Schengen en riesgo, una propuesta parlamentaria para reducir ambigüedades

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Forman parte de la zona Schengen todos los Estados miembros de la UE -excepto Bulgaria, Croacia, Chipre, Irlanda, Rumanía y Reino Unido-, además de Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein.

El Código de fronteras Schengen proporciona a los Estados miembros la capacidad de reintroducir temporalmente el control de fronteras en las fronteras internas en caso de que se haya establecido una amenaza grave para la política pública o la seguridad interna.

La reintroducción del control de fronteras en las fronteras internas debe seguir siendo una excepción y debe respetar el principio de proporcionalidad. El alcance y la duración de dicha reintroducción temporal del control de fronteras en las fronteras internas es limitado en el tiempo y debe limitarse al mínimo necesario para responder a la amenaza en cuestión. Reintroducir el control de la frontera en la frontera interna solo debe usarse como medida de último recurso.

La reintroducción del control de fronteras es una prerrogativa de los Estados miembros. La Comisión puede emitir un dictamen sobre la necesidad de la medida y su proporcionalidad, pero no puede vetar dicha decisión si la toma un Estado miembro.

Es el caso de Austria, Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega, cuyas autoridades aducen las circunstancias excepcionales derivadas de la crisis migratoria, mientras que Francia lo vincula al estado de excepción por la amenaza terrorista.

Tanja Fajon (S&D, Eslovenia) señaló: “Schengen es uno de los grandes logros de la UE. Pero está en riesgo debido a controles ilegales que seis países llevan efectuando desde hace más de tres años, a pesar del límite máximo de dos años. Esto demuestra la ambigüedad de las reglas vigentes y cómo las autoridades nacionales las interpretan y aplican de manera incorrecta. Si queremos salvar Schengen, tenemos que poner fin a esto imponiendo normas claras”.

Su propuesta parlamentaria, respaldada por 319 eurodiputados, 241 votaron en contra y 78 se abstuvieron, prevé:

  • el periodo inicial para los controles en las fronteras interiores será de sólo dos meses, en vez de los seis meses actuales, y
  • los controles no podrán alargarse durante más de un año, frente a los dos permitidos ahora.

Los eurodiputados hacen hincapié en que los controles temporales afectan a la libre circulación de personas, por lo que deben sólo introducirse en circunstancias excepcionales y como último recurso. Por ello, los países deberán elaborar una detallada evaluación de los riesgos si pretenden extender los controles más allá de los dos meses iniciales. Para mantener los controles más de seis meses, la Comisión deberá dictaminar si la medida respeta la normas antes de someterla a la decisión del Consejo. El pleno también pide que el Parlamento sea informado a lo largo de todo el proceso.

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