«China no es una economía de mercado» bajo el criterio de la UE, así lo argumentan los eurodiputados de todos los colores políticos en el debate del 10 de mayo ante el Consejo y la Comisión. El debate se centró en la forma en que la UE debería contrarrestar cualquier competencia desleal de China después del 11 de diciembre de 2016, cuando, según la organización Mundial del Comercio (OMC), el protocolo de acceso prevé cambios en su tratamiento en las investigaciones de defensa comercial.
Bajo la sección 15 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC, China puede ser tratada como una no economía de mercado (Non Market Economy – NME) en los procedimientos anti-dumping si las empresas chinas no pueden demostrar que operan en condiciones de economía de mercado. La principal implicación de la condición de NME en los procedimientos antidumping es la posibilidad de utilizar otros métodos para determinar el valor normal de la mercancía, en lugar de utilizar los precios internos para calcular el margen de dumping. En general, las metodologías de NME para calcular el valor normal han demostrado llevar a derechos antidumping más elevados. A la vista de estos derechos más elevados, y el hecho de que China se enfrenta al mayor número de investigaciones antidumping, la obtención de un pronto reconocimiento de Economía de Estado en el mercado (MES) ha sido uno de los principales objetivos de la política exterior del país desde 2003. Por otra parte, China ha argumentado que, de acuerdo con el artículo 15 (d) del Protocolo de adhesión a la OMC, la disposición de la Sección 15 que permite el método ENM expira después del 11 de diciembre de 2016, lo que resulta en una obligación legal de conceder dicho trato a China después de esa fecha. Esta interpretación de la sección sigue siendo muy controvertida.
Varios países han otorgado el reconocimiento anterior de economía de mercado a China, principalmente a través de la conclusión de las disposiciones contenidas en los Memorandos de Entendimiento. Mientras que algunos de estos países han hecho una declaración política de reconocimiento, que nunca han implementado legalmente la decisión; este es el caso, por ejemplo, para Brasil. Entre los países que han aplicado la decisión de conceder dicho trato a China, solamente Australia y Sudáfrica están entre los principales usuarios de los procedimientos antidumping. La mayoría de estos países conceden MES como condición para negociar acuerdos de libre comercio (TLC) con China. Australia, por ejemplo, considera el beneficio de un TLC con China sea mayor que la derivada de la utilización de método ENM en los procedimientos antidumping contra las empresas chinas, como algunos ajustes en el cálculo del valor normal también se pueden hacer en el marco del metodología de la economía de mercado.
Además de la UE, los principales países que todavía consideran a China una NME son los EE.UU., Canadá, Japón, México y la India. Japón introdujo un plazo no vinculante para conceder dicho trato a China en diciembre de 2016, a raíz de una modificación de las directrices japonesas de 2007 para los procedimientos relativos a antidumping. A pesar de eso, Japón no ha hecho ningún compromiso oficial para conceder automáticamente MES. En 2002, Canadá presentó un plazo legal similar, pero esta decisión fue anulada en 2013. Por lo tanto, Canadá, la UE, los EE.UU., India, Japón y México tienen una presunción legal de que China es un NME, y actualmente mantienen la discreción judicial en la determinación cuando se levantó esta presunción. Todos estos países tienen que seguir criterios establecidos con el fin de conceder dicho trato. La UE y los Estados Unidos están en constante diálogo con China en relación con el cumplimiento del país con sus respectivos criterios nacionales para MES. Los procedimientos legales en estas jurisdicciones (así como en la OMC) no impiden que las autoridades de conceder MES por razones políticas, incluso cuando no se cumplen todos los criterios de economía de mercado.
El Parlamento Europeo votará la Resolución este jueves 12.
Fuente:
EPRS | European Parliamentary Research Service
Author: Laura Puccio
