El derecho de adquirir la ciudadanía italiana por el ius sanguinis es conocido, los italianos han migrado en el mundo entero. Este derecho lo reclaman muchos ciudadanos que ven en Italia una oportunidad de vida y desarrollo. Sin embargo, no todos lo ven así, pues muchos descendientes de italianos sin conocer la lengua, sin haber nunca vivido en Italia solicitan la ciudadanía como un oportunidad de recibir una pensión mensual.
Es así que a finales del noviembre de este año, el Tribunal de Bolonia planteó una cuestión de legitimidad constitucional sobre el reconocimiento de la ciudadanía italiana basado exclusivamente en el principio de ius sanguinis, o derecho de ciudadanía por descendencia. La decisión, anunciada mediante auto presentado hoy, fue comunicada por el presidente del Tribunal, Pasquale Liccardo, y plantea una cuestión crucial: ¿es correcto conceder la ciudadanía italiana a personas que no tienen ningún vínculo cultural, lingüístico o tradicional con el país? ¿Sólo por la presencia de un antepasado italiano, que a menudo se remonta a muchas generaciones?
Lo que ha desatado esta reacción jurídica, la formulación de la ordenanza, se basa en el caso de 12 ciudadanos brasileños, quienes solicitaron la ciudadanía italiana por su descendencia de un antepasado italiano nacido en 1876 y emigrado en Brasil. Esta reclamación, como muchas otras similares, se basa en la ausencia de límites temporales en la legislación italiana relativa al ius sanguinis, característica que convierte a Italia en un caso único en el panorama internacional.
Los principios constitucionales en la mira
El Tribunal pidió al Tribunal Constitucional que evaluara la compatibilidad de esta norma con los principios fundamentales de la Constitución italiana, incluido el concepto de pueblo, el principio de razonabilidad y las obligaciones internacionales asumidas por Italia, especialmente en el contexto de la Unión Europea. Liccardo subrayó que, según las estimaciones, en el mundo hay decenas de millones de descendientes de italianos, un público potencial de solicitantes que plantea dudas sobre la sostenibilidad y la equidad de esta disposición.
Una situación que ha creado no poca preocupación en la Farnesina. El Ministerio de Asuntos Exteriores había advertido sobre las posibles implicaciones de millones de solicitudes de ciudadanía procedentes de América del Sur, una región con una fuerte presencia de italianos. Por ello, el recurso al Tribunal Constitucional puede dar inicio a un cambio notable a fin que se tenga en cuenta no sólo la ascendencia, sino también criterios vinculados a un vínculo efectivo con el país. Un desafío que implica el delicado equilibrio entre la valorización del patrimonio histórico y cultural italiano y la necesidad de garantizar la coherencia y sostenibilidad del sistema jurídico.
El Tribunal Constitucional es célere, pronto tendremos noticias.
Foto: italotribu.org
