America Latina se prepara para la COP21

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Mientras se llevaba a cabo la reunión de la CELAC en Ecuador para llevar una posición conjunta a la COP21, el Presidente del Perú, Ollanta Humala sostenía una comunicación simultánea, a través de una videoconferencia, con el Presidente de Francia, Francois Hollande; la Canciller de Alemania, Ángela Merkel; el Secretario General de la ONU, Ban ki Moon y los primeros Ministros de Turquía, Ahmed Davutoglu, y de Malta Joseph Muscat, en el marco de las coordinaciones que sostienen los líderes para la realización de la Conferencia de las Partes de la Convención marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), y las reuniones previas.

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En Ecuador, el ministro de Relaciones Exteriores Ricardo Patiño cuando inauguraba la reunión de Cancilleres y Ministros de Ambiente sobre cambio climático de la CELAC, señaló, que este espacio debe servir para pensar, dialogar y tomar decisiones frente a los problemas que ocasiona el fenómeno del Cambio Climático. Retomamos algunos párrafos de su discurso de bienvenida:

“La CELAC, entre tantos temas, debe enfrentar también la problemática del cambio climático, como una de las aristas -tal vez la más estructural- de la crisis del modelo global que nos ha sido impuesto. Necesitamos construir vías alternativas para contrarrestar la crisis ambiental, observándola como una ocasión para cambiar profundamente las relaciones de poder que existen en el mundo, principal factor de injusticia ambiental.

Económicamente, la CEPAL nos indica que la región destinará, durante los próximos 100 años, entre el 1.5 y 5% de su PIB para combatir el cambio climático y sus efectos. Es decir, que nuestras expectativas de erradicar pobreza y capacidad de crear condiciones de vida digna estarán condicionadas por semejante presión.

Los principales causantes históricos de la depredación ambiental no pueden pretender endosarnos su responsabilidad, sobre todo si ello implica atentar contra la necesidad de avanzar en la erradicación de la pobreza y consolidar otras visiones de crecer como sociedades justas, sanas y equitativas.

Por eso, parte de nuestro trabajo regional es hacerle conocer a nuestras poblaciones que el cambio climático es una deuda heredada, que limita nuestra actual capacidad de satisfacer las necesidades de los sectores sociales más vulnerables y que nos hallamos en la encrucijada de vencer la pobreza o gastar recursos para defender el ambiente. Por ejemplo, impedir que nuestra riqueza biológica se reduzca o que la explotación petrolera se haga en las mejores condiciones que la tecnología hoy hace posible.

Todos sabemos que la pobreza no es fruto de la escasez de recursos o de factores naturales; es el resultado de un sistema económico muy bien organizado a través de estructuras de poder que determinan el grado de subdesarrollo en algunas regiones –por su forma de ingreso histórico al capitalismo mundial- y otras cuyo crecimiento está ligado a factores de expansión de un modo de producción –el capitalismo- que anuló formas de reproducción económica y social ancestrales.

Hoy vivimos la peor crisis del sistema expresada en el deterioro del ambiente y sus consecuencias en la vida de la gente. Por eso es urgente comprometerse con objetivos comunes a nivel regional, no solo sobre mínimos de vida sino sobre máximos sociales: el Sumak Kawsay o el Buen Vivir de nuestros pueblos ancestrales. Ello significa trabajar desde los estados para que la gente viva con dignidad y en armonía con sus semejantes, con las diferentes culturas y en equilibrio la con la naturaleza.

La definición política del modelo de sociedad global puede ser leída como el correlato del cambio climático. Estamos en una época en que a pesar de los adelantos tecnológicos y la aparente desmaterialización de la economía, existe un mayor consumo de energía global. Las emisiones se han multiplicado en 3,6 veces en 50 años; esto es, un crecimiento promedio anual de 2,6%. Y si continúa esta tendencia, en menos de tres décadas las emisiones actuales se habrán duplicado.

Los estudios y las evidencias obtenidas indican que el consumo de energía y la generación de emisiones son directamente proporcionales al nivel de ingreso. Esto significa que el efecto consumo domina al efecto eficiencia. Un habitante de los países ricos emite 38 veces más CO2 que un habitante de los países pobres.

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Existen investigaciones realizadas a profundidad que nos llevan a establecer las diferencias en cuanto a los “aportes” a la contaminación global. Por ello nos referimos a este principio creado para establecer diferencias entre las regiones del planeta y sus naciones: las responsabilidades comunes pero diferenciadas.

Ecuador, para este caso, aporta menos del 0,1% del total de emisiones de CO2, pero sufre las consecuencias del cambio climático. A manera de ejemplo, el único pingüino que llega a la línea equinoccial, el pingüino de las Galápagos, está en peligro de extinción, debido al calentamiento de las aguas marinas superficiales. El imponente Cotopaxi, que hoy nos amenaza con erupción, se ha visto reducido en 35-40% de la extensión glaciar en los últimos 50 años.

En el ámbito social, debemos también insistir en que existe daño ambiental relacionado con la pobreza. La pobreza está ligada a zonas de suelos erosionados, a la falta de tratamiento de residuos sólidos, a la afectación de las fuentes de agua por ausencia de saneamiento ambiental e infraestructura sanitaria.

Otro de los grandes problemas que está presente en el planeta es la brecha abismal que existe en la eficiencia energética entre los países ricos y pobres, y que se va incrementando con el pasar del tiempo, en vez de contraerse. Entre 1971 y 2010 su proporción creció entre 4 y 5 veces.

Somos conscientes de que la superación de estas brechas puede lograrse con el acceso al conocimiento, la ciencia y la tecnología. En este campo está presente la disparidad enorme entre países ricos y países pobres. Los países ricos solicitan anualmente 1 millón 360 mil patentes, mientras que todos los países pobres, en conjunto, solicitaron apenas 9 mil 170 patentes.

La denominada migración climática es uno de los efectos más terribles del cambio climático, principalmente sobre las poblaciones de los países más vulnerables: huracanes, tormentas tropicales, sequías, tsunamis e inundaciones. Muchos coinciden que la cifra de “refugiados climáticos” habría superado los 50 millones de personas. Pero las previsiones son catastróficas. Se ha llegado a proyectar que para el año 2050, entre 300 millones y mil millones de personas estarían en esta condición de desplazados por causas del cambio climático.

En cuanto a lo económico, nuestras hermanas naciones caribeñas, por ejemplo, se estima que cerca del 70% de la deuda externa contraída por ellas, está relacionada con las necesidades de prevención y/o de respuesta a los desastres naturales provocados por fenómenos climáticos. Asimismo los países centroamericanos han tenido que destinar ingentes cantidades de recursos para prevenir y enfrentar los desastres climáticos.

No obstante las responsabilidades comunes pero diferenciadas, y el rol que juega el acceso al conocimiento, la ciencia y la tecnología, paradójicamente existe actualmente una nueva e injusta división internacional del trabajo: los países ricos generan un conocimiento que privatizan a través del régimen vigente de propiedad intelectual; a la par, muchos países pobres o de renta media generan bienes ambientales que se consumen gratuitamente.

Sabemos que el conocimiento, en general, es un bien de libre acceso; es decir, su exclusión es técnicamente imposible o muy costosa. Para evitar el libre acceso a ese conocimiento o privatizarlo como un bien, es necesario crear barreras institucionales, crear derechos de propiedad intelectual.

Para dar un ejemplo, los países de la cuenca amazónica también producen bienes de libre acceso −en este caso ambientales−: agua, oxígeno, biodiversidad, que regulan el clima mundial y la supervivencia del planeta. Sin embargo, los mayores contaminadores globales no pagan nada por consumir estos bienes y servicios ambientales.

Es bastante común pensar que la generación y mantenimiento de bienes ambientales no tiene un costo. La realidad es que esa generación puede ser muy costosa, no costos directos, sino costos de oportunidad. Hoy muchos exigen que no se explote el petróleo de la Amazonía. Sin embargo, ello implica un costo inmenso por los ingresos no recibidos y por cada día que transcurre para una comunidad sin agua potable o para la gente que muere debido a enfermedades fácilmente evitables, que son las verdaderas patologías de la miseria.

Solo compensando el consumo de los bienes ambientales no tendríamos necesidad de financiamiento para el desarrollo. En este punto, hay aquí otra idea fundamental para cualquier debate sobre sostenibilidad: la conservación en países pobres no será posible si ésta no genera claras y directas mejoras en el nivel de vida de su población.

El acceso a la ciencia y la tecnología es vital para los países del sur en la lucha contra el cambio climático y contra la pobreza. Es indispensable declarar a las tecnologías que mitiguen el cambio climático y sus respectivos efectos, como bienes públicos globales, para garantizar su libre acceso.

Ecuador como Presidencia Pro témpore de la CELAC propone llevar a Paris, a la COP 21 una propuesta que se sintetiza en los siguientes elementos:

CELAC en una fuerza que empuja los procesos globales para enfrentar las múltiples crisis que persisten a nivel planetario. Tenemos que ser la vanguardia que derrote a la miseria, ser una región que genere conocimientos, ciencia y tecnología, y que adopte la excelencia como norma, es decir, hacer las cosas bien, desde las más simples hasta las más complejas.

¿Qué tipo de acuerdo buscamos? ¿Queremos un nuevo Kioto? El primero sólo buscaba reducir hasta el 2012 el 5% las emisiones relativas al año 1990 y fracasó rotundamente. Después negociamos un segundo periodo de reducciones hasta el 2020 acordado en Sudáfrica y que hasta el día hoy no ha entrado en vigor.

Por eso tenemos el encargo de llevar una propuesta fuerte como región, que ratifique nuestro compromiso, en nombre de nuestros pueblos, de defender la plena aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, su objetivos, principios y normas, para proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones actuales y futuras, sobre la base de la equidad, y de acuerdo al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas.

Reafirmar que asistimos a la COP 21 para demandar la adopción de un acuerdo jurídicamente vinculante, bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, aplicable a todas las partes, y que contribuya a fortalecer la gobernanza ambiental y el régimen climático global, en base al multilateralismo y la transparencia.

En concomitancia con lo anterior, hay que impedir el crecimiento de la Deuda Ecológica antes que tratar de pagarla socializando los costos de la contaminación. Sólo consolidando la lógica del pago de la deuda ecológica avanzaremos en la construcción de nuestros modelos alternativos al desarrollo y eliminaremos la pobreza. Nuestros países necesitan aumentar su inversión social para saldar deudas históricas, poner en práctica políticas y programas que viabilicen los cambios de matriz productiva y energética como lo experimenta el Ecuador. Estamos convencidos que alcanzaremos el 96% de energía renovable al 2017. Tenemos tareas pendientes pero es el resultado de posiciones y decisiones políticas para avanzar en lo social y en lo económico.

Recordemos que Ecuador propuso el concepto de Emisiones Netas Evitadas –ENE- así como el Eco-impuesto Daly Correa para financiar el acceso a la tecnología y a la vez financiar a los países pobres que se encuentran ya sufriendo el cambio climático. ENE persigue incentivos para los países que no contaminen y sigue la filosofía de pagar por conservar. Por su parte, el eco-impuesto Daly- Correa es una opción real de carácter progresivo y redistributivo para generar los recursos que se requiere para una verdadera acción climática. Una tasa del 3% sobre el barril de petróleo originado en países en desarrollo con destinó países desarrollados tiene completa lógica para crear incentivos que afecten el precio relativo de energías y permita la transición para la gran transformación.

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Estas propuestas quieren lograr soluciones estructurales y sostenibles a la crisis climática. Las mismas coinciden con lo que Ecuador ha denominado Cambio de la Matriz Productiva y Energética. Además, como parte del Plan Nacional del Buen Vivir existen claras políticas que promueven las energías renovables, la eficiencia energética y reducen la deforestación, y todas ayudan a reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

A partir de nuestras contribuciones ya alcanzadas, demandamos una vez más a los países desarrollados el cumplimiento pleno de sus compromisos de provisión de financiamiento, y la transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades en favor de los países en desarrollo, garantizando que estos recursos financieros sean nuevos, adicionales, predecibles, accesibles, adecuados y no condicionados.

Hacemos un firme llamado a la comunidad internacional para que se reconozca los esfuerzos de mitigación realizados por los países en desarrollo con el fin de evitar emisiones de forma neta, mantener ecosistemas que contribuyen a la remisión de los efectos del cambio climático; e incorporar estos criterios en la definición de mecanismos de compensación.

Todo lo anterior es una responsabilidad con los millones de refugiados climáticos, con las miles de víctimas cotidianas de las inundaciones, los huracanes, las sequías, la indiferencia y la codicia. Por ellos nos hemos convocado aquí, en la mitad del mundo, para construir una voz común, nuestra propuesta latinoamericana y caribeña, no solo para combatir el cambio climático sino para avanzar en la construcción de un mundo humano y seguro.

A la luz de esta visión, el compromiso político global tiene que asumir el reto de erradicar la pobreza extrema desde la acción climática. No podemos acomodarnos frente al hecho de que seguimos en un mundo de asimetrías que redundan en la reproducción de la pobreza y el incremento de la vulnerabilidad climática. Esa falta de justicia, de justicia climática, también es pobreza.

Hoy es el momento de llevar la voz de los más pobres al debate global de las negociaciones climáticas y así enfrentar los desafíos estructurales que condicionan nuestros procesos de cambios en lo social, lo político, lo económico y lo ecológico.

 

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