BRASIL ¿CALLEJÓN SIN SALIDA? Por Jaime Ensignia

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Brasil vive momentos críticos: la democracia está puesta en entredicho. El gobierno de Dilma está acorralado; cercado política, económica, judicial y mediáticamente, proceso que veníamos advirtiendo. Lo que está en juego no es sólo la continuidad de la presidenta Rousseff, sino el proceso político de transformaciones iniciado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y los cimientos mismos del sistema democrático brasileño. De ahí la incisiva oposición política y judicial que se generó cuando, recientemente, Rousseff nombró como ministro jefe de gabinete de la presidencia al ex presidente Lula da Silva. La oposición y la derecha brasileña -sin querer reconocerlo- ven en Lula al obstáculo central para sus pretensiones de volver en dos años más al gobierno que perdieron en 2004. De ahí la campaña furibunda en contra del líder petista y del gobierno de Dilma. En este escenario resultan muy importantes las declaraciones de apoyo y solidaridad con el actual gobierno, elegido democráticamente. Particular trascendencia tiene en este contexto el mensaje de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, quien señala: “Con honda preocupación hemos asistido al desarrollo de los acontecimientos políticos y judiciales que han convulsionado Brasil en el curso de las últimas semanas. Nos alarma ver la estabilidad democrática de su patria amenazada”. Bárcena enciende una alarma desde la perspectiva regional, al destacar que la situación que atraviesa Brasil “resuenan con fuerza más allá de sus fronteras, ilustran para el conjunto de América Latina los riesgos y dificultades a los que aún está expuesta nuestra democracia”. Paradojalmente, UNASUR, institución regional relevante que debe velar por el respeto de las decisiones democráticas de sus pueblos en América del Sur, hasta el momento ha permanecida impávida frente a los actuales sucesos en Brasil, pese a las peticiones de algunos presidentes de llamar a una Cumbre con el objetivo de apoyar al gobierno de Dilma Rousseff.

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Las fuerzas políticas de oposición ya avizoraban en la campaña electoral del 2014 el caballito de batalla contra la candidata Rousseff: la corrupción de la empresa estatal de petróleo, PETROBRAS y su conexión con representantes de los partidos de la coalición gobernante, particularmente con el PT. Desde el primer día de mandato de la presidenta, la campaña de la oposición se ha enfocado a crear un clima de inestabilidad y crispación política sobre la base de un problema real: el de la corrupción que, sin embargo, responde a un problema endémico y estructural del sistema político de ese país. Ningún analista serio podría atribuirle al gobierno de la presidenta Rousseff haber generado situaciones de corrupción de larga data y que hoy ponen en jaque la gobernabilidad de la mayor potencia de América Latina. Precisamente en consideración a este tema, la presidenta ha manifestado plena voluntad política por atacar a fondo esta incestuosa relación entre dinero y política –que, bien sabemos, no es exclusiva de Brasil-. Sin embargo, el escenario de contracción económica, recesión e inflación, los procesos de corrupción de PETROBRAS y otras grandes empresas, los costos sociales del ajuste fiscal y la caída en picada de la credibilidad institucional, juegan en contra de las intenciones del gobierno y de la mandataria.

El proyecto transformador iniciado por Lula da Silva al que Dilma da continuidad resultaría herido gravemente si la oposición, hoy reforzada con el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que abandonó recientemente el gobierno de la presidenta Rousseff, logra tener éxito en la petición de destitución. El PMDB, considerado el mayor partido del Brasil tenía en el gobierno 6 ministros, 7 gobernadores, 69 diputados y 18 senadores y se había mantenido como el principal aliado político de los gobiernos petistas. No obstante, es necesario precisar una situación paradójica que podría darse en caso de concretarse la destitución: tras el abandono del PMDB del gobierno y su paso seguro a la oposición, el vicepresidente del país, Michel Temer -militante del PMDB- pasaría a ejercer la primera magistratura. El vicepresidente Temer, hasta hace algunos días atrás integrante de la coalición de gobierno no ha abandonado su puesto en el ejecutivo, pese al retiro de su partido de la coalición. Definitivamente, algo huele mal en Brasil si es que el PMDB junto a la oposición accede al gobierno por esta vía oscura y con sabor a golpe blanco.

Corolario. Para los países de la región es muy mala señal lo que está sucediendo en Brasil. Una eventual destitución de Dilma no estaría libre de efectos colaterales para el continente. Desde sus primeras etapas, el mundo del progresismo y de la izquierda democrática latinoamericana vieron con simpatía y esperanzas la irrupción del PT conducido por Lula, un obrero metalúrgico. Muchos movimientos y partidos políticos vieron en el PT un referente importante. No obstante, esto no debe inhibir la crítica seria y fundada acerca de los errores que se hayan producido en el transcurso de los gobiernos petistas, de la sequía conceptual y programática, del abismo entre los funcionarios del gobierno con las bases del PT. El estudio y seguimiento responsable de la crisis brasileña resulta una tarea insoslayable desde estas latitudes, ya que podría proporcionar un gran aprendizaje en términos de reaccionar a tiempo ante la desconfianza de la sociedad civil en las instituciones republicanas, en los partidos políticos y en los liderazgos. Cuestiones que hoy, en muchos países del continente, Chile incluido, están puestos entre signos de interrogación.