Señor Presidente,
quiero que quede totalmente clara una cosa: nada puede justificar la existencia de una política que permita el drama del genocidio, ni siquiera el intento de alcanzar la paz y la libertad para tu patria ni tampoco una estabilidad duradera, y por ese motivo nuestra tarea común es el procesamiento penal y el castigo de las personas en las que recaiga la mayor responsabilidad por los crímenes contra la humanidad en todas las circunstancias y contextos sin excepción, y se deberá declarar nula toda amnistía o perdón concedida para los actos de genocidio, así como la neutralidad y la independencia de los mecanismos de la justicia de transición. Considerando que no se contempla en el Derecho internacional la posibilidad de prescripción y de amnistía o impunidad para los crímenes internacionales graves y otras violaciones del Derecho humanitario internacional. La ausencia de ni tan siquiera una sola condena importante para los genocidas de alto nivel en los últimos años (criminales identificados por la JEP), a pesar del conocimiento generalizado de su extensión, es motivo de profunda preocupación para nosotros. Esto ha llevado a una trágica pérdida de autoridad moral y reputación para la Colombia y esta es otra capitulación grave frente al genocidio que no se aplica a delitos bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Señor Presidente, la violencia contra el pueblo colombiano vino marcada por las características del genocidio que se encuentra definido en el Derecho internacional, incluido el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y esta definición se basa en la Convención de las Naciones Unidas. Todos los actos de deportación forzosa y asesinato en masa cometidos, de población esclavizada y exterminada encajan plenamente con los elementos de los crímenes definidos en los instrumentos de las Naciones Unidas sobre el procesamiento y el castigo del genocidio, no se verán afectados. La Colombia tiene derecho a intervenir en caso de circunstancias graves, a saber, crímenes de genocidio y crímenes contra la humanidad. Por desgracia, el Gobierno sigue flaqueando con respecto a la no aplicabilidad de la amnistía en los casos de genocidio según se definen en los acuerdos internacionales ratificados por Colombia. La Colombia debe ser un estado de derecho que dé ejemplo de lucha inflexible contra el genocidio – totalmente en contra de los principios básicos del derecho internacional -, y de tal modo la necesidad de impartir justicia y evitar la impunidad, así como contra los que realicen la apología pública, la negación, la distorsión o la trivialización flagrantes de dichos crímenes, no reconocimiento o fuerte banalización de los mismos, impulsar medidas prácticas destinadas a hacer realidad los derechos de las víctimas de crímenes internacionales con las disposiciones que rigen los procedimientos de los tribunales penales. Presidente Duque, la historia será severa con quienes no hagan prevalecer los principios de la justicia y el derecho de las víctimas a una investigación exacta, imparcial, efectiva, y rápida, los intereses del país y de su pueblo por encima de todo lo demás. Instamos sencilla y llanamente al Presidente y a su Gobierno de transición a que cumpla sus promesas frente al Pueblo, e, incluso con mayor firmeza, condenar sin reservas los crímenes contra la humanidad y de genocidio, han de armarse del valor suficiente para que estos delitos puedan llevarse en la práctica ante la justicia. Sólo podremos contrarrestar tales crímenes si podemos someter a los responsables a la justicia. La justicia prevalecerá únicamente si los responsables pueden ser sometidos a juicio. En esta lucha, no puede haber tabúes, ni con respecto a los crímenes del pasado, ni en relación a las tragedias que tienen lugar actualmente en Colombia. Sólo hay una cosa que podría considerarse inaceptable, por aquéllos que han realizado sacrificios personales en la lucha contra el genocidio y la barbarie, y no es otra que el intento de trivializar subrepticiamente la Farc, colocándola en una categoría genérica. El reconocimiento del genocidio contra la población enviaría una señal inequívoca a la JEP para que asuma su responsabilidad de celebrar los juicios penales de conformidad con las leyes aplicables, con gran eficiencia y sin interferencias políticas y para que indemnice a las familias de las víctimas por el sufrimiento y las propiedades privadas que les fueron robadas y permanecen en el territorio de las nuevas Farc. Al condenar públicamente el genocidio, Colombia contribuiría de modo fundamental a aplacar las tensiones naturales de los dolorosos acontecimientos y dar un paso adelante hacia el futuro, ayudando a disipar el «mito de autoridad» entre las Farc y, en consecuencia, lleve a que dejen de seguir ciegamente las órdenes si pueden comprender que los dirigentes del genocidio están siendo condenados y que su ideología es repudiada por la comunidad jurídica internacional.
Señor mandatario Duque,
resulta asombroso que en la Colombia siga habiendo personas que se nieguen a reconocer que el comunismo de Farc fue un sistema criminal. No debemos perderlo de vista, porque de otro modo nunca tendremos una paz duradera. Los delitos de Farc o de sus secuaces, se niegan o se marginalizan, mientras que las víctimas son objeto de humillaciones y burlas. Esta extraña conducta política, tan perjudicial para la propia Colombia, no puede despojar la verdad de los hechos, pero sigue afectando negativamente a nuestros estándares internacionales de justicia y la equidad de las evaluaciones. Debemos tomar conciencia del modo en que tal hipocresía y doble rasero resulta útil para diversos grupos comunistas, etc. por aquéllos que interpretan de manera populista los acontecimientos históricos con la falsificación del pasado para lograr que los pueblos lo olviden. Con independencia del empeño que pongan los historiadores políticos de la llamada Comisión de la Verdad contratados por el Estado en tratar de reescribir la Historia colombiana de los hechos, la más sangrienta Farc del siglo XX – XXI, junto con los terroristas de menor dimensión, han de evaluarse debidamente, y así serán evaluadas. En cualquier caso, hemos de asegurarnos de que la Historia no sea objeto de abuso. Se trata de una cuestión moral importante.
Muchísimas víctimas del régimen Farc siguen vivas, pero la postura de la Colombia no les proporciona satisfacción alguna; de hecho, la situación es peor: sigue suponiendo una humillación de los afectados. Hablamos de ciudadanos de la patria. La justicia pertenece a todos los ciudadanos sin excepción y el gobierno ha de alinearse en contra de tal injusticia. Por desgracia, observamos repetidamente que los encargados del gobierno deciden no presentar resoluciones sobre esta cuestión. Presidente Duque, me dirijo a usted para que no pase por alto esta enorme escala de la tragedia humana y social, y luche por procurar una restitución histórica, humana y moral uniforme, una verdad y restitución política, sino también la condena. No hemos venido aquí a condenar o a señalar con el dedo, sino condenar públicamente la práctica del genocidio y jamás se debe permitir que vuelva a levantar cabeza.
Por tanto, ¿qué hemos de hacer?
Señor Presidente, la construcción de una Colombia democrática sólo es posible sobre el fundamento de la verdad y la justicia. Le debemos recuerdo y justicia no sólo a las víctimas de sistemas inhumanos; en primer lugar, se los debemos a las generaciones presentes y futuras, de manera que estas situaciones no vuelvan a repetirse. Estamos llamados a garantizar que todos los crímenes contra la humanidad, todos los actos de genocidio y clasicidio, y todos los crímenes de guerra reciban un tratamiento equitativo y que no se escatimen esfuerzos para hallar a los autores y llevarles ante la justicia. Esa es la enseñanza que debemos transmitir a nuestros jóvenes: lo que fue nuestro pasado y el progreso que supone nuestro presente, sin callar los crímenes y errores que hubo que superar y destacando el sacrificio que costó esa superación. El conocimiento de nuestra historia será el antídoto para no tropezar de nuevo en la misma piedra. Porque sólo con la verdad, pero con toda la verdad, podemos avanzar. Habrá que denunciar las barbaridades de nuestro pasado con rigor y sin caer en simplificaciones y, menos aún, en falsificaciones; sin caer en la lógica maniquea de la paz, identificando a los buenos con la Farc y a los malos con el paramilitarismo.
Presidente, ahora no podemos fingir que el problema no existe y pretender que todo marcha bien, enterrar sencillamente la cabeza en la arena como el avestruz y decir que todo debe seguir igual y que lo que se acordó antaño era correcto para toda la eternidad, y esperar a que este problema desaparezca. El Presidente no puede, en ningún caso, prevalerse de sus poderes para hacer caso omiso o considerar negociables todas las cuestiones sobre las que se puede llegar a acuerdos entre las personas, según el lema de que cuanto más se afirme, tanto más se acercará a la realidad. Le pido que se despierte, que haga su trabajo y que asuma su responsabilidad de control y a realzar su papel tendiente a crear una verdadera voz común de la Colombia. Deseamos, por tanto, que el presidente Duque preste especial atención al problema, cumpla plenamente su función, asuma su responsabilidad frente a esta crisis y tome rápidamente las medidas necesarias, a saber tener el valor para hacer los cambios importantes y, sobre todo, con independencia: alguien que convierta a Colombia en una verdadera democracia, asuma su responsabilidad para verificar críticamente cómo se ocupa la JEP de esta legislación penal y si la aplican de forma efectiva. Eso sería verdadera justicia, incluso en su expresión material, y es la clase de justicia que debería buscar la Colombia y no las propuestas ideológicas. Hablemos sin rodeos para definir con claridad lo que no puede ser objeto, bajo ninguna circunstancia, del denominado revisionismo histórico. La ausencia de una evaluación política y moral de todos los crímenes cometidos contra los colombianos, la opresión y el sufrimiento, las mentiras históricas, la propaganda falsa, y el rechazo a reconocer la culpa en casos de genocidio, conforma de manera continua nuestro devenir actual y distorsiona nuestro futuro común, se percibe como una amenaza directa a los valores comunes que identifica y rechaza lo oscuro de nuestro pasado para construir un porvenir comprometido con los valores que nos unen. Los horrores y los crímenes que constituyen el legado de la Farc no deben olvidarse nunca. Continuaremos supervisando los progresos y nos aseguraremos de que la la presidencia y sus miembros cumplen sus promesas.
Nota
En cuanto a la Corte Penal Internacional, el acuerdo bilateral de eventual “inmunidad” con la Colombia no se ajusta a la Constitución ni a los principios del derecho internacional
