Lucha contra el blanqueo de dinero en el sistema bancario de la UE

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El Parlamento Europeo ha preparado una Resolución que será votada en Plenaria sobre el estado de la aplicación de la legislación de la Unión contra el blanqueo de capitales.

Basado en la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican diversas normativas relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Las normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales. El paquete de lucha contra el blanqueo de la Comisión, que consiste en una Comunicación titulada «Hacia una mejor aplicación del marco de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo», el Informe sobre la evaluación de los recientes supuestos casos de blanqueo de capitales con la implicación de entidades de crédito de la UE («revisión ex post»), el Informe sobre la evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan al mercado interior y están relacionados con actividades transfronterizas y el Informe sobre la interconexión de los mecanismos centralizados automatizados nacionales (registros centrales o sistemas centrales electrónicos de consulta de datos) de los Estados miembros relacionados con las cuentas bancarias.

– Visto el dictamen de la Autoridad Bancaria Europea sobre las comunicaciones a las entidades supervisadas relativas a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la supervisión prudencial, publicado el 24 de julio de 2019, así como los exámenes de diferentes normativas.

A. Considerando que el marco de la Unión de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se ha ido reforzando paulatinamente con la adopción de la cuarta Directiva antiblanqueo en mayo de 2015 y de la quinta Directiva antiblanqueo en abril de 2018, cuyas fechas respectivas de transposición a las legislaciones nacionales de los Estados miembros eran junio de 2017 y enero de 2020, así como con otras medidas y otros actos legislativos complementarios;

B. Considerando que, según Europol, se ha detectado que entre el 0,7 y el 1,28% del PIB anual de la Unión está relacionado con actividades financieras sospechosas como blanqueo de capitales vinculado a la corrupción, el tráfico de armas, la trata de personas, el narcotráfico, la evasión y el fraude fiscales, la financiación del terrorismo u otras actividades ilegales que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos de la Unión;

C. Considerando que, en virtud del artículo 9 de la cuarta Directiva antiblanqueo, la Comisión está facultada para adoptar actos delegados a fin de identificar los terceros países de alto riesgo teniendo en cuenta sus deficiencias estratégicas en diversos ámbitos; que el Parlamento acoge favorablemente que la Comisión introduzca una nueva metodología que no dependa únicamente de fuentes externas de información para identificar terceros países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que representan una amenaza para el sistema financiero de la Unión y que imponen a las entidades obligadas la aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida con respecto a sus clientes en virtud de la cuarta Directiva antiblanqueo y la quinta Directiva antiblanqueo;

D. Considerando que la tercera Directiva antiblanqueo, que entró en vigor el 15 de diciembre de 2007, quedó derogada con la adopción de la cuarta Directiva antiblanqueo; que hasta la fecha no se ha comprobado correctamente la aplicación de varias disposiciones de la tercera Directiva antiblanqueo, incluido un nivel adecuado de competencias y personal de las autoridades nacionales competentes, y que esta comprobación debería ser una prioridad para los controles de integridad y corrección en curso y para los procedimientos de infracción puestos en marcha por la Comisión en el contexto de la aplicación de la cuarta Directiva antiblanqueo;

E. Considerando que el Consejo y el Parlamento han rechazado tres reglamentos delegados modificativos propuestos aduciendo que las propuestas no se han establecido mediante un proceso transparente y resiliente que incentive activamente a los países afectados para que actúen decididamente y que respete al mismo tiempo su derecho a ser oídos, o bien debido a la insuficiente autonomía del proceso aplicado por la Comisión para la identificación de terceros países de alto riesgo;

F. Considerando que, el 13 de febrero de 2019, la Comisión adoptó una nueva lista de veintitrés terceros países con deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en virtud de la nueva metodología, a saber, Afganistán, Arabia Saudí, Bahamas, Botsuana, Etiopía, Ghana, Guam, Irak, Irán, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Libia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Puerto Rico, República Popular Democrática de Corea, Samoa, Samoa Americana, Siria, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Túnez y Yemen; que el 7 de marzo de 2019 el Consejo rechazó el acto delegado correspondiente en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior;

G. Considerando que la Comisión ha incoado procedimientos de infracción contra la mayor parte de los Estados miembros por no haber transpuesto adecuadamente a la legislación nacional la cuarta Directiva antiblanqueo;

H. Considerando que, el 24 de julio de 2019, la Comisión adoptó un paquete de lucha contra el blanqueo por el que se informa al Parlamento y al Consejo de los logros alcanzados hasta la fecha y de las deficiencias aún presentes en el marco de la Unión de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, estableciendo así las bases de futuras mejoras del cumplimiento y la aplicación de la legislación vigente, así como de posibles reformas legislativas e institucionales en el futuro;

I. Considerando que, durante el intercambio de puntos de vista mantenido el 5 de septiembre de 2019 con la Comisión y la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el presidente de la ABE, José Manuel Campa, afirmó que la ABE no es una supervisora en el sector de la lucha contra el blanqueo de capitales, sino una autoridad cuyo mandato consiste en proporcionar orientaciones para fomentar la colaboración y la coordinación, así como evaluar la aplicación de la legislación relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales; que también destacó que la responsabilidad de la aplicación recae principalmente en las autoridades nacionales;

J. Considerando que, según la Comunicación de la Comisión, de 24 de julio de 2019, titulada «Hacia una mejor aplicación del marco de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo», podría estudiarse una mayor armonización de las normas relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por ejemplo transformando la Directiva antiblanqueo en un reglamento, con lo que se podría establecer un marco normativo de lucha contra el blanqueo de capitales armonizado y aplicable directamente;

K. Considerando que, tal como indica la Comisión en dicha Comunicación, las evaluaciones revelan la necesidad de un mecanismo más sólido para coordinar y apoyar la cooperación transfronteriza y el análisis por parte de las unidades de información financiera;

1. Expresa su profunda preocupación por el hecho de que un gran número de Estados miembros no haya aplicado la cuarta Directiva antiblanqueo; celebra, por consiguiente, que la Comisión haya incoado procedimientos de infracción contra varios Estados miembros basándose en las conclusiones de sus controles de integridad; pide a la Comisión que efectúe cuanto antes controles exhaustivos de corrección e incoe, en su caso, procedimientos de infracción; insta a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que transpongan lo antes posible la cuarta Directiva antiblanqueo a sus legislaciones nacionales;

2. Teme que los Estados miembros no vayan a respetar el plazo de transposición establecido para la quinta Directiva antiblanqueo, a saber, el 10 de enero de 2020, ni los plazos respectivos del 10 de enero de 2020 para los registros de titularidad real para las sociedades y otras entidades jurídicas y del 10 de marzo de 2020 para los fideicomisos y estructuras jurídicas análogas; pide a los Estados miembros que adopten medidas urgentes para acelerar el proceso de transposición;

3. Valora positivamente la recomendación del Grupo de Expertos sobre Infracciones del Derecho de la Unión de la ABE, formulada durante el intercambio de puntos de vista mantenido el 5 de septiembre de 2019 en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios con el presidente de la ABE, José Manuel Campa, sobre el caso del blanqueo de capitales del Danske Bank, que es el más importante que se conoce en la Unión hasta la fecha, con transacciones sospechosas que ascienden a más de €200,000 millones; lamenta que los supervisores de los Estados miembros, como miembros con derecho a voto de la Junta de Supervisores de la ABE, hayan rechazado una propuesta de recomendación relativa a una infracción del Derecho de la Unión; pide a la Comisión que continúe haciendo un seguimiento del asunto e incoe, si está justificado, un procedimiento de infracción;

4. Manifiesta su profunda preocupación ante la fragmentación normativa y de supervisión en el sector de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, totalmente inadecuada frente a una actividad transfronteriza cada vez mayor en la Unión y a la supervisión prudencial centralizada en la unión bancaria y otros sectores no bancarios;

5. Destaca que el marco actual de la Unión de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo adolece de deficiencias en lo que respecta al cumplimiento de las normas de la Unión, a lo que se añade la falta de supervisión eficiente; recuerda que se ha insistido reiteradamente en que una legislación basada en normas mínimas en lo que respecta a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo podría conllevar riesgos para una supervisión eficaz, un intercambio fluido de información y la coordinación; pide a la Comisión que, en el contexto de la evaluación de impacto necesaria para cualquier futura revisión de la legislación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, valore si un reglamento sería un acto jurídico más apropiado que una directiva;

6. Señala la necesidad de mejorar la cooperación entre las autoridades administrativas, judiciales y policiales en la Unión, y en particular las unidades de información financiera de los Estados miembros, tal como se subraya en el informe de la Comisión; reitera su llamamiento a la Comisión para que realice una evaluación de impacto en un futuro próximo con objeto de valorar la posibilidad y oportunidad de crear un mecanismo de coordinación y apoyo; considera que es necesario impulsar en mayor medida iniciativas que permitan ejecutar acciones en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a escala nacional y de la Unión;

7. Toma nota de que, en su informe ex post de 24 de julio de 2019, la Comisión considera que se podrían asignar tareas de supervisión específicas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales a un organismo de la Unión;

8. Considera que, para proteger la integridad de la lista de terceros países de alto riesgo, el proceso de selección y de toma de decisiones no debe estar influenciado por consideraciones que vayan más allá del ámbito de las deficiencias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; subraya que la actividad de los grupos de interés y la presión diplomática no deben socavar la capacidad de las instituciones de la Unión de luchar de manera efectiva y autónoma contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo vinculada a la Unión; pide a la Comisión que continúe evaluando la posibilidad de elaborar una «lista gris» de terceros países de alto riesgo potenciales siguiendo un enfoque análogo al aplicado por la Unión al elaborar la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales; teme que la duración de doce meses del proceso por el que se establece la evaluación definitiva para identificar a los terceros países con deficiencias estratégicas conlleve retrasos innecesarios para una actuación eficaz en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;

9. Pide a la Comisión que garantice un proceso transparente con valores de referencia claros y concretos para los países que se comprometan a llevar a cabo reformas a fin de no figurar en la lista; pide asimismo a la Comisión que publique sus evaluaciones iniciales y definitivas de los países que figuran en la lista, así como los valores de referencia aplicados, con el fin de garantizar un control público que impida su uso indebido;

10. Pide que se destinen más recursos humanos y financieros a la unidad responsable de la Dirección General competente, y celebra que se hayan destinado más recursos a la ABE;

11. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

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