La pareja Ortega -Murillo asumen la quinta presidencia de Nicaragua

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«Nosotros, los nicaragüenses  no somos enemigos de los Estados Unidos, nunca lo hemos sido, ni Venezuela, ni Cuba. Cuando se organice el ALBA bajo la conducción del Comandante Fidel y del Comandante Chavez, el ALBA  no se organiza por actos de terrorismo sino para llevar bienestar, desarrollo, capacidades para poder vencer la pobreza en los países, en los países latinoamericanos y caribeños», fueron las palabras de Daniel Ortega cuando asumió su quinto mandato en lo que se llama «una elección fraude», donde la gente nicaragüense no participó, no votó. Sin embargo Daniel Ortega se eligió.

En su cuenta de twitter escribió «tras este triunfo del pueblo, llamo a todos los Nicaragüenses a la reconciliación: la patria es primero, No somos una dictadura ni abierta ni encubierta. No actuaremos de manera arbitraria ni habrá confiscación o expropiación de bienes, por el bien de todos, habrá paz.»

Mientras la «Ley Renovación» de los Estados Unidos va adelante, el Consejo de la Unión europea, el día anterior a la asunción del quinto mandato, decidió imponer medidas restrictivas a siete personas y tres entidades adicionales ante el empeoramiento de la situación en Nicaragua. Los nuevos listados incluyen a familiares del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, la Policía Nacional de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral y la empresa supervisora ​​de los servicios postales y de telecomunicaciones.

Para el Consejo, las víctimas han recibido graves violaciones de derechos humanos, incluida la represión de la sociedad civil, el apoyo a elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas y el socavamiento de la democracia y el estado de derecho.

Las medidas restrictivas ahora se aplican a un total de 21 personas y tres entidades. Los designados están sujetos a una congelación de activos, y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a su disposición. Las personas también están sujetas a una prohibición de viajar, que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE.

El 8 de noviembre de 2021, el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad emitió una declaración en nombre de la UE en la que subrayó que las elecciones celebradas en Nicaragua el 7 de noviembre de 2021 se habían desarrollado sin garantías democráticas y que sus resultados carecían de legitimidad. Declaró que el gobierno de Nicaragua ha privado al pueblo de Nicaragua del derecho civil y político a votar en unas elecciones creíbles, inclusivas, justas y transparentes, así como de su libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

Los gobiernos del mal se dieron cita en Nicaragua, Miguel Diaz-Canel Bermudez escribió «Este mediodía en la cálida tierra nica, lo compartimos con nuestros diplomáticos ante la revolución hermana. Ellos cumplen la hermosa misión de dar continuidad a una relación inquebrantable que fundaron #Fidel y #Daniel hace más de 40 años. #CubaVive« y además «Apenas ponemos un pie en #Managua, se reactiva la memoria afectiva. Los viejos amigos, los sueños comunes, las batallas de ayer, hoy y siempre. #Cuba y #Nicaragua tienen una historia común de resistencia y creación heroica».

Sin embargo, no todo fue armonía entre los gobiernos que asistieron, a Argentina le sentó muy mal  la presencia del iraní Mohsen Rezai, uno de los imputados por la Justicia de dicho país por el atentado de 1994 contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos y sigue impune.

«La República Argentina expresa su más enérgica condena a la presencia de Mohsen Rezai en el acto de toma de posesión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega», comunicó la Cancillería argentina. Mohsen Rezai es vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán.

La relación entre Argentina y Nicaragua, hasta hace poco, vivió momento de tensión ante la negativa nicaragüense de votar por Argentina como presidente pro-tempore de la CELAC. Nicaragua acusaba a Argentina de «instrumento del imperialismo norteamericano», debido a las críticas que el Gobierno de Fernández había hecho el año pasado por la detención de políticos opositores nicaragüenses.

Sin embargo, tras meses de negociaciones por parte de Argentina para lograr los apoyos necesarios, Nicaragua superó sus reticencias y finalmente el viernes pasado votó a su favor.

Se hicieron escuchar, mediante un Comunicado, los familiares de los presos por el gobierno nicaragüense quienes reiteraron que «persisten las violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso. Sus causas no aparecen aún reflejadas en el sistema del Poder Judicial con el objetivo de invisibilizarles y mantener su indefensión». Tampoco se les ha permitido reunirse con sus defensas técnicas y se continúan practicando interrogatorios en ausencia de sus abogados. «Todas las peticiones presentadas por sus abogados son denegadas o no resueltas. No se ha respetado el debido proceso y sus tramitaciones han sido suspendidas de facto, alegando carga laboral, vacaciones o “decisiones por fuerza mayor” sin justificación». Denunciaron «Acoso a familiares durante las visitas y castigos posteriores a personas presas políticas».