidad de enfrentar el crimen transnacional como un problema continental.
La iniciativa presentada en Florida propone crear una coalición regional destinada a coordinar acciones contra los carteles del narcotráfico y otras organizaciones criminales que operan a través de múltiples países. La propuesta contempla intercambio de inteligencia, cooperación entre fuerzas de seguridad y, en algunos casos, operaciones conjuntas destinadas a desmantelar las redes que controlan rutas de drogas, armas y tráfico de personas en todo el continente.
El diagnóstico que sustenta esta iniciativa es claro: el crimen organizado ya no es un fenómeno local. Redes criminales como los carteles mexicanos o grupos emergentes vinculados al narcotráfico han construido estructuras transnacionales que se desplazan con rapidez a través de fronteras débiles, sistemas financieros permeables y Estados con capacidades limitadas para enfrentarlos.
Trump manifestó: «Como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de los carteles en nuestra región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los carteles es México. Los carteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y del caos en este hemisferio. El gobierno de los Estados Unidos hará lo que sea necesario para defender nuestra seguridad nacional y proteger al pueblo estadounidense. Todo está viniendo a través de México hacia la región».
El presidente estadounidense señaló también que mantiene una buena relación con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum: «Me gusta mucho la presidenta. Es una persona muy buena, tiene una voz hermosa».
Según relató, le propuso directamente: «Presidenta, déjeme erradicar los carteles».
Ante la negativa, insistió: «Tenemos que erradicarlos. Están empeorando y están tomando el control de su país. Los carteles están manejando México y no podemos permitirlo».
Trump solicitó además a los presidentes que asistieron a su convocatoria un compromiso explícito con el fortalecimiento del Estado de derecho: «Todos debemos comprometernos a garantizar la ley y el orden dentro de nuestras propias naciones. Eso incluye tolerancia cero hacia la actividad de las pandillas».
En este contexto, la ausencia en la cumbre de países clave como México, Brasil, Colombia y Perú plantea interrogantes estratégicos. Se trata de naciones que ocupan posiciones centrales en las rutas del narcotráfico, en los corredores logísticos del crimen organizado o en los mercados donde estas organizaciones operan. Sin su participación activa resulta difícil imaginar una arquitectura de seguridad hemisférica verdaderamente eficaz.
La presencia de estas mafias dentro de instituciones del Estado —incluidos ministerios y organismos encargados de la seguridad— constituye en algunos países una forma de captura institucional. Es lo que ocurre en Perú, donde la expansión de economías ilegales como la minería ilegal o el narcotráfico plantea desafíos crecientes para la gobernabilidad democrática.
Más allá de las diferencias políticas que puedan existir con Washington o con la actual administración estadounidense, el problema que se plantea es real. La expansión del crimen organizado, el crecimiento de las economías ilegales y la infiltración de estas redes en las instituciones del Estado constituyen hoy uno de los mayores desafíos para la gobernabilidad en América Latina.
Por esta razón, el debate no debería centrarse únicamente en la figura del presidente estadounidense ni en las tensiones diplomáticas del momento. La pregunta de fondo es otra: ¿están los países latinoamericanos dispuestos a construir mecanismos reales de cooperación para enfrentar un fenómeno que ya opera a escala continental?
La historia reciente demuestra que las organizaciones criminales han sabido adaptarse mucho más rápido que los Estados. Mientras las redes ilegales cooperan entre sí y se desplazan a través de fronteras, las respuestas institucionales continúan fragmentadas y condicionadas por agendas políticas internas.
La iniciativa anunciada en Florida puede ser discutida, modificada o criticada. Pero ignorar el problema o ausentarse del debate difícilmente contribuya a resolverlo. Frente a un fenómeno que atraviesa fronteras, la seguridad también debe pensarse en términos regionales.
América Latina enfrenta hoy una decisión estratégica: continuar tratando el crimen organizado como un problema interno de cada país, o asumir que se trata de una amenaza compartida que exige respuestas coordinadas.
