Estados Unidos está sacando a la luz la corrupción en los niveles más altos del sistema de justicia de Ecuador. El Departamento de Estado está señalando públicamente a siete exfuncionarios ecuatorianos por su participación en actos de corrupción significativa vinculados a Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) designadas por la Administración Trump el año pasado. Estas medidas hacen que los siete individuos y sus familiares directos sean, por norma general, inelegibles para ingresar a Estados Unidos.
Pablo Ramírez Erazo, exdirector de la autoridad penitenciaria de Ecuador; Wilman Terán Carillo, exjuez de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador; y Ronaldo Xavier Guerrero Cruz, exjuez penal del Consejo de la Judicatura de Ecuador, abusaron de sus antiguos cargos gubernamentales al aceptar sobornos de bandas vinculadas a organizaciones narcoterroristas. A cambio de dichos sobornos, estos funcionarios interfirieron en procesos judiciales, electorales o públicos en favor de bandas ecuatorianas vinculadas a las FTO designadas: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Choneros y Los Lobos.
Pablo Bolívar Muentes Alarcón, exdiputado de la Asamblea Nacional de Ecuador; María Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta de la Corte Provincial de Guayas; Johann Marfetán Medina, exjuez penal de la Corte Provincial de Guayas; y Mayra Carolina Salazar Merchán, exfuncionaria de relaciones públicas de la Corte Provincial de Guayas, abusaron de sus antiguos cargos públicos al aceptar sobornos a cambio de interferir en procesos judiciales para beneficiar a organizaciones narcoterroristas como Los Choneros y el Cártel de Sinaloa, así como a sus facilitadores criminales.
Las acciones de estos exfuncionarios ecuatorianos constituyeron actos de corrupción significativa y tuvieron graves efectos adversos para la seguridad de Estados Unidos, al alimentar el narcotráfico y perjudicar a las comunidades estadounidenses. Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestro país y negar la entrada a narcoterroristas, a sus facilitadores corruptos y a sus familiares directos. A cualquier funcionario extranjero que abuse corruptamente de su cargo público para obtener beneficios económicos personales: Estados Unidos los localizará y los expondrá.
Estas designaciones públicas se realizan en virtud de la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y Programas Relacionados de 2026 (Div. F, P.L. 119-75) («Sección 7031(c)»). La Sección 7031(c) exige al Secretario de Estado designar, pública o privadamente, a funcionarios extranjeros y a sus familiares directos sobre quienes el Secretario disponga de información creíble de su participación en actos de corrupción significativa o en violaciones graves de los derechos humanos.
