En una reciente entrevista, Axel Kaiser —abogado, académico, escritor y columnista chileno, conocido por su defensa de los principios de la escuela austríaca de economía y actual investigador senior del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University— trazó un diagnóstico severo sobre la situación de Chile y delineó las medidas que, a su juicio, debería adoptar el nuevo gobierno de José Antonio Kast.
Según Kaiser, “Chile lleva más de una década de decadencia, casi sin crecimiento económico”. Sostuvo que el gobierno de Gabriel Boric registró “el crecimiento promedio más bajo desde el retorno a la democracia”, que, ajustado per cápita, “es cercano a cero”, y que el país atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. A su juicio, Chile vive “el peor momento en materia de seguridad de su historia”, en parte por decisiones del propio gobierno de Boric y de una izquierda que, según él, “facilitó la instalación del crimen organizado”, al debilitar el control fronterizo, limitar la acción policial e impedir una respuesta más firme de las Fuerzas Armadas en los estados de excepción.
Kaiser afirmó que durante el actual gobierno han aparecido fenómenos criminales que antes no formaban parte del paisaje chileno: “secuestros, homicidios, descuartizamientos”, en una escala aún distinta a la mexicana, pero inédita para la experiencia nacional. A ello suma el deterioro en materia migratoria. Recordó que Chile, con una población de 20 millones de habitantes, alberga hoy cerca de 2 millones de inmigrantes, un porcentaje importante de ellos en condición irregular, lo que —según su lectura— ha agravado la presión sobre el sistema y favorecido la expansión de redes delictivas.
Sin ser un espejo exacto, el Perú se aproxima peligrosamente a algunos de estos síntomas. Si logramos liberarnos del legado de Pedro Castillo y del vaciamiento institucional posterior, el paralelismo resulta inquietante. Con Dina Boluarte se consolidó una forma de indiferencia presidencial que inauguró —y luego normalizó— un periodo de inseguridad ciudadana creciente, mientras la población, en muchos casos, ha optado por la evasión como único recurso para sostener una vida mínimamente pacífica frente al desconcierto político.
Si bien la economía peruana continúa avanzando por una suerte de “cuerda separada”, lo que permite conservar una relativa sensación de estabilidad, esa misma desconexión no impide el aumento de la criminalidad: se multiplican los ataques contra quienes sostienen el transporte público, así como los robos y la violencia cotidiana que golpean directamente a la ciudadanía.
Kaiser advirtió además que Chile enfrenta un récord de déficit fiscal y una deuda pública superior al 40 % del PBI, un nivel que, para un país con la tradición de disciplina fiscal chilena, ya representa una zona crítica. Según su análisis, el nuevo gobierno no tendrá demasiado margen de maniobra si no encara un ajuste serio y rápido.
Uno de los puntos más sensibles de su diagnóstico es el crecimiento del aparato estatal. Kaiser denunció que, en la última década, Chile pasó de tener entre 500 mil y 600 mil funcionarios públicos a superar el millón, lo que, a su juicio, expresa una expansión burocrática descontrolada. Para él, ese sobredimensionamiento del Estado no solo es financieramente insostenible, sino que constituye un síntoma de una política que ha preferido la contratación masiva antes que la eficiencia, cargando sobre los contribuyentes el costo de un gasto público crecientemente improductivo.
En ese punto, el espejo con el Perú se vuelve particularmente inquietante. También aquí el crecimiento del aparato estatal, la superposición de cargos, la colonización política de instituciones y el uso del presupuesto como mecanismo de fidelización han debilitado la capacidad del Estado para servir al ciudadano y han alimentado una burocracia que muchas veces parece funcionar al margen de toda noción de responsabilidad.
Para Kaiser, el nuevo gobierno de Kast deberá actuar con decisión. Sostiene que es posible recortar una parte importante del gasto, eliminando programas sociales mal evaluados, racionalizando estructuras sobredimensionadas y corrigiendo lo que define como un colapso de la “honestidad del gasto público”, marcado por corrupción, despilfarro y falta de transparencia. A su juicio, la magnitud del problema exige medidas firmes y no simples ajustes cosméticos.
Su crítica se extiende también al legado ideológico de la centroizquierda y la izquierda chilena, a las que acusa de haber intentado erosionar el modelo económico liberal en nombre de una retórica igualitaria que, según él, no se condice con el estilo de vida de muchas de sus élites dirigentes. En esa línea, señala una contradicción entre el discurso anti-neoliberal y una práctica de privilegio, consumo y cercanía con estructuras internacionales financiadas por los propios contribuyentes.
A pesar de la dureza del diagnóstico, Kaiser manifestó un optimismo prudente respecto al nuevo gobierno. Considera que la administración de José Antonio Kast será, al menos, mejor que la de Boric, a la que define como “una catástrofe”, aunque advierte que el éxito dependerá de la voluntad real de ejecutar las reformas prometidas y no ceder ante la tentación de la moderación cuando el país exige correcciones de fondo.
En el plano internacional, se mostró incluso más optimista. Sostiene que la eventual caída del régimen de Nicolás Maduro, junto con el cambio político en Chile y otros movimientos en la región, podría reconfigurar el mapa geopolítico latinoamericano. En su visión, el nuevo gobierno chileno se alineará con mayor claridad con el eje occidental encabezado por Estados Unidos, alejándose de la política exterior del gobierno de Boric, al que acusa de haber acercado al país a regímenes como Venezuela, Cuba o Irán, además de fortalecer vínculos políticos con China.
Kaiser advierte, sin embargo, que el problema con China no es meramente comercial. Reconoce que el comercio bilateral seguirá siendo inevitable, pero subraya que la cuestión central es política y estratégica: la creciente influencia china en sectores sensibles de la economía y en espacios de poder interno. Según su análisis, Chile debería mantener sus relaciones económicas con Beijing, pero evitar que esa relación derive en una subordinación política o en una penetración estructural de sus decisiones soberanas.
En esa misma línea, vincula la crisis regional con la proyección internacional del régimen venezolano y con la presencia de redes criminales y políticas que, a su juicio, han encontrado espacios de expansión en varios países latinoamericanos. De ahí que interprete una eventual caída de Maduro no solo como un hecho interno venezolano, sino como un golpe al ecosistema político y criminal que ha alimentado la desestabilización regional en los últimos años.
Un factor adicional que, según Kaiser, agrava el cuadro chileno es la presión migratoria. Con cerca de 2 millones de inmigrantes en un país de 20 millones de habitantes, Chile experimenta una transformación demográfica acelerada. Entre el 38 % y el 42 % de esa población migrante sería de origen venezolano, concentrada en buena medida en el norte del país, donde —según su lectura— el crecimiento del flujo migratorio ha coincidido con focos de narcotráfico, secuestros y criminalidad organizada.
No se trata de trasladar mecánicamente el caso chileno al Perú. Pero sí de advertir que, cuando la inseguridad se normaliza, la burocracia se expande, la política se encapsula y el Estado deja de proteger con eficacia a los ciudadanos, los síntomas comienzan a parecerse peligrosamente. Chile, que durante décadas fue visto como un ejemplo de estabilidad, hoy aparece ante los ojos de Kaiser como una advertencia. El Perú, donde la degradación institucional lleva más tiempo y ha penetrado más hondo, haría bien en mirarse en ese espejo antes de que la costumbre termine por anestesiarlo todo.
