Para Italia, nos informa su agencia ANSA con fecha el 15 de octubre, que la aprobación de la presidenta Fujimori se está deteriorando en cuanto se refiere a la aprobación de los ciudadanos. Señalan que descendió al 28,3% frente a una desaprobación del 53,6 %. Los motivos están centrados en la preocupación ciudadana por la delincuencia, el panorama económico y las dudas que suscita el alineamiento con la política de seguridad de Estados Unidos. Recordemos que a inicio del mes de octubre hubo un encuentro Italia – Perú, la noticia ANSA seguramente no contribuirá a la llegada de inversionistas al Perú.
La seguridad ciudadana, no es un hecho abstracto, es la imposibilidad de actuar con serenidad en la ciudad. Italia sabe bien lo que eso significa, los recientes eventos del fin de semana pasado han determinado de inmediato una serie de disposiciones legales.
Las principales medidas delineadas por el Gobierno incluyen:
• Delito de «participación violenta en una manifestación»: Se enfrenta a una pena de hasta 5 años de prisión y una multa de hasta 20.000 € si se une a un grupo de cinco o más personas y comete actos que pongan en peligro la seguridad pública (por ejemplo, lanzar piedras, palos o petardos). La pena aumenta si lleva el rostro cubierto, causa lesiones o provoca destrozos en grupo.
• Detención preventiva para menores: La medida de detención preventiva (ampliada a 24 horas), anteriormente reservada para adultos, también se aplica a los menores implicados en disturbios.
• Detención en flagrante delito: Cualquier persona responsable de daños o violencia durante manifestaciones, verificada mediante documentación en vídeo o fotográfica, puede ser detenida en un plazo de 48 horas.
• Medidas del Comisario de Policía: Advertencias verbales más estrictas y restricciones a la concentración o salida de personas consideradas peligrosas. • Despliegue de personal militar (Operación Calles Seguras): Se prevé el despliegue de 500 militares adicionales en Milán. En comparación con los borradores iniciales, se ha eliminado la disposición que habría asignado temporalmente funciones de policía judicial a las fuerzas armadas (tras las observaciones del Quirinal).
En paralelo, Alemania ha situado la lucha contra el crimen organizado entre los asuntos de su cooperación parlamentaria con América Latina. Una delegación de la Comisión de Interior del Bundestag realiza una visita a Colombia y Perú del 18 al 25 de octubre. El programa contempla reuniones en Lima, una visita a un puerto y al cuartel general de las Fuerzas Armadas peruanas, así como la participación en una conferencia sobre cooperación internacional contra el blanqueo de capitales.
Ambas informaciones permiten observar dos aspectos de una misma realidad. Por una parte, la seguridad constituye una de las principales pruebas políticas para el Gobierno peruano. Por otra, la dimensión transnacional del narcotráfico y de los circuitos financieros vinculados al crimen organizado exige mecanismos de cooperación que trascienden las fronteras nacionales.
La presencia de la delegación alemana en Lima adquiere interés precisamente en este contexto. El programa anunciado no se limita a los contactos políticos: incluye infraestructuras portuarias, instituciones de defensa y mecanismos de lucha contra el blanqueo de capitales. Son ámbitos que permiten examinar la relación entre seguridad, logística y control de los flujos financieros.
La cuestión de fondo es hasta qué punto la cooperación internacional puede contribuir a fortalecer la capacidad del Estado peruano frente a redes criminales cuya actividad afecta tanto a la seguridad ciudadana como a la actividad económica formal.
