La corrupción, la seguridad y el Estado de derecho vuelven a ocupar el centro del debate en México.
Diversos informes recientes del sector empresarial, entre ellos los publicados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), alertan sobre una realidad preocupante: la corrupción continúa siendo uno de los principales obstáculos para la actividad económica y para la confianza de los inversionistas.
A este panorama se suma el creciente debate sobre la seguridad pública, el fortalecimiento de los cárteles y la compleja relación bilateral entre México y los Estados Unidos, especialmente en el contexto del regreso de Donald Trump a la presidencia. Como refleja la entrevista publicada por El Financiero a la especialista Eunice Rendón, estos factores están volviendo a definir la agenda política y económica del país. Si bien las relaciones con los Estados Unidos han mejorado y dicho país reconoce a la presidenta Scheinbaum, en comparación al período de gobierno de Lopez Obrador, sostiene Rendón que este es uno de los «peores momentos» en cuanto a seguridad, pues «los carteles del crimen organizado dominan México».
De la solicitud del gobierno Trump a México a fin que controle el ingreso del Fentalino por la frontera con los Estados Unidos, la solicitud se ha ampliado a los políticos corruptos, pues dichos políticos, gente del gobierno, están involucrados con los criminales, la petición es clara pide a la presidenta de que colabore ante esta situación. Sostiene Rendón que esta situación tuvo inicio con la solicitud de extradicción del Gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha y nueve funcionarios con presuntos vínculos con el crimen organizado. Se agrega al momento difícil, la detención de los narcotraficantes de la banda «Los Chapitos» y la preocupación de los políticos sobre sus declaraciones. Hay un antecedente, gracia a declaraciones e narcotráficos han sido condenados políticos. Ante lo cual, Rendón, sostiene que es una «realidad innegable que en México hay una corrupción entre políticos y el narco» y éste «ha ganado mucho terreno».
El temor que circula en México es sobre la reacción de Trump, lo creen capaz de actuar en México una «acción unilateral contra los carteles del crimen organizado».
A esto se agrega el reciente informe de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX, por su acrónimo) es un sindicato patronal de afiliación voluntaria que aglutina empresarios de todos los sectores que buscan representación en el ámbito laboral y social. El Data COPARMEX, es el sistema de indicadores de la COPARMEX diseñado para medir y visibilizar los retos económicos, laborales, de seguridad y de desempeño gubernamental de los estados. Se compone de 10 métricas claves construidas a partir de encuestas a sus socios. El organismo mide el pulso empresarial del país a través de diversos indicadores relevantes:
- Corrupción: A nivel nacional, la corrupción le cuesta a cada ciudadano $3,865 pesos, mientras que el 40.2% de las empresas socias reporta haber sufrido al menos un acto de corrupción durante el último año, siendo los gobiernos municipales los de mayor incidencia.
- Confianza para invertir: Solo el 39.5% de las empresas considera que es un buen momento para invertir, cifra presionada por la inseguridad, la incertidumbre política y los cambios regulatorios.
- Seguridad y Extorsión: El «Monitor de Seguridad» de COPARMEX advierte sobre niveles históricos de extorsión, reportando miles de víctimas y afectaciones por «cobro de piso» que impactan severamente al sector.
Los líderes deben actuar para combatir los abusos de poder y los factores subyacentes que impulsan este declive, como el debilitamiento de los controles y equilibrios democráticos y los ataques a la sociedad civil independiente.
Las protestas antigubernamentales en muchas partes del mundo demuestran que la ciudadanía está harta de la falta de rendición de cuentas de los líderes y exige reformas.
El IPC clasifica a 182 países y territorios de todo el mundo según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público. Los resultados se presentan en una escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy transparente).
Si bien 31 países han reducido significativamente sus niveles de corrupción desde 2012, el resto no ha logrado abordar el problema: se ha mantenido estancado o ha empeorado durante el mismo período. El promedio mundial ha caído a un nuevo mínimo de 42, mientras que más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50. Y la gente está pagando las consecuencias, ya que la corrupción conlleva hospitales con financiación insuficiente, defensas contra inundaciones sin construir y frustra las esperanzas y los sueños de los jóvenes.
En la edición 2025 del IPC, México obtuvo una puntuación de 27 sobre 100, lo que refleja una percepción persistente de corrupción significativa en el sector público. Con este resultado, el país se ubicó en el puesto 141 de 182 a nivel mundial, entre los últimos puestos del Índice y por debajo del promedio regional de 42 puntos.
Si bien la puntuación representa una mejora marginal en comparación con el año anterior, varios informes coinciden en que la corrupción sigue vinculada a factores estructurales como la debilidad institucional, la infiltración del crimen organizado en la política, la falta de mecanismos de rendición de cuentas eficaces y la ausencia de transparencia.
Dentro del grupo de países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México sigue ocupando el último lugar en el Índice de Percepción de la Crueldad (IPC), lo que pone de manifiesto los persistentes desafíos en materia de gobernanza, integridad pública y la lucha contra las prácticas ilícitas.
Entre las consideraciones del IPC que influyeron en la puntuación de México para 2025 se incluyen:
- Debilitamiento de los controles y equilibrios democráticos.
- Un aumento y persistencia del delito de extorsión.
- Vínculos entre la corrupción y el crimen organizado que facilitan la infiltración política y socavan la rendición de cuentas.
- Deterioro de los servicios públicos y de la seguridad pública.
- El impacto de la evasión del impuesto sobre los combustibles («huachicol fiscal»).
La mejora de un punto con respecto a 2024 no altera la evaluación subyacente: México permanece en el nivel más bajo del IPC y por debajo del promedio regional, lo que indica un entorno de integridad pública débil en términos comparativos entre los países evaluados.
Será necesario que el gobierno y las instituciones mexicanas sitúen la lucha contra la corrupción en el centro de la agenda pública e implementen medidas estructurales —tales como una aplicación efectiva de la ley, una mayor transparencia en la contratación pública y el fortalecimiento de un poder judicial independiente, entre otras— para reducir la violencia generada por la corrupción y el crimen organizado, segun sostiene el Estudio de Abogados Baker McKenzie.
