México debe actuar con vigor la Convención anti-corrupción de la OCDE

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Quien analiza la situación socio-económica de México, llega a la conclusión que sus instituciones judiciales no son rival para la corrupción generalizada ni para los poderosos cárteles transnacionales que dominan partes del país.

A corroborar esta situación, es la OCDE quien señala que México debe dar más prioridad a la aplicación de sobornos en el extranjero, ya que aún no ha procesado un caso relacionado con el soborno de funcionarios públicos extranjeros 19 años después de ratificar la Convención contra el soborno de la OCDE. Esto, para la OCDE, es motivo de gran preocupación, especialmente dada la naturaleza impulsada por las exportaciones de la economía mexicana, y porque sus exportaciones incluyen sectores de alto riesgo para la corrupción, como son los productos extractivos, manufacturas y agrícolas.

El Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el soborno acaba de completar su evaluación de la Fase 4 sobre la implementación en México de la Convención sobre la lucha contra el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales e instrumentos relacionados.

El informe destaca varias reformas luego de la enmienda constitucional que resultó en el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto podría mejorar la implementación de la Convención, una vez que esté en pleno funcionamiento.

Por lo tanto, el informe hace recomendaciones para implementar con urgencia estas reformas de la siguiente manera:

  • Nombrar un Fiscal Especial Anticorrupción, designar jueces para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, nombrar al Fiscal General de conformidad con el nuevo mecanismo constitucional e implementar el nuevo Protocolo contra el soborno.
  • El informe también hace recomendaciones para:
  • Asegurar de inmediato los recursos adecuados para investigar y procesar casos de soborno en el extranjero, en particular los cuatro que están en curso, y para la ejecución de sobornos en el extranjero por parte de la Oficina del Fiscal Especial para Delitos Relacionados con la Corrupción, una vez que esté en funcionamiento.
  • Reforzar de manera significativa las medidas para detectar sobornos extranjeros, incluso mediante: la identificación de pagos de sobornos ocultos como gastos permitidos a efectos fiscales; la identificación de los ingresos por sobornos a través del sistema de lucha contra el lavado de dinero de México; mejoras en el intercambio de información entre agencias que pueden detectar sobornos extranjeros y las autoridades policiales; y la aclaración de las obligaciones de presentación de informes de los contadores y auditores que descubren el soborno en el extranjero.
  • Promulgar protecciones a los denunciantes para los empleados del sector público y privado que informen de buena fe y por motivos razonables de presuntos actos de soborno en el extranjero a las autoridades competentes.
  • Fortalecer el régimen de responsabilidad corporativa recientemente reformado, incluso al aclarar las circunstancias que provocan la responsabilidad por soborno en el extranjero y hacer que se aplique a las empresas de propiedad estatal.

El informe también reconoce que México implementó con éxito las recomendaciones de su evaluación de la Fase 3 en 2011, incluida la modificación del delito de soborno en el extranjero para que se aplique a los casos de terceros beneficiarios, garantice que las empresas puedan ser responsables de soborno en el extranjero sin procesar ni condenar a la organización. los perpetradores individuales, aumentan las sanciones máximas por infracciones contables y aclaran que los sobornos no son deducibles de impuestos. También reconoce como logros positivos la nueva recopilación de estadísticas judiciales del Consejo Judicial Federal, que proporciona información completa sobre la aplicación de sobornos en el extranjero, y la introducción de la responsabilidad del sucesor en el marco de responsabilidad corporativa penal de México, que también se destaca por su amplia variedad de formas. de reestructuración empresarial.

El Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el soborno, compuesto por 44 países, adoptó el informe el 10 de octubre de 2018, incluidas las recomendaciones hechas a México en las páginas 56-61. De acuerdo con los procedimientos estándar, se invitará a México a presentar un informe escrito en dos años (octubre de 2020) al Grupo de Trabajo sobre los pasos tomados para implementar estas recomendaciones. En ese momento, el Grupo de Trabajo decidirá si es apropiado programar una evaluación adicional para evaluar el progreso de las reformas que aún no están operativas. La OCDE, que trabaja con más de cien países, es un foro de políticas globales que promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo.

El informe, es disponible en http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-Mexico-Phase-4-Report-ENG.pdf

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