Un análisis del impacto del crimen transnacional organizado en las comunidades indígenas del Perú.

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La aplicación del concepto de crimen organizado desde las políticas públicas del gobierno peruano es muy reciente, la Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado se promulga en el año 2013. Incluso una rápida exploración bibliográfica sobre la discusión sobre crimen organizado en el Perú no es muy extensa, concentrándose en el debate de las características jurídicas que las amparan (1). Más aún, respecto a la discusión sobre la relación entre crimen transnacional organizado y las comunidades indígenas ha sido una veta poco explorada académicamente, quizá por la falta de información oficial de las comunidades indígenas y/o quizá por la situación de exclusión y marginación que experimentan estas poblaciones por ser minorías étnicas, poco visibles en las políticas del gobierno peruano.

El contexto peruano está marcado por la situación de salud de COVID–19 que viven las poblaciones indígenas, la reactivación de sus economías prístinas y el avance del crimen organizado en sus territorios.

Además, el contexto también está marcado por la negativa del gobierno peruano a ratificar el Acuerdo de Escazú (2) y el rechazo de las organizaciones indígenas a la promulgación del Congreso de la República respecto a una Ley que “reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora al sistema de Seguridad Ciudadana”; Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP (2021) dicha ley facilitaría el armamentismo en territorios indígenas, ya que el gobierno peruano busca que los pueblos indígenas se enfrenten con violencia al narcotráfico, terrorismo y otros delitos. Esta Ley que promueve el Congreso de la República atenta contra los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Como se ha podido subrayar en todo el informe, en muchas ocasiones la información obtenida es muy precaria para la magnitud de delitos que se analizaron en este informe, pero los datos obtenidos han servido de mucho para comprender las características de los delitos en la Amazonia y en el sector Andino.

Hace falta mayor profundización de cada delito y contar con datos oficiales del gobierno peruano para tener un correcto diseño de política pública. La información proporcionada por la PNP y la Fiscalía, si bien abordan los delitos analizados, no es suficiente para comprender la magnitud de la problemática. Los delitos que hemos mostrado en este informe muestran la realidad de los diferentes departamentos y cómo se han visto vulnerables las poblaciones ante las consecuencias de crimen organizado.

El marco legal del crimen organizado en el Perú es reciente en su implementación (2013), pero es muy precario en términos de inclusión de aspectos relevantes para población indígena desde un enfoque de derechos humanos y género. No se identifica aspectos de protección y salvaguarda para pueblos indígenas en contextos de crimen organizado en el Perú.

Las poblaciones indígenas (incluidas las PIACI) son población vulnerable y víctimas del crimen organizado, se concluye que no pueden ser caracterizados como victimarias porque no participan de las cadenas de valor del crimen organizado. En muchos casos son inducidas al crimen organizado por amenazas, temor y desprotección; también observamos que algunas comunidades indígenas y amazónicas buscan proteger sus territorios de mineros y forestales, tratando de alcanzar el derecho de concesión de tales recursos naturales, exponiéndose a amenazas y muertes.

La tipificación de delitos expuesta es muy conclusiva en términos de visibilidad del tema indígena y las PIACI. Las alarmas más profundas se remiten al narcotráfico y al terrorismo; seguida de los delitos ambientales (minería ilegal, tala ilegal de madera y tráfico de fauna); y la trata de personas. Incluso, la zona más vulnerable es el VRAEM, se reúne terrorismo, narcotráfico, tala de madera, tráfico de fauna. Otras zonas emergentes como Ucayali son claves desde una perspectiva de zonificación por el tema de narcotráfico y tala de madera.

Entre la población indígena peruana, la más vulnerable es la población que vive en comunidades nativas y las PIACI, principalmente las ubicadas en la Amazonia peruana y en zonas de frontera peruana con Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador. Los delitos expuestos son de alcance transfronterizo, el fenómeno atraviesa por Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador, por lo que sin duda amerita un abordaje transfronterizo y global para la Amazonia.

(1) Puede consultarte bibliografía pertinente a crimen organizado en el Perú en Vizcarra, Bonilla y Prado (2020); Dammert, Bensús, Sarmiento, Prieto (2017); Prado-Saldarriaga (2019).
(2) El Acuerdo de Escazú es un instrumento regional sobre los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe, suscrito por el Perú en setiembre de 2018 y que no fue ratificado por el gobierno peruano. Tiene como objetivos garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.