El martes 17 de diciembre 2024, el Parlamento eligió a la portuguesa Teresa Anjinho como Defensora del Pueblo Europeo para un mandato de cinco años, con el apoyo de 344 eurodiputados en votación secreta. Después de dos vueltas de votación, Teresa Anjinho obtuvo la mayoría necesaria de votos emitidos, tal como establece el artículo 237 del Reglamento del Parlamento. En la primera y segunda votación participaron seis candidatos: Teresa Anjinho (Portugal), Emilio De Capitani (Italia), Marino Fardelli (Italia), Julia Laffranque (Estonia), Claudia Mahler (Austria) y Reinier van Zutphen (Países Bajos).
La nueva Defensora del Pueblo Europeo
Teresa Anjinho es una experta independiente en derechos humanos e investigadora académica, miembro del Comité de Supervisión de la Oficina Europea Antifraude (OLAF) y anteriormente Defensora del Pueblo Adjunta de Portugal.
Durante la audiencia pública en la Comisión de Peticiones del 3 de diciembre de 2024, Anjinho se comprometió a fortalecer la confianza entre la UE y sus ciudadanos y a defender los más altos estándares de integridad, responsabilidad y capacidad de respuesta.
“El mundo de hoy no entiende la indecisión por trámites o burocracia innecesaria, ni acepta retrasos injustificados. Siempre debemos respetar el debido proceso, las reglas esenciales y los procedimientos formales, pero también debemos enfrentar la realidad. Es una cuestión de confianza en la institución, pero también, en última instancia, en la Unión Europea en su conjunto”, dijo a los eurodiputados.
El nuevo Defensor del Pueblo Europeo tomará posesión de su cargo tras la ceremonia de toma de posesión el 27 de febrero en el Tribunal de Justicia de la UE, para un mandato de cinco años.
La Defensora del Pueblo Europea saliente, la irlandesa Emily O’Reilly, asumió su cargo por primera vez en julio de 2013 y renovó su mandato para un segundo mandato en diciembre de 2019. Fue precedida por el griego Paraskevas Nikiforos Diamandouros (2003-2013) y por el finlandés Jacob Soderman (1995-2003).
Creada en 1995, la oficina del Defensor del Pueblo Europeo investiga casos de mala administración dentro de las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE, actuando por iniciativa propia o en respuesta a quejas de ciudadanos de la UE.
El Defensor del Pueblo Europeo es elegido entre personalidades que sean ciudadanos de la Unión en pleno disfrute de los derechos civiles y políticos, que ofrezcan plenas garantías de independencia y reúnan las condiciones exigidas en su Estado para el ejercicio de las más altas funciones judiciales o que estén en posesión de competencias y cualificaciones demostradas para desempeñar las funciones de Mediador. Además, en los dos años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria de candidaturas, los candidatos no deben haber sido miembros de gobiernos nacionales, miembros del Parlamento Europeo o miembros del Consejo Europeo o de la Comisión Europea.
Un candidato debe contar con el apoyo de al menos 39 miembros del Parlamento Europeo, de al menos dos Estados miembros.
Los candidatos elegibles presentan sus prioridades en una audiencia organizada por la Comisión de Peticiones.
El Defensor del Pueblo Europeo tiene responsabilidades considerables. A raíz de denuncias presentadas por ciudadanos o por propia iniciativa, el Defensor del Pueblo investiga los casos de mala administración relacionados con las actividades de las instituciones, órganos, oficinas o agencias de la Unión Europea. El Defensor del Pueblo presenta cada año un informe al Parlamento sobre los resultados de estas investigaciones.
El Parlamento Europeo elegirá al Defensor del Pueblo Europeo mediante votación secreta. Si después de las dos primeras votaciones ningún candidato resulta elegido por mayoría de los votos emitidos, se celebrará una tercera votación entre los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos en la segunda votación.
A efectos de transparencia, los CV y las cartas de presentación de los candidatos se publican en el sitio web del Parlamento de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725 sobre la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales por parte de instituciones, órganos, oficinas y agencias de la Unión. y sobre la libre circulación de dichos datos.
