¿Hacia una nueva etapa de las relaciones civiles-militares en América Latina? Jorge Riquelme Rivera

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Una serie de hechos y procesos políticos que están aconteciendo en América Latina y el Caribe, que se explicarán más adelante, inducen a pensar que se estaría en presencia de un nuevo ciclo en las relaciones civiles-militares en la región, en el marco de sistemas democráticos con evidentes signos de fragilidad.

La construcción de la democracia ha tenido resultados dispares en la región, con países como Haití, que vive un complejo proceso de construcción institucional con el apoyo de la comunidad internacional, y otras experiencias como la de Chile, Costa Rica y Uruguay que, con todos sus avatares, poseen una dilatada trayectoria democrática. En la práctica, la performance de la democracia en la región da cuenta de numerosos puntos débiles, por ejemplo, en materia de corrupción, desigualdades sociales y económicas y estabilidad institucional. El tema de la institucionalidad democrática resulta particularmente relevante, particularmente al considerar la creciente desconfianza y crítica hacia las tradicionales instituciones políticas y ante un cada vez mayor empoderamiento ciudadano derivado, entre otros elementos, del auge de las clases medias, una población cada vez más educada y demandante, así como del desarrollo de las tecnologías de la información y, consecuentemente, de las redes sociales. Las relaciones civiles-militares no escapan a esta problemática.

En el marco de la Tercera Ola de la democracia, las transiciones políticas vividas por variados países de la región desde mediados de la década de los ochenta tuvieron a las relaciones entre civiles y militares en un primer plano, buscando construir una interacción definida por la consolidación del liderazgo y control civil. Actualmente, las democracias latinoamericanas están marcadas por inestabilidades y crisis políticas, derivadas de los continuos conflictos entre el ejecutivo y el legislativo y/o protestas populares, pero en las cuales ha disminuido el número de intervenciones militares.  En el libro Juicio político al Presidente y nueva inestabilidad política en América Latina (Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2009), Aníbal Pérez-Liñán señala que el análisis de los sistemas políticos de la región parece indicar que los incentivos que se les presentaban a los militares en la mayoría de los países en América Latina en la década del sesenta y setenta han cambiado de manera significativa, siendo las razones fundamentales de esta transformación, los cambios acontecidos en el contexto internacional, así como el proceso de aprendizaje que desencadenaron los pasados regímenes dictatoriales, entre las élites civiles y militares. O sea, según Pérez-Liñán, las crisis políticas que viven las democracias de la región no comprometen la estabilidad de los regímenes democráticos, aunque son letales para los gobiernos democráticos.

Luego de la participación directa de las fuerzas armadas en la conducción política de varios países latinoamericanos, junto con los procesos de transición que se vivieron desde mediados de los ochenta, los desafíos que se han debido enfrentar en este ámbito se relacionan con el modo de reestructurar y redefinir las funciones militares en un marco democrático y en un contexto internacional marcado por el fin de la Guerra Fría. En los hechos, los procesos de transición política a la democracia impactaron fuertemente en el ámbito de la defensa, donde la construcción paulatina de una nueva relación civil-militar se manifestó, entre otros aspectos, en la limitación de la participación de las fuerzas armadas en política, con el objeto de asegurar el liderazgo civil y, especialmente, en que autoridades civiles asumieran progresivamente la conducción de los Ministerios de Defensa. En el fondo, se buscaba consolidar la democracia en la región, lo que requería, como condición sine qua non, ejercer una supremacía civil donde los militares no mantuvieran la prerrogativa de vetar la acción de los gobernantes electos y área alguna de gobierno pudiera ser excluida del control político.

Sin embargo, estos empeños por asegurar la supremacía civil parecen seguir nuevos derroteros en los albores de este siglo. Este proceso ha sido particularmente evidente en el caso de Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro, siguiendo la senda de Hugo Chávez, ha cultivado una cercana relación con las fuerzas armadas, mediante el aumento de sueldos y la incorporación de militares en puestos claves del gobierno, como es el caso del General Vladimir Padrino López, actual Ministro de Defensa. Aunque de manera todavía moderada, Bolivia ha seguido un camino similar, expresado, por ejemplo, en una estrecha relación entre el Presidente Evo Morales y el ejército de ese país, institución que incluso le compuso una marcha en su honor, donde se resalta su origen indígena y posición antiimperialista.

Pero este nuevo ciclo no es sólo patrimonio de la izquierda. En la vertiente opuesta, la campaña de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil tuvo un tinte evidentemente castrense, como lo ilustraron las numerosas imágenes de camiones militares con carteles apoyando al excapitán de Ejército y flamante candidato. Un declarado admirador de la dictadura militar que administró el país entre 1964 y 1985, una vez elegido y tal vez apuntalado por el ejemplo de Donald Trump desde Estados Unidos, Bolsonaro nombró en su gabinete a una serie de militares en retiro. “Estoy eligiendo militares no porque son militares. Es por su formación y por lo que hicieron cuando estaban activos”, ha señalado al respecto el nuevo Presidente del gigante sudamericano.

Tales procesos ponen en entredicho la tradicional búsqueda por disminuir los espacios de autonomía de las fuerzas armadas y fortalecer doctrinas militares marcadas por la no deliberación, en el marco de regímenes democráticos débilmente consolidados, cuestión que ha sido impulsada por la baja legitimidad y apoyo ciudadano hacia los políticos tradicionales, muchos de los cuales han estado envueltos en hechos de corrupción, sin olvidar los elevados niveles de inseguridad, desigualdad y marginalidad social que las democracias realmente existentes no han podido resolver. A esta dinámica de politización militar ha contribuido igualmente la progresiva utilización, por parte de numerosos países de la región, de los medios militares para el combate de amenazas a la seguridad pública, en un contexto regional usualmente caracterizado como una Zona de Paz, donde los tradicionales conflictos bélicos parecen improbables.

Las relaciones entre civiles y militares son un tema todavía pendiente, por lo que una respuesta rápida y eficaz desde los sistemas políticos resulta un imperativo. Ello resulta particularmente necesario en el contexto del nuevo ciclo político que vive la región, la escasa atención ciudadana que concita esta materia y la baja operatividad que han tenido hasta ahora los mecanismos intergubernamentales por avanzar en tal sentido. Tales relaciones están en el centro de la consolidación democrática, apuntando a una fluida, transparente y amplia interacción entre la política, las fuerzas armadas y la ciudadanía, en el marco del Estado de Derecho. Como señalaba Alexis de Tocqueville: “Con ciudadanos cultos, disciplinados, firmes y libres, tendremos soldados disciplinados y obedientes”.

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