Para España, ni siquiera una llamada de atención

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Como es conocido, la vicepresidente de Venezuela Delcy Rodriguez llegó a España fue recibida por el Ministro Abalos, entró al aeropuerto Barjas y luego prosiguió su viaje a Turquia.

Delcy Rodriguez es una de los 25 venezolanos que están impedidos de entrar en territorio europeo, pero como en España todo es posible, lo hicieron. El VP/AR Josep Borrell declaró al respecto: “El tema de debate actual se refiere a una supuesta violación de las sanciones de la Unión Europea actualmente en vigor con respecto a Venezuela. Estos se implementaron en 2017 como parte de los esfuerzos de la Unión Europea para fomentar un proceso creíble y significativo que pueda conducir a una solución negociada pacífica para el restablecimiento de la democracia y el estado de derecho en Venezuela.

Estas medidas incluyen la prohibición de viajar y la congelación de activos con respecto a 25 personas, entre ellas la Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Eloina Rodríguez Gomes, [que está] incluida en esta lista, que fue designada por la Unión Europea el 25 de junio de 2018.

Una prohibición de viajar requiere que los Estados miembros de la Unión Europea tomen las medidas necesarias para evitar la entrada o tránsito en sus territorios de las personas incluidas en la lista.

Como saben, existe una división de competencias en el ámbito de las sanciones dentro de la Unión Europea. En primer lugar, los Estados miembros son responsables en todos los casos de la aplicación y verificación de las sanciones adoptadas por la Unión Europea en sus propias jurisdicciones.

Por lo tanto, cuando surge el problema de una posible violación de las sanciones, por ejemplo, una congelación de activos o, como aquí, una prohibición de viajar, corresponde al Estado miembro en cuestión investigar y determinar si este ha sido realmente el caso.

En lo que respecta a la supervisión más amplia de la aplicación de sanciones, la Comisión Europea tiene una función general de supervisión en relación con la aplicación uniforme de tales medidas en áreas dentro de su jurisdicción. Por ejemplo, este es el caso de congelamiento de activos y medidas sectoriales, pero este no es el caso de prohibiciones de viaje o embargos de armas.

Podemos debatir la idoneidad política de los Estados miembros para otorgar esta competencia a la Unión Europea, aunque esto requeriría un cambio en el Tratado. Pero por el momento la situación es clara, la Comisión no puede iniciar ningún procedimiento de infracción con respecto a una posible violación de la prohibición de viajar. En la práctica, las prohibiciones de viaje solo están contenidas en las decisiones del Consejo y, por lo tanto, no entran en la legislación de la Unión. En consecuencia, la Comisión no desempeña un papel en el seguimiento de la aplicación y no puede iniciar un procedimiento de infracción.

Como Alto Representante, hablando aquí desde el lado del Consejo [de la Unión Europea], también soy responsable de garantizar la aplicación coherente de la Política Exterior y de Seguridad Común, incluidas las sanciones adoptadas por los Estados miembros en el Consejo. En este contexto, el Servicio Europeo de Acción Exterior, en consulta con la Comisión Europea, cuando sea competente, se comunicará directamente con los Estados miembros de la Unión Europea en relación con las presuntas violaciones [de las sanciones] para garantizar que estas sanciones se apliquen de manera homogénea en todos los Estados miembros”.

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