El texto de la siguiente declaración conjunta fue publicado por el Alto Representante en nombre de la Unión Europea y los Gobiernos de los Estados Unidos, Australia, el Canadá, Nueva Zelandia, Noruega, la República de Corea, Suiza, Timor-Leste y el Reino Unido para abordar la crisis humanitaria y de derechos humanos en Myanmar.
Estamos profundamente preocupados por el empeoramiento de la crisis humanitaria y de derechos humanos en Myanmar. Esta crisis se ve exacerbada por la escalada de violencia, así como por la tensión entre comunidades. La represión constante y violenta del régimen contra el pueblo de Myanmar es inaceptable.
Hay informes creíbles de violaciones y abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario cometidas contra civiles. Entre ellas figuran: secuestro y reclutamiento forzado de niños y miembros de minorías étnicas y religiosas; bombardeos aéreos indiscriminados del ejército de Myanmar que matan y hieren a civiles y dañan la infraestructura civil; violencia sexual y de género; quema de viviendas; ataques a trabajadores e instalaciones humanitarias; y restricciones al acceso humanitario por parte del régimen militar y diversos grupos armados. También hemos visto informes inquietantes de desmembramientos y quemaduras de civiles.
La intensificación del conflicto en el estado de Rakhine y el sufrimiento que experimentan todas las comunidades allí, incluida la comunidad rohingya, es profundamente preocupante. Los informes de violaciones del derecho internacional contra la población rohingya, además de la historia de los militares de avivar las tensiones entre comunidades en el estado de Rakhine y en otras partes del país, ponen de relieve los graves peligros que corren los civiles.
Nos preocupa la falta de zonas seguras para que los civiles puedan escapar del conflicto y los ataques contra los civiles que huyen de la violencia en todo Myanmar. Las necesidades humanitarias han aumentado debido al conflicto y se han visto exacerbadas por la negación del acceso humanitario por parte del régimen. El conflicto en curso ha provocado el desplazamiento de más de 3,5 millones de personas, algunas de las cuales han huido del país. Más de 15 millones de personas se enfrentan ahora a una inseguridad alimentaria aguda. Los brotes de enfermedades, incluido el cólera, están aumentando, mientras que las limitaciones de acceso inhiben la prestación de asistencia médica.
Instamos al régimen militar y a todos los actores armados en Myanmar a que reduzcan la violencia, respeten el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos, protejan a los civiles y permitan un acceso humanitario pleno, seguro y sin trabas para que se pueda proporcionar ayuda vital a todas las personas que la necesitan, incluidas las mujeres, los niños y los miembros de las poblaciones étnicas y minoritarias. Destacamos que abordar la discriminación subyacente y el trato brutal que enfrentan los rohingya debe ser parte de una solución política a la crisis en Myanmar.
Instamos nuevamente a que se implemente la resolución 2669 (2022) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que pide el fin inmediato de todas las formas de violencia en Myanmar e insta a la moderación, la reducción de las tensiones y la liberación de todos los prisioneros detenidos arbitrariamente.
Reiteramos nuestro pleno apoyo al papel central de la ASEAN en la búsqueda de una solución a la crisis, incluida la labor del Presidente y el Enviado Especial de la ASEAN, en consonancia con el Consenso de Cinco Puntos, y reconocemos el importante papel del Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas a Myanmar.
Seguimos apoyando los llamamientos a un diálogo genuino, constructivo e inclusivo para encontrar una solución pacífica a la situación en Myanmar y volver al camino de la democracia inclusiva.
