En la lucha contra el lavado de dinero se incluyen 23 países

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La lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es una prioridad también para la Unión europea. La Cuarta Directiva contra el lavado de dinero, vigente desde junio de 2015, y la quinta Directiva contra el lavado de dinero, vigente desde el 9 de julio de 2018, ha fortalecido considerablemente el marco regulatorio de la UE.

Tras la entrada en vigor de la Cuarta Directiva contra el Lavado de Dinero en 2015, la Comisión publicó una primera lista de la UE de terceros países de alto riesgo, basada en la evaluación realizada por el Grupo de Acción Internacional de Acción Financiera (GAFI). La Quinta directiva contra el lavado de dinero ha ampliado los criterios para la identificación de terceros países de alto riesgo, incluyendo en particular la disponibilidad de información sobre los beneficiarios reales de empresas e instituciones legales. Esto permitirá los riesgos derivados de la creación de empresas de conveniencia y estructuras opacas que se prestan a ser utilizadas por delincuentes y terroristas para ocultar a los verdaderos beneficiarios de una operación con mayor facilidad. La Comisión ha desarrollado su propia metodología para identificar países de alto riesgo en base a la información proporcionada por el GAFI complementada por el propio conocimiento de la Comisión y otras fuentes como Europol.

El resultado es un enfoque más ambicioso para identificar países con deficiencias que presentan riesgos para el sistema financiero de la UE. La inclusión de un nuevo país en la lista se decide después de la última evaluación de riesgo realizada de acuerdo con la nueva metodología y no significa que la situación haya empeorado desde la actualización anterior.

La lista es el resultado del análisis de 54 jurisdicciones prioritarias realizadas por la Comisión en consulta con los Estados miembros, publicada el 13 de noviembre de 2018. Los países evaluados cumplen al menos uno de los siguientes criterios:

  • tienen un impacto sistémico en la integridad del sistema financiero de la UE;
  • son juzgados por el Fondo Monetario Internacional en los centros financieros offshore;
  • Tienen relevancia económica y fuertes lazos económicos con la UE.

Para cada país, la Comisión evaluó el nivel actual de amenaza, el marco legal actual y los controles establecidos para prevenir los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con su implementación real. También tuvo en cuenta el trabajo del International Financial Action Group (FATF), el organismo internacional de normalización en el sector.

La Comisión llegó a la conclusión de que las deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y el régimen de financiamiento del terrorismo están presentes en 23 países: 12 países enumerados por el GAFI y otras 11 jurisdicciones.

Las 23 jurisdicciones son: Afganistán, Samoa Americana, Bahamas, Botsuana, República Popular Democrática de Corea, Etiopía, Ghana, Guam, Irán, Irak, Libia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudita, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Yemen. 

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