SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN ARGENTINA – INVESTIGACIÓN parte II. Por Gustavo Arrighi y Diana Martí

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Contando con la colaboración de la Investigadora Lic. Diana Martí

Maltrato y torturas

Los contextos dentro de las prisiones constituyen una sección especial. Las prácticas más comunes, que apuntan a conformarse en estrategias ilegítimas de control y de marginalidad, son los tratos degradantes y crueles, la tortura y el maltrato cometidos contra los reclusos; las muertes evitables bajo custodia estatal; el comercio interno y de intercambio de favores entre presos y autoridades; la distribución ineficaz de fondos; la prolongación de encerramiento de adolescentes y jóvenes para quienes el encarcelamiento debería ser la última alternativa y por el menor tiempo posible.

Las mujeres encarceladas también viven iguales condiciones inhumanas de reclusión que los hombres. Sufren prácticas de violencia de parte del personal masculino de seguridad, registros humillantes, aislamiento y traslados constantes como mecanismos de tortura. Y más feroz, por razones de segregación y discriminación, es el trato hacia el colectivo LGBT.

El maltrato vinculado a cambios arbitrarios de reglas es una característica que tiñe las prácticas penitenciarias cotidianas dentro del orden carcelario. Esta modalidad de maltrato, que se aplica de manera regular sobre presos y presas, es también propiciada hacia los familiares (1) (o sea, de manera indirecta hacia los reclusos) y sobre las mercaderías que traen al penal. Por otra parte, las requisas de los pabellones comprenden el uso de violencia asimilada a la figura de allanamiento y se entendería porque su objetivo sería la búsqueda de objetos y sustancias prohibidas. Sin embargo esta práctica implica el uso de la fuerza sobre los presos y sus pertenencias y destruye y resulta en la apropiación de sus objetos y mercancías.

(1)  Las prácticas de requisa de los visitantes de los reclusos vulneran sus derechos: son sometidos a procedimientos violentos de inspección carcelarios cada vez que acuden, además de experimentar situaciones de espera continua e indeterminada. En este sentido se puede sostener que los detenidos son vulnerados en sus propios derechos y en sus lazos familiares y sociales. 

Registros e intervenciones

De todas maneras asomaron algunos cambios en la responsabilidad de llevar adelante registros para transparentar su accionar respecto de los prisioneros y del sistema en general. En función de lo expresado previamente, el Registro Nacional de Casos de Torturas y/o Malos Tratos (RNCT)(2) creado en el año 2010, ha avanzado sobre el estudio de prácticas policiales que registró casos de violencia estatal al momento de aprehensión y/o en espacios de detención en los que alojan las personas inmediatamente después de ser detenidas por personal policial.

Destacamos la importancia de que el registro se confecciona conjuntamente con la Procuración Penitenciaria Federal (PPF) y el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial. Su tarea de investigación de casos de tortura contempla eventos denunciados judicialmente (cuando la persona detenida manifiesta voluntad de denunciar formalmente) y aquellos que surgen en el campo de monitoreo.

En el ámbito nacional federal, que comprende relevamientos realizados mayoritariamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –CABA– y en otras localidades del país entre septiembre de 2010 y diciembre de 2013, se relevaron 67 casos de personas que habían sido víctimas de agresiones físicas por parte de las fuerzas policiales y de seguridad. Es importante resaltar que este registro de casos es resultado de la emergencia no programada en cárceles, denuncias en la Procuración Penitenciaria de la Nación y del registro exploratorio dirigido específicamente para casos de violencia física por parte de fuerzas policiales. De este total, el 60% de las víctimas tenían menos de 34 años. Entre 18 y 21 años un 9,0% y entre 22 y 34 años un 50,08%, es decir, se trataba de una población joven en su mayoría.

A través del documento del RNCT (3) las personas entrevistadas puntualizaron hasta tres hechos de agresión física por parte de funcionarios públicos (policiales, penitenciarios, de custodia o de minoridad). Tomando los hechos en los que los agresores eran policías o miembros de otras fuerzas de seguridad, 60 víctimas describieron 1 hecho de tortura física, 6 personas describieron 2 hechos y 1 víctima 3 hechos. Se verificaron 75 hechos de agresiones físicas por parte de policías y de otras fuerza; de estos casos, 49 correspondieron a la CABA y los 26 restantes se distribuyeron en otras provincias del país. En la mayoría de los casos, un 73,3%, los actos de agresión fueron golpizas protagonizadas por varios agentes que agredieron a la víctima durante un tiempo sostenido.

(2)  en http://gespydhiigg.sociales.uba.ar/rnct/informes-anuales/

(3)  El aporte metodológico y conceptual brindado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires garantiza la rigurosidad de la producción de información sobre maltratos y torturas y hace que el registro se realice con independencia de condicionamientos y/o matices institucionales de los organismos oficiales encargados de las políticas penitenciarias y de seguridad, ya sea en su fase legislativa, judicial o ejecutiva.

La Procuración Penitenciaria Federal y el Ministerio Público Fiscal también confeccionan un registro de casos de malos tratos y de torturas. En el marco del último informe registrado hasta febrero de 2015 se han estudiado las denuncias de 344 casos de víctimas de agresiones físicas.

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Nota: Registrado en conjunto con la procuración Penitenciaria Nacional y el Ministerio Público Fiscal.

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En una investigación conjunta de la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría General de la Nación (DGN), se sostiene que “si bien la Ley de Ejecución 24.660 dispone que la pena privativa de la libertad estará dirigida a lograr la reinserción social de las personas condenadas, la realidad se aleja sustancialmente de ese deber ser. En la práctica se verifica que el Servicio Penitenciario Federal (…) [no implementa] programas dirigidos a estimular el mantenimiento de vínculos con el exterior, sino más bien al contrario, pues las visitas a las detenidas son desincentivadas al someterlas a procedimientos de requisa vejatorios que atentan contra la dignidad humana…”.

Según un informe de la PPN la principal práctica penitenciaria que regularmente ha influido en la producción de muertes violentas en el SPF durante 2013 es la falta de intervención oportuna ante diversos reclamos que al no ser conducidos por las vías administrativas establecidas –principalmente la solicitud de audiencia personal con profesionales de los establecimientos, mediadas por los agentes de seguridad– los detenidos avanzan hacia medidas extremas de reclamo, que pueden incluir autoagresiones como cortes, ahorcamiento o generación de incendios. Además, sostiene la evidencia del vínculo existente entre el uso abusivo y desmedido de la prisión preventiva y la producción de fallecimientos en prisión.

Tal lo indicado al principio de este informe, los cambios son lentos y muy limitados y se han producido especialmente en lo relacionado con, por ejemplo, la inclusión de los presos en la educación formal. Por eso el hecho de que el servicio penitenciario, organizaciones no gubernamentales e institutos de investigación de nivel universitario hayan consolidado alianzas para trabajar conjuntamente supone un desafío que cuestiona el accionar de las fuerzas de seguridad y de custodia y, de alguna manera, el accionar del poder judicial. En esta relación entre Estado y sociedad, en el acceso a la información y en permitir una construcción política tendiente a reconocer la realidad –en sus dimensiones cuantitativa y cualitativa que interpelen críticamente los mecanismos carcelarios– podrían alcanzarse las herramientas necesarias que resolverán la problemática.

Argentina ha ratificado el tratado internacional sobre la prevención de la tortura y malos tratos en 2004, ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OP-CAT) y ha establecido por ley Nº 26.827 el Mecanismo Nacional de Prevención como órgano independiente, cuyo paso fundamental fue su reglamentación el pasado año y que contempla, de manera particular, la creación de un Comité Nacional para la Prevención de la Tortura que aún continúa en deuda con su efectiva implementación para tomar medidas a fin de terminar con los abusos y violaciones que ocurren en los centros de detención del país. No obstante, hasta la fecha, los expertos que formarán parte de este Comité no han sido seleccionados ya que el proceso sigue pendiente en el Congreso Nacional.

Un paso importante en la materia fue el envío por parte del Ejecutivo, en octubre de 2014, del proyecto de ley para la modificación del Código Procesal Penal. La Ley N° 23.984 vigente fue sancionada en el año 1991, iniciativa que significó un avance trascendente respecto del modelo del antiguo Código de Procedimiento en materia Penal, del año 1888.

El modelo de la norma presentada para su estudio y sanción tiene el valor de instaurar, a nivel federal, la realización de juicios orales y públicos, eje simbólico crucial en la apertura del sistema de administración de justicia penal a la sociedad. Respecto de la participación ciudadana, el proyecto prevé, por primera vez en el ámbito federal, una cláusula que habilita la realización del juicio por jurados, contemplado en los artículos 24º, 75º inc. 12 y 118 de la Constitución Nacional y fija la duración de procedimientos en un plazo máximo total de tres años desde el momento de la formalización de los casos. En igual sentido, regula mecanismos más ágiles para la revisión de las decisiones judiciales.

Asimismo, el proyecto suma criterios de disponibilidad de la acción, imprescindibles para descomprimir el flujo de casos y racionalizar la respuesta punitiva, tales como supuestos de oportunidad, conversión de la acción, conciliación y suspensión de juicios a prueba. Respecto del tratamiento de los sujetos procesales, se sigue la línea de todos los modelos acusatorios.

Pese a que en algún momento se esperaba el tratamiento urgente del nuevo Código Procesal Penal el nuevo gobierno prevé postergarlo. Será cuestión de que una vez que las nuevas autoridades establezcan una nueva agenda –tal como la prevista de reforma de la ley del Ministerio Público que incorporaría un plazo de duración para el cargo de procurador y un recorte de sus atribuciones– pongan la mirada en los cambios necesarios para la sanción del nuevo Código.

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