La Asociación Público Privada (APP), es un mecanismo entre el Estado y el sector privado para efectuar actividades asociadas a la realización de infraestructuras. Mediante un contrato de largo plazo, se estipulan los términos de retención y transferencia del riesgo entre el sector público y el sector privado, al igual que la definición de los mecanismos de pago.
En Chile, con el objetivo de superar el déficit de infraestructura a comienzos de los años 90, se invitó a empresas extranjeras y nacionales a invertir bajo la modalidad de contratos de concesión. En este sentido, se destaca el programa de concesiones de infraestructura portuaria y ferroviaria que en conjunto alcanza una inversión de alrededor de US$ 500 millones.
La OCDE, en el 2017, recomendó a Chile que, para sostener su crecimiento económico, debería promover además de otros factores, la asociación público privada, cuya inversión impulsaría también la investigación y el desarrollo del país (I+D). Actualmente, Chile está trabajando en un proyecto de fibra óptica, bajo la modalidad de APP, el cual permitirá conectar las zonas más aisladas del país.
Las Asociaciones Públicos Privadas en Colombia se remontan a los años 90, período en el que este esquema de participación público-privada se presentó en los sectores de energía y telecomunicaciones. Mientras que en los años 1994 – 2007 se realizaron tres concesiones viales, privatización de puertos y concesiones de aeropuertos a nivel nacional.
El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, se realizó con la finalidad de consolidar el esquema de APPs permitiendo una mejor gestión de infraestructura productiva y su impulso en los sectores sociales. En la actualidad, las APPs están ayudando a modernizar la infraestructura educativa colombiana. A través del Ministerio de Educación Nacional, junto a instituciones financieras, se llevaron a cabo las coordinaciones para el mantenimiento y construcción de infraestructuras educativas en la ciudad de Medellín.
México inicia los primeros esquemas de concesiones en 1980, siguiendo la experiencia del Reino Unido. En el 2003, el marco jurídico mexicano se adaptó al británico, denominándose “Proyectos para Prestación de Servicios”. Los primeros proyectos bajo este marco, dos carreteras y un hospital se realizaron en 2004. En el 2012 se publica la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP).
En marzo de 2017, la Secretaría de Hacienda informó que se realizarían 12 proyectos de infraestructura de carreteras y del sector hospitalario bajo APPs, equivalente a US$ 1,172 millones. Para el 2018, se espera otro bloque de 18 proyectos bajo este mismo esquema, cuya inversión ascendería a US$ 1,938 millones.
En el Perú, en el período de 2011-2017, la inversión de los proyectos adjudicados bajo la modalidad de APPs es de US$ 16,000 millones. Los principales sectores económicos fueron telecomunicaciones, electricidad, transporte, turismo, hidrocarburos, saneamiento, irrigación y penitenciarios.
En el periodo 2018 – 2021, se espera adjudicaciones de alrededor de 68 proyectos bajo la modalidad de APPs, cuyo monto de inversión asciende a más de US$ 12,118 millones y en el presente año se tienen planeados 18 proyectos, que estarían alrededor de los US$ 4,518 millones.
