Un Consejo de Seguridad para el siglo XXI. Por Jorge Riquelme Rivera y Sebastián Osorio Bunster

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El Consejo de Seguridad representa el núcleo del sistema de seguridad colectivo de la comunidad internacional, pudiéndose calificar como el órgano más importante del sistema de Naciones Unidas y, tal vez, del multilateralismo global. Sin embargo, su accionar ha estado sometido a una serie de críticas, lo que se hizo particularmente patente desde la década de los noventa, cuando el fin de la Guerra Fría dejó al descubierto una serie de conflictos intraestatales invisibilizados y contenidos por el enfrentamiento bipolar. Ante un escenario cada vez más complejo, el Consejo de Seguridad demostraba su incapacidad de reacción ante los graves desastres humanitarios desarrollados en África y la región de los Balcanes.

Los numerosos cuestionamientos han puesto al centro de los debates internacionales la necesidad de reformar el Consejo. Los intentos de reforma de este órgano se han concentrado en consensuar las distintas posiciones de los grupos de interés involucrados en las negociaciones. Las discusiones que se han mantenido en el ámbito multilateral han expresado la diversidad y complejidad de las posiciones, respecto de cuestiones tales como el número de eventuales nuevos miembros y su categoría (permanente, no permanente o transitoria), el derecho a veto y la relación entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, así como entre el Consejo y otros órganos de Naciones Unidas.

Desde los países tradicionalmente entendidos como parte de la periferia se ha señalado al respecto que, con el fin de enfrentar adecuadamente los desafíos del actual escenario internacional, se requiere en el Consejo de Seguridad una representación equitativa, un aumento de los miembros en favor los países en desarrollo y métodos de trabajo más transparentes y participativos, con el objeto de fortalecer el carácter democrático de las Naciones Unidas en su conjunto, así como apoyar sus capacidades, eficacia y legitimidad.

El Consejo de Seguridad, establecido en el marco de la postguerra mundial, poco se ha adecuado al escenario de poder cambiante y disperso que se avizora actualmente en la política y economía internacionales, que expresa notables características multipolares, con un rol cada vez más relevante de los países del Sur. El Informe sobre Desarrollo Humano 2013 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dedicado justamente al “ascenso del sur”, señala que hacia el año 2020 la producción económica combinada de Brasil, China e India superaría el total de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Tal contexto, representa un desafío a los principios por los que se han regido las principales instituciones surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial, como es el caso del Consejo de Seguridad.

En consecuencia, se asiste a un escenario crecientemente equilibrado entre los países tradicionalmente entendidos como parte del Norte y el Sur, con una periferia cada vez más protagónica en los asuntos políticos y económicos mundiales. Sin embargo, esta realidad no ha tenido eco en las tradicionales organizaciones del multilateralismo global, siendo el Consejo de Seguridad, con su estructura básicamente oligárquica, una demostración evidente de aquello.

En la práctica, al analizar la actuación del Consejo de Seguridad durante los últimos conflictos internacionales, pueden extraerse diversas conclusiones. Primero, que resulta un imperativo que la comunidad internacional fortalezca las capacidades de la diplomacia preventiva y evite la inmovilidad del Consejo de Seguridad ante situaciones de crisis y conflicto, como fue evidente durante las tratativas de las situaciones de Ucrania, Siria y, en menor medida, Yemen. La labor preventiva del Consejo debe acentuar su rol en procesos de negociación, investigación y buenos oficios, entre otros mecanismos.

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Otro tema relevante es la necesidad de aumentar la interacción con otros organismos. En los últimos años, el Consejo de Seguridad ha avanzado en la interlocución con otros mecanismos e instituciones para dar respuesta a las amenazas a la paz y seguridad internacionales. Lo anterior quedó reflejado en misiones de características únicas como la misión conjunta entre la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y Naciones Unidas, para la remoción del material químico desde Siria, establecida en 2013, la Misión de Naciones Unidas para la Respuesta de Emergencia al Ébola (UNMEER) en 2014 o la coordinación con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en el monitoreo de la crisis en Ucrania.

Es esperable que la interacción entre el Consejo y otros actores se incremente en los próximos años. El Secretario General se ha referido a las alianzas estratégicas con otras organizaciones, en particular con la Unión Africana, para dar respuestas específicas y tempranas a los conflictos. No debe olvidarse tampoco que gran parte de la agenda del Consejo está focalizada justamente en África. Lo anterior debiese apuntar a favorecer un Consejo más abierto a escuchar a especialistas y revisar informes de otras organizaciones, los cuales poseen conocimientos específicos, de alto valor para una adecuada toma de decisiones.

Junto con lo antes señalado, es necesario realizar un ajuste en los métodos de trabajo. La inclusión de temáticas que no son parte de la agenda del Consejo, a través del ítem Otros asuntos, la interacción entre el Grupo de Trabajo sobre operaciones de paz con los países contribuyentes de tropas y policías a través de consultas informales, las reuniones informativas interactivas de cierre de la Presidencia con representantes de los países no miembros del Consejo, así como el cuestionamiento al uso del veto, en particular frente a crímenes de atrocidades masivas, van configurando un Consejo más inclusivo, transparente y atento a las amenazas emergentes y los nuevos desafíos, aunque aún queda mucho por avanzar.

Desde el mundo del Sur, este tema es relevante, por cuanto es esencial perfeccionar los métodos de trabajo, a fin de alcanzar mayor transparencia, inclusividad y legitimidad en las decisiones que se adopten. Esto implica favorecer una mayor flexibilidad en los debates abiertos, las sesiones mensuales de recapitulación y las fórmulas Arria. El flujo de información, la calidad de las consultas informales y la toma de decisiones pueden verse favorecidas si se alienta un mayor diálogo entre el Consejo, la Secretaría de Naciones Unidas, los países contribuyentes, las agencias especializadas y los Estados respecto de los cuales se esté discutiendo un asunto.

Asimismo, es necesario que exista una adecuada discusión y consenso en los proyectos de resolución, que asegure la legitimidad de las acciones del Consejo. Durante 2015, dos de las más relevantes resoluciones (2231 sobre No proliferación en Irán y 2254 sobre Siria) fueron presentadas por los miembros permanentes, sin someterlas a una discusión previa con los miembros no permanentes.

Respecto al veto, es fundamental limitar (o eliminar) el uso de este, en particular en casos de violaciones graves a los derechos humanos. Esto ha sido promovido por el Grupo ACT (Accountability, Coherence and Transparency) y por una declaración de la Asamblea General promovida por Francia y México. En los últimos años el uso del veto ha impedido avances palpables en la resolución de los conflictos en Siria y entre Israel y Palestina.

Por último, y tal vez lo más relevante, es la necesidad de que la comunidad internacional, no solo a través del Consejo de Seguridad, trabaje en el enfrentamiento de las causas profundas de los conflictos, que se constituyen como factores constantes de desestabilización y violencia, cuya principal víctima es la población civil.

La generación de condiciones duraderas para la paz y seguridad internacionales depende, entre otros elementos, de la mejora de las condiciones de vida material de las sociedades, lo que involucra, por ejemplo, modificar los roles tradicionalmente asignados a los distintos grupos excluidos de las decisiones político-económicas. Por lo demás, promover el desarrollo inclusivo de las zonas en conflicto, como también cambios culturales en las relaciones entre los distintos miembros de las comunidades afectadas, puede generar transformaciones estructurales en estas sociedades. La labor del Consejo de Seguridad debe atender estos puntos con el fin contribuir significativamente a la paz y seguridad.
Ante tamaños desafíos es fundamental que la comunidad internacional actúe cooperativamente en una reforma del Consejo que resulta urgente, de manera de poder dar una respuesta rápida, integral, legítima y eficaz, a los más grandes desafíos actuales que enfrentan las sociedades, como son los desastres humanitarios derivados de graves atrocidades contra los derechos humanos.

AUTORES

(*) Jorge Riquelme Rivera es Doctor © en Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de La Plata); Magister en Estudios Internacionales (Universidad de Chile) y en Ciencias Militares (Academia de Guerra del Ejército de Chile). Graduado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, Estados Unidos. Sus trabajos han aparecido publicados en numerosas revistas especializadas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela, entre otros.
(*) Jorge Riquelme Rivera es Doctor © en Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de La Plata); Magister en Estudios Internacionales (Universidad de Chile) y en Ciencias Militares (Academia de Guerra del Ejército de Chile). Graduado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, Estados Unidos. Sus trabajos han aparecido publicados en numerosas revistas especializadas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela, entre otros.
(*) Sebastián Osorio Bunster es diplomático chileno. Profesor de Historia y Geografía por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE).
(*) Sebastián Osorio Bunster es diplomático chileno. Profesor de Historia y Geografía por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE).

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