Crecimiento y desafíos económicos en América Latina

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La propagación del COVID-19 no solo está cobrando vidas humanas, sino también está afectando de manera decisiva a la economía del mundo. La fuerte volatilidad de los mercados bursátiles, la fuga de los capitales a países “seguros”, condiciones financieras más restrictivas, entre otros, son algunas de las consecuencias económicas que el mundo entero está sufriendo; y su efecto en América Latina es directo y muy fuerte. El último reporte de Perspectivas de la economía mundial, elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), estima que la región de América Latina y el Caribe tendrá una disminución de -5.2% en su PBI del 2020.

Las cifras proyectadas por el FMI posicionan a Paraguay, Colombia, Bolivia, Uruguay, Perú y Chile por encima del crecimiento estimado para la región; Brasil, Argentina, Ecuador y México sufrirían una mayor caída de sus economías que estará por debajo del promedio regional.

Los choques de oferta y demanda, los problemas de liquidez, la acumulación de la deuda, la desaceleración del comercio internacional, el comportamiento de las empresas, y las limitaciones sociales frente a la pérdida de empleo son, en su mayoría, algunos de los desafíos que los países latinoamericanos deberán afrontar de la mejor manera posible, apuntando a mitigar las pérdidas económicas y, a su vez, proteger la salud de la población.

Es evidente que el CORONAVIRUS está mermando el crecimiento económico de la región de forma acelerada; años de trabajo conjunto entre las economías de América Latina se estarían disolviendo debido a esta pandemia; sin embargo, no todo está perdido.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha propuesto cinco políticas para hacer frente a estos problemas en su reporte “América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: Efectos económicos y sociales”.

Las dos primeras se ubican en el ámbito social. La primera es un estímulo fiscal directo a los servicios de salud, que también podría asegurar los ingresos y el nivel de empleo. Ello permitiría la libre circulación de bienes esenciales, como son las medicinas y los diversos productos farmacéuticos, y la facilidad en adquirir implementos y equipos médicos. 

En segundo lugar, el refuerzo de la seguridad social para el apoyo de las poblaciones vulnerables será vital en este contexto. Esta política deberá cubrir las necesidades de las familias de bajos recursos, al igual que a los trabajadores de MIPYMEs de bajos ingresos y de sectores informales. Estas disposiciones también recomiendan la eliminación de cobros de los servicios de agua y luz.

En lo referente a los problemas financieros de la región, la CEPAL sugiere dos criterios: el primero sería asegurar la liquidez de las empresas (por parte de los bancos centrales) y el desarrollo de instrumentos técnicos y financieros para enfrentar la presión fiscal que generarán estas políticas. Por último, se enfatiza el levantamiento de sanciones para la libre circulación de alimentos, suministros médicos y todo lo referente a la lucha contra el COVID-19. 

 

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Javier Zuniga Quevedo
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid - España, Maestría en Administración (Universidad Autónoma de Guadalajara – México) y Maestría en Administración Pública (Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública en México D.F.). Economista de la Universidad de Lima (1974). Decano de la Facultad de Economía durante 14 años, Director de la Escuela de Post Grado (3 años) y Catedrático Principal de Economía de la Universidad de Lima. Vocal de la Sala Especializada en Protección al Consumidor (agosto 2012 – agosto 2017). Actualmente, Gerente General de Asesoría y Negocios Financieros S.A. – ASFINSA, Director independiente de empresas privadas y Experto en valorizaciones económicas para la determinación del daño emergente, lucro cesante, costo de oportunidad y daño moral.

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