SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN ARGENTINA – INVESTIGACIÓN parte I. por Gustavo Arrighi y Diana Martí

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Contando con la colaboración de la Investigadora Lic. Diana Martí

Restablecida la democracia la vigencia del estado de derecho comenzó a instalarse lentamente. Fue difícil comenzar a transitar un camino que, aunque favorable, se sabía arduo y complejo. A la fecha no se ha avanzado lo suficiente en el área de responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y las cárceles argentinas no han demostrado demasiados cambios en relación con sus prácticas operadas durante los años de la dictadura.

Los problemas que afectan a las personas privadas de libertad en Argentina coinciden, en general, con aquellos sufridos en América Latina. La violencia física y psicológica ejercida en cárceles hacia los reclusos y sus familiares ha dado por resultado pérdidas de vidas y de motivaciones para sobrevivir dignamente. Cada cárcel termina ejerciendo la lógica de la violencia en un sistema cuya única alternativa es la de sostener la lógica de la supervivencia.

Los ejes en los que se identifican irregularidades en las condiciones de reclusión son:

  • Corrupción
  • Torturas, muerte y hostilidad institucional
  • Condiciones de detención
  • Hacinamiento y superpoblación

Lo anterior forma parte de un esquema complejo, consecuencia directa de –o agravado por– un conjunto de problemas frecuentes que incluyen falta de acceso a los servicios básicos. Tales circunstancias se han visto desmejoradas por las demoras en las condenas judiciales y el recurso excesivo a la prisión preventiva y al procesamiento.

Las condiciones de reclusión han sido criticadas repetidamente en los informes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que ha instado a los gobiernos nacional y provinciales a actuar sobre sus recomendaciones para evitar nuevas tragedias. Pese a los esfuerzos llevados a cabo por diferentes ONG no se han adoptado suficientes medidas para garantizar que las condiciones de detención cumplan con la normativa internacional.

Si bien Argentina fue uno de los primeros países en haber participado activamente en el proceso del tratamiento y firma del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas rubricado en diciembre de 2002 –cuyo Protocolo fue aprobado en el país por Ley Nº 25.932, ratificado en 2004 y entrado en vigor en junio de 2006– el sistema implicado dentro del régimen penitenciario no logró ajustarse al mandato de la ley. Podemos afirmar que aún cuando Argentina se erigió como suscritora de estándares internacionales a favor de los derechos de las personas privadas de libertad, hoy en día quedan remanentes que implantan políticas penales que vulneran esos mismos derechos en forma metódica.
No obstante, cabe destacar que ninguno de los países de Suramérica ha establecido un mecanismo nacional de prevención para la prevenir la tortura como exige el Protocolo.

De acuerdo con datos del Centro Internacional de Estudios Carcelarios (www.prisonstudies.org) la tasa de encarcelamiento de Argentina es de 154 prisioneros cada 100.000 habitantes, similar a España o a Australia, y los tres países de América Latina (1), con excepción de Cuba, con más altas tasas son Uruguay con 281 presos, Brasil 274 y Chile con 266 por cada 100.000 habitantes.

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(1) Según Elías Carranza, Director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de los Delincuentes (ILANUD), órgano de las Naciones Unidas con sede en Costa Rica, la mayoría de los países han duplicado sus tasas, muchos han triplicado y algunos están al borde de la cuadruplicación pero la tendencia sería más fuerte en los países de bajos y medianos ingresos, lo cual es el caso de América Latina.

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El sistema penitenciario argentino ha más que duplicado su tamaño entre los años 1996 y 2010. Entre esas fechas la población carcelaria absoluta aumentó de 25.000 a 60.000 personas y la tasa de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes pasó de 71,5 a 154. Más de la mitad de estos presos, no contando los detenidos en las comisarías sin condena, están encerrados en provincia de Buenos Aires.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA POR PROVINCIA (2003-2008) fuente: Ministerio de Justicia de la Nación

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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA POR PROVINCIA (2008-2013) fuente: Ministerio de Justicia de la Nación

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Porcentaje de aumento de población carcelaria argentina en 10 años: 19%

Condiciones de los reclusos

La rehabilitación de los delincuentes es un concepto ajeno que se caracteriza por condiciones de vida muy complejas. Los guardias son pocos, sin preparación y mal pagos, por lo que los presos establecen sus propias normas de convivencia dentro de la prisión. Esta realidad significa que la mayoría de los reclusos, especialmente los noveles y los jóvenes, no tengan otra salida que someterse a los mandatos de los criminales más antiguos y, con el tiempo, se adapten a las normas y a los códigos de conducta de la cárcel. En este sentido, las prisiones terminan convirtiéndose en escuelas de delito. Y no se trata solamente de la violencia entre los internos sino, también, la ejercida por el personal de la prisión.

Otra de las preocupaciones más serias de los organismos internacionales, regionales y no gubernamentales que abordan esta temática refieren al gran hacinamiento sufrido en las cárceles, símbolo de violencia institucional y fruto de la corrupción traducida en degradación de la calidad de vida del colectivo carcelario interno y de sus familiares.

La falta de nutrientes en las comidas diarias, de colchones para descanso (que en general no cumplen con la normativa de ser ignífugos), de medicamentos para atender a los enfermos, de una infraestructura acorde a las necesidades de los individuos convierte a cada persona privada de su libertad en el último eslabón de la cadena de exclusión.

Actualmente las políticas penales y de seguridad indican dos problemas:

  • La sistematicidad, permanencia y generalización del maltrato y de la tortura a los presos por parte de fuerzas de seguridad y de custodia;
  • La falta de acceso a la información pública sobre las agencias del sistema penal y su funcionamiento

A la promulgación de la Ley Nº 25.932, mencionada anteriormente, sumamos la reglamentación, en 2014, de la Ley 26.287 (año 2013) sobre la creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles. Pese a su promulgación no se ha verificado, hasta el momento, que el servicio penitenciario haya invertido en campañas con programas de prevención y rehabilitación dentro y fuera de las células de la prisión, impulsado iniciativas contra la corrupción para entrenar a los guardias de las prisiones y mejorado sus salarios ya que los bajos sueldos son propensos al soborno.

Desde el punto de vista jurídico penal y de seguridad también incluimos la ausencia de controles jurisdiccionales sobre patrullas urbanas y policías de territorio –policía metropolitana, gendarmería y prefectura naval– y de personal en las ya existentes –policías federal y bonaerense– respecto de sus prácticas; la diversificación de las facultades policiales y la discusión sobre códigos contravencionales y el uso confuso de la prisión preventiva y de los juicios abreviados así como el incremento de escalas penales y la modificación de figuras delictuales con grave producción de inseguridad jurídica sumado a la vulneración en el derecho de acceso a la justicia.

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Gustavo Arrighi
Es Licenciado en Administración de Empresas. Ex Secretario de Relaciones Internacionales del PARLASUR (2008-2013). Co-Secretario en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana –EUROLAT- (2009-2013). Actualmente Secretario por Latinoamérica del Foro de la Mujer de EUROLAT. Candidato a Parlamentario del Mercosur (2015).

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