Ley de deforestación: el acuerdo con el Consejo otorga a las empresas un año más para cumplirla

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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que, entre 1990 y 2020, se perdieron 420 millones de hectáreas de bosque (una superficie mayor que la UE) debido a la deforestación. El consumo de la UE representa alrededor del 10 % de la deforestación mundial. El aceite de palma y la soja representan más de dos tercios de esta cifra.

El reglamento sobre deforestación, aprobado por el Parlamento el 19 de abril de 2023, tiene como objetivo luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad evitando la deforestación relacionada con el consumo en la UE de productos derivados del ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera, el caucho, el carbón vegetal y el papel impreso. Sus disposiciones, que ya estaban en vigor desde el 29 de junio de 2023, debían ser aplicadas por las empresas a partir del 30 de diciembre de 2024.

El Parlamento y el Consejo acordaron:

  • Las nuevas normas entrarán en vigor a partir del 30 de diciembre de 2025 en lugar de en 2024
  • La Comisión se ha comprometido a seguir aliviando la carga de las empresas reduciendo los requisitos administrativos y eliminando las cargas burocráticas innecesarias
  • Entre 1990 y 2020 se perdió una superficie mayor que la de la UE por la deforestación
  • Las empresas tendrán un año más para adaptarse a las nuevas normas de la UE para prevenir la deforestación, que prohibirán la venta de productos procedentes de tierras deforestadas en la UE.

Los negociadores del Parlamento y del Consejo alcanzaron un acuerdo político provisional para posponer la aplicación de las nuevas normas. Los grandes operadores y comerciantes tendrán que respetar ahora las obligaciones de este reglamento a partir del 30 de diciembre de 2025, y las micro y pequeñas empresas a partir del 30 de junio de 2026. Este tiempo adicional tiene por objeto ayudar a las empresas de todo el mundo a aplicar las normas de forma más fluida desde el principio, sin socavar los objetivos de la ley.

La Comisión propuso posponer un año la fecha de aplicación del reglamento sobre deforestación en respuesta a las preocupaciones planteadas por los Estados miembros de la UE, los países no pertenecientes a la UE, los comerciantes y los operadores de que no podrían cumplir plenamente las normas si se aplicaran a partir de finales de 2024.

A raíz de las solicitudes del Parlamento, la Comisión se comprometió a garantizar que tanto el Sistema de Información como la propuesta de clasificación de riesgos estén disponibles lo antes posible, pero a más tardar seis meses antes de que el Reglamento entre en vigor. En el contexto de la revisión general del Reglamento prevista a más tardar el 30 de junio de 2028, la Comisión analizará medidas adicionales para simplificar y reducir la carga administrativa.

Tras el acuerdo, la ponente del Parlamento, Christine Schneider (PPE, DE), dijo: «Prometimos y hemos cumplido. Este aplazamiento significa que las empresas, los silvicultores, los agricultores y las autoridades tendrán un año más para prepararse. Nos aseguramos de que la Comisión completará la plataforma en línea y la categorización de riesgos en seis meses, lo que garantizará una mayor previsibilidad en toda la cadena de suministro. En la fase de revisión, se realizará una evaluación de impacto y una mayor simplificación para los países o regiones de bajo riesgo, lo que proporcionará a los países un incentivo para mejorar sus prácticas de conservación forestal.

Habríamos preferido que varias cuestiones se incluyeran directamente en la ley, pero el Consejo se negó. Ahora le toca a la Comisión cumplir con sus compromisos. Los eurodiputados seguiremos de cerca este proceso, en particular los esfuerzos por reducir la burocracia”.

La votación sobre el acuerdo informal entre los colegisladores se añadirá al orden del día de la próxima sesión plenaria del Parlamento (del 16 al 19 de diciembre). Para que el aplazamiento entre en vigor, el texto acordado debe ser aprobado tanto por el Parlamento como por el Consejo y publicado en el Diario Oficial de la UE antes de finales de año.