Perú debe reforzar protección a fiscales y jueces ante posibles interferencias políticas, afirma Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE tras Misión de Alto Nivel en Lima
El 21 y 22 de enero de 2025, una Misión de Alto Nivel del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE llegó a Lima para abordar temas relacionados con la independencia judicial y fiscal en el Perú. La Misión se enmarca en la implementación de la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, de la cual el Perú es Parte desde julio de 2018. De conformidad con el artículo 5 de esta Convención, las Partes están obligadas a prevenir la influencia indebida en la investigación y el procesamiento de casos que involucren cohecho de servidores públicos extranjeros.
El Grupo de Trabajo sobre Cohecho está integrado por los 46 Estados Partes de la Convención Anticohecho, entre ellos Perú. Este Grupo supervisa la implementación de la Convención por parte de sus Estados miembros. Su decisión de enviar una Misión de Alto Nivel a Lima para reunirse con altos funcionarios fue motivada por preocupaciones sobre la independencia judicial y procesal. La misión estuvo encabezada por la Presidenta del Grupo de Trabajo, Kathleen Roussel, acompañada por varios delegados del grupo.
El Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Cohecho ha expresado su preocupación por los acontecimientos que podrían poner en peligro la independencia judicial y de los fiscales en el Perú durante las reuniones con altos funcionarios peruanos de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, entre ellos el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Presidente del Poder Judicial, el Presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, así como el Presidente y el Vicepresidente del Congreso, y altos miembros tanto de la Comisión de Justicia como de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
El Grupo de Trabajo observa que, desde 2023, algunos fiscales del Equipo Especial Lava Jato, una unidad anticorrupción creada en 2016 para coordinar las investigaciones del Perú sobre los sobornos vinculados al escándalo Lava Jato de Brasil, han sido objeto de procedimientos disciplinarios e investigaciones fiscales mientras seguían ocupando sus cargos y desempeñando sus funciones.
Durante el mismo período, también se introdujeron iniciativas para inhabilitar a ciertos miembros de la Junta Nacional de Justicia, junto con una propuesta legislativa para reemplazar la Junta por una Escuela Nacional de la Magistratura. Esta propuesta debe evaluarse cuidadosamente para evitar posibles impactos en la transparencia y rendición de cuentas en los procesos de nombramiento y disciplina de jueces y fiscales. De manera similar, las recientes reformas al marco legal del Perú en materia de acuerdos de cooperación y extinción de dominio podrían socavar la capacidad de los fiscales para perseguir a los responsables de actos de corrupción.
Estos acontecimientos suscitan inquietudes sobre la capacidad de investigar casos de soborno internacional, como lo exige la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales.
“Apreciamos la disposición de los funcionarios de los tres poderes del gobierno peruano para reunirse con nosotros y discutir nuestras serias preocupaciones”, dijo Kathleen Roussel, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Cohecho. “Perú ha logrado grandes avances en la lucha contra la corrupción, incluyendo el lanzamiento de varias investigaciones de alto perfil por corrupción en los últimos años contra altos funcionarios. Para mantener este impulso, es esencial que Perú tome medidas proactivas para proteger a los fiscales y jueces de la interferencia política”.
Posteriormente, el señor Eduardo Melchor Arana Ysa, Ministro de Justicia y Derechos Humanos , manifestó: “Es una preocupación permanente del Estado peruano buscar una mejor administración de justicia. El Perú es un país democrático que respeta la separación de poderes y la institucionalidad que está consagrada en nuestra Constitución Política, así como en los tratados internacionales. Hemos hecho todos los esfuerzos para garantizar que ustedes tengan la mayor independencia durante sus reuniones. Estamos seguros que la misión, en los próximos meses, realizará una evaluación adecuada, en base a la información recabada”.
El Grupo de Trabajo evaluará la próxima vez que Perú implemente la Convención en diciembre de 2026.
