El 4 de marzo inició el juicio a Pedro Castillo, quien fuera presidente de la República del Perú, elegido democráticamente y actuó un intento fallido de golpe de Estado, tipificado como delito de Rebelión. Actualmente Castillo se encuentra en prisión preventiva. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, el 18 de julio 2024 dispuso prolongar por 18 meses la prisión preventiva por su fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. En la sesión del 4 de marzo se hizo conocer que se ha solicitado la ampliación de esta prisión preventiva por otros 18 meses.
La sesión estuvo cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, que preside el juez supremo José Neyra Flores, e integran el magistrado Iván Guerrero López y la jueza Norma Carbajal Chávez, se desarrolló en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, distrito de Ate.
Además de Castillo, los otros acusados son: Betssy Chávez Chino, Willy Huerta Olivas, Aníbal Torres Vásquez, Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez, a quienes la Fiscalía también les atribuye el delito de Rebelión.
Ante la ausencia del inculpado Eder Infanzón Gómez, el Tribunal lo declaró reo contumaz por no estar presente ya sea de manera presencial o virtual a la audiencia, pese a que fue notificado de manera correcta, y dispuso su conducción de grado o fuerza al juicio oral.
Castillo renunció a tener un abogado defensor, señaló haber presentado el día 3 de marzo un escrito donde argumentaba las razones de su rechazo a asistir con su Abogado defensor, «no tiene razón asistir con Abogado a una Audiencia. No me puedo someter a un Juicio Oral donde todo parece estar resuelto. En mi calidad de Presidente de la República secuestrado en el Penal Barbadillo, agradezco a mi abogado Luís Medrano quien me hizo entender que el juicio es una pantomima. No acepto tener Abogado Defensor.»
El motivo de su rechazo se debe a la recusación que Castillo formuló a la Magistrada Norma Carbajal Chávez quien «adelantó opinión», con tal motivo le increpó «A través de mi abogado yo la había recusado a usted porque ha adelantado opinión concerniente a mi detención preliminar y sigue usted juzgándome cuando todo ya está zanjado, no hay razón para tener un abogado.» Argumentó, además, «jamas cometí delito de Rebelión y mis co-acusados nada tienen que ver con lo sucedido el 7 de diciembre. Lo único que hice fue trasladar el deseo del pueblo en un discurso público, un discurso político. Los delitos que se me acusa son ilegales, son anti-constitucionales». Castillo habría seguido en su mitin político sino fuera por el presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, el juez supremo José Neyra Flores, le explico que era un proceso legal y no político. Finalmente, se le asignó un Abogado de oficio y la audiencia continuó su curso. El intento de Castillo de frustrar la Audiencia fue vano.
La representante del Ministerio Público solicitó contra Pedro Castillo una pena privativa de la libertad de 34 años e inhabilitación de 3 años y 6 meses, y contra sus coacusados Betzy Chávez, expremier, 25 años de prisión y 2.6 años de inhabilitación; contra Willy Huerta, exministro del Interior, 25 de prisión y 2.6 de inhabilitación; contra Aníbal Torres, expremier y exasesor presidencial, 15 años de prisión y 2.6 de inhabilitación.
La fiscal adjunta suprema Galinka Meza Salas expuso su acusación relatando prolijamente hechos, delitos y circunstancias contra los siete acusados.
El representante de la Procuraduría General del Estado, Mario Camacho Lazarte, sustentó la reparación civil que los acusados deberán pagar, en caso sean sentenciados, por un monto de hasta 65 millones de soles por daños patrimonial y extrapatrimonial causados al Estado.
Como se recordara, el arresto de Pedro Castillo se desarrolló el 7 de diciembre de 2022 luego de que este intentara asilarse en la embajada de México en Lima, a raíz del fallido intento de autogolpe de Estado de Perú de 2022.
La siguiente Audiencia tendrá lugar el 6 de los corrientes.
