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Normas más estrictas sobre conflictos de intereses, financiación política y puertas giratorias
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Mejora de la cooperación transfronteriza, la aplicación de las reglas y la recuperación de activos
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Protección de organismos independientes, periodistas, jueces y denunciantes
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Seguimiento común y refuerzo de la condicionalidad del Estado de Derecho
El Pleno adoptó el jueves sus prioridades para la inminente estrategia anticorrupción de la Comisión para reforzar la prevención, la aplicación de las reglas y la integridad en toda la UE.
En una resolución aprobada a mano alzada, el Parlamento afirma que la estrategia anticorrupción debe abordar la evolución de los riesgos de corrupción relacionados con la delincuencia organizada y las nuevas tecnologías, tras la entrada en vigor de la Directiva anticorrupción en mayo de 2026.
La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos, socava la democracia y el Estado de Derecho, distorsiona la actividad económica y abre la puerta a la delincuencia organizada y a actores hostiles. Los eurodiputados advierten de que la percepción de impunidad puede ser tan perjudicial para la legitimidad democrática como la propia corrupción.
No obstante ser una de las regiones menos corruptas del mundo, ninguno de los países de la UE está totalmente libre de corrupción. Aunque su naturaleza y alcance pueden variar de un país a otro, la corrupción perjudica a la UE en su conjunto:
Se estima que la corrupción cuesta a la Unión Europea entre 179 000 y 990 000 millones de euros al año, lo que equivale a hasta el 6% de su PIB.
El 69% de los europeos cree que la corrupción está muy extendida en sus países, un aumento de un punto con respecto a 2024 (Encuesta del Eurobarómetro sobre la corrupción de 2025).
El 35% de las empresas de la UE considera que la corrupción supone un problema para realizar actividades empresariales (Encuesta del Eurobarómetro de 2025: Actitud de las empresas ante la corrupción).
El 60 % de las empresas de la UE coincide en que el soborno y el uso de influencias suelen ser la forma más sencilla de obtener determinados servicios públicos (Encuesta del Eurobarómetro de 2025: Actitud de las empresas ante la corrupción).
En mayo de 2026 entró en vigor la Directiva 2026/1021 relativa a la lucha contra la corrupción. Esta Directiva establece normas comunes en toda la UE para abordar la corrupción de manera más eficiente y eficaz en toda la Unión. La Directiva armoniza la definición de los delitos de corrupción en los Estados miembros, yendo más allá del simple soborno. También armoniza el nivel mínimo de sanciones penales, tanto para particulares como para empresas. La Directiva contribuirá a hacer más eficaces las investigaciones y el enjuiciamiento de los casos de corrupción. Asimismo, incluye disposiciones destinadas a reforzar las medidas de prevención y de integridad en los Estados miembros, por ejemplo, mediante la adopción de estrategias nacionales anticorrupción. Los Estados miembros dispondrán de dos años para transponer sus disposiciones a la legislación nacional.
Para complementar la Directiva de la UE, desarrollar un enfoque integral que abarque diversos ámbitos políticos y abordar nuevos riesgos de corrupción, la Comisión está preparando actualmente la primera Estrategia de la UE contra la Corrupción.
Esta estrategia transformará aún más el compromiso político y la visión de la UE en acciones concretas destinadas a fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales.
Prevención e integridad
El Parlamento pide una cartografía del riesgo de corrupción basada en datos contrastados, formación y normas más estrictas en materia de contratación pública, subvenciones y transparencia. Los eurodiputados también plantean mayor armonización en torno a los conflictos de intereses, obsequios, viajes patrocinados, declaraciones de patrimonio y puertas giratorias, así como reglas más claras para regular a los grupos de presión. Reclaman, asimismo, normas comunes sobre financiación política y transparencia en torno a las fundaciones políticas y los intermediarios.
El texto recalca que las instituciones de la UE deben cumplir los estándares más elevados de lucha contra la corrupción y someterse a revisión periódica de otras instituciones de la UE y a cambios en caso necesario.
Aplicación de la normativa y acción transfronteriza
La cooperación y el intercambio de datos entre las autoridades nacionales y los organismos de la UE, como Europol, Eurojust, la Fiscalía Europea y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) son clave. Los organismos de lucha contra la corrupción deben ser independientes y contar con la dotación adecuada, mientras que la Fiscalía Europea debe recibir más recursos para la corrupción transfronteriza grave, señala el texto, que también anima a los Estados miembros que aún no se hayan adherido a la Fiscalía a hacerlo.
El Parlamento vincula la corrupción con la delincuencia organizada, el blanqueo de capitales y la ocultación de activos, y pide medidas más efectivas para rastrear, embargar, confiscar y recuperar el producto del delito. También destaca los riesgos relacionados con los criptoactivos, las estructuras de propiedad opacas y las herramientas digitales, al tiempo que reitera su llamamiento a eliminar gradualmente los regímenes de residencia a cambio de inversión («visado de oro»).
El papel de los vigilantes
Los eurodiputados piden que la sociedad civil y los organismos de control de la lucha contra la corrupción participen en todas las fases de la estrategia, una mayor protección de los denunciantes y periodistas de investigación, y autoridades judiciales y anticorrupción verdaderamente independientes. El Parlamento también pide la plena adhesión de la Unión al Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, de modo que las instituciones comunitarias se enfrenten al mismo escrutinio que las autoridades nacionales.
Seguimiento
La Cámara demanda indicadores comunes para evaluar las políticas de lucha contra la corrupción y recomendaciones más específicas y mensurables en los informes anuales de la Comisión sobre el Estado de Derecho. También pide mayor condicionalidad respecto a los principios del Estado de Derecho en el próximo presupuesto a largo plazo de la UE y, cuando proceda, objetivos de lucha contra la corrupción en los programas financiados por la UE.
Antecedentes
Los beneficios potenciales de nuevas medidas de la UE para luchar contra la corrupción ascienden, según algunos cálculos, a 58.500 millones de euros al año. Un Eurobarómetro especial de 2025 constató que el 69 % de los europeos cree que la corrupción está muy extendida en su país. Según Europol, casi el 60% de las redes delictivas tiene vínculos corruptos.
