La llegada del COVID-19 se ha convertido en un evento sin precedente que tomó por sorpresa a la región latinoamericana. Ante esta situación, la gran mayoría de los países de la región han tomado un conjunto de medidas sociales y económicas, de manera inmediata, para afrontar este suceso.
Los acuerdos tomados por Perú para combatir el COVID-19, ascienden a más de US$ 25,000 millones (12% del PBI nacional), el paquete fiscal más grande de la región, actualmente. En este conjunto se destacan el subsidio monetario a familias vulnerables de US$ 110, un subsidio a planilla para empleadores del sector privado, la liberación de hasta US$ 690 de los fondos de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) de cada trabajador, la distribución de alimentos de primera necesidad por parte de todos los municipios del país y la liberación de US$ 580 de los fondos de pensiones.
Chile posee un conjunto de resoluciones fiscales que ascienden a US$ 11.750 millones (4.7% del PBI nacional), que apoyarían el empleo y la liquidez de las empresas. Entre las principales se tienen: aplazamiento de impuestos, provisión de liquidez a la pequeña y mediana empresa (PYME), subsidios a familias (US$ 119), prestaciones por desempleo y un mayor gasto sanitario.
El gobierno de Brasil ha decidido un grupo de medidas fiscales de apoyo temporal a familias vulnerables, el incluir a un millón de beneficiarios más en el programa Bolsa Familiar. También consideró pertinente adelantar el pago de pensiones a jubilados, transferir efectivo a trabajadores informales y desempleados; y establecer el pago anticipado de salarios a trabajadores de bajos ingresos. Además, han realizado exenciones al pago de impuestos y líneas de crédito, con la finalidad de proteger el nivel de empleo. Todas ellas representan el 3.5% del PBI nacional, aproximadamente.
En Argentina, la propuesta para combatir el coronavirus está referida al bono extraordinario dirigidos a jubilados (US$ 47), un ingreso familiar de emergencia (US$ 155), la rebaja de contribuciones patronales (pago de seguridad social), el establecimiento de precios máximos a los bienes de primera necesidad, regulaciones laborales, entre otros. Así, el conjunto de las políticas establecidas por Argentina estaría costando alrededor de un 1% del PBI nacional.
El gobierno de México ha dirigido sus acuerdos fiscales a cubrir las necesidades del Ministerio de Salud, referente a la compra de recursos y materiales médicos; el pago anticipado de pensiones; la creación de un fondo de emergencia de salud, los cuales representarían aproximadamente 0.7% del PBI nacional.
Colombia, anunció un apoyo presupuestario adicional para adquirir equipos médicos; una nueva línea de crédito para brindar liquidez a las empresas del sector turismo; un retraso en la recaudación tributaria tardía para los sectores turismo y aéreos; además de transferencias para grupos vulnerables (US$ 100 por familia). El impacto fiscal, que tendrán estas políticas estará situado en un rango de 0.3% y 0.5% del PBI nacional.