Consejo de Seguridad: Iniciativa Peruana es Resolución de las Naciones Unidas

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El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Néstor Popolizio, adoptó, el 19 de Julio de los corrientes, por unanimidad una resolución sobre los vínculos entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada, importante iniciativa peruana que fuera endosada por la comunidad internacional.

El Perú, que ha sufrido las manifestaciones de estos vínculos -principalmente de la colaboración del narcotráfico con grupos terroristas-, ha impulsado a lo largo de su actual período en el Consejo una serie de acciones destinadas a profundizar el conocimiento de la naturaleza y alcance de dichos vínculos, con el fin de identificarlos, prevenirlos y desarticularlos.

Con la adopción de esta resolución, la comunidad internacional dispone de una nueva herramienta para enfrentar ese gran desafío y amenaza para la seguridad, en consonancia con las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional, en particular del derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, y el derecho de los refugiados.

La resolución del máximo órgano político de las Naciones Unidas pone de relieve las conexiones existentes entre el terrorismo y el tráfico de drogas, el tráfico de armas y la trata de personas, así como otros delitos, como el tráfico ilícito de recursos naturales, de metales y de minerales.

Del mismo modo, resalta la necesidad de fortalecer la gestión de las fronteras, de efectuar mayor coordinación de investigaciones transfronterizas en casos de vinculaciones entre terrorismo y delincuencia organizada, y de mejorar el intercambio de información al interior de gobiernos, entre autoridades públicas y privadas, y a escala internacional.

El Perú, miembro electo del Consejo de Seguridad para el período 2018-2019, es el actual Presidente de dicho Órgano durante el mes de julio. Asimismo, durante todo el bienio, el Perú preside el Comité Contra el Terrorismo dimanante de la resolución 1373 (2001).

 

Reafirmando la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 y sus protocolos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, y los convenios y protocolos internacionales contra el terrorismo,

Acogiendo con beneplácito los constantes esfuerzos realizados por la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y la Comisión de Estupefacientes para promover la cooperación internacional contra la delincuencia organizada transnacional, la corrupción, el tráfico de drogas, la trata de personas, el blanqueo de dinero, el terrorismo y otros delitos que puedan, en algunos casos, servir de apoyo directo o indirecto al terrorismo, así como para prestar asistencia a los Estados Miembros a este respecto en el marco de sus respectivos mandatos,

Expresando su preocupación por el hecho de que los terroristas puedan beneficiarse de la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional, como fuente de financiación o apoyo logístico, reconociendo que la naturaleza y el alcance de los vínculos entre el terrorismo y la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional, varían según el contexto, y poniendo de relieve la necesidad de coordinar las actividades a nivel local, nacional, subregional, regional e internacional para responder a este desafío, de conformidad con el derecho internacional, incluso promoviendo la cooperación jurídica internacional, cuando corresponda,

Reconociendo, a este respecto, que los terroristas pueden beneficiarse de la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional, como el tráfico de armas, drogas, objetos artísticos y bienes culturales y la trata de personas, el comercio ilícito de recursos naturales como el oro y otros metales preciosos y gemas, los minerales, el carbón vegetal y el petróleo, el tráfico ilícito de especies de fauna y flora silvestres y otros delitos que afectan al medio ambiente, así como de la utilización indebida de empresas comerciales legítimas, organizaciones sin fines de lucro, donaciones, la microfinanciación colectiva y el producto de actividades delictivas, como el secuestro a cambio de rescate, la extorsión y los atracos a bancos, entre otras, así como de la delincuencia organizada transnacional en el mar,

Condenando enérgicamente la constante circulación de armas, incluidas armas pequeñas y armas ligeras, equipo militar, sistemas de aeronaves no tripuladas y sus componentes, y componentes de artefactos explosivos improvisados hacia y entre el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL, también conocido como Dáesh), AlQaida, sus afiliados y grupos asociados, y grupos armados y delictivos, y alentando a los Estados Miembros a que prevengan y desarticulen las redes de adquisición de tales armas, sistemas y componentes entre el EIIL (también conocido como Dáesh), AlQaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas,

Poniendo de relieve que la presencia combinada del terrorismo, el extremismo violento que conduce al terrorismo y la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional, puede exacerbar los conflictos en las regiones afectadas y contribuir a debilitar a los Estados afectados, concretamente su seguridad, estabilidad, gobernanza y desarrollo social y económico, y observando que los grupos de delincuencia organizada y los terroristas que se benefician de la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional, pueden complicar la labor de prevención y solución de los conflictos en algunos casos y en ciertas regiones,

Seriamente preocupado por los ataques perpetrados por grupos terroristas, como los que se benefician de la delincuencia organizada, incluidos los cometidos contra el personal de las Naciones Unidas,

Reafirmando su compromiso con la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de todos los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, y destacando que los Estados Miembros tienen la responsabilidad primordial de contrarrestar los actos terroristas y el extremismo violento que conduce al terrorismo,

Reafirmando que los Estados Miembros deben asegurarse de que cualesquiera medidas adoptadas para contrarrestar el terrorismo cumplan todas sus obligaciones en virtud del derecho internacional, en particular el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario, recalcando que el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el estado de derecho, junto con las medidas antiterroristas eficaces, son complementarios y se refuerzan mutuamente y son esenciales para el éxito de la lucha contra el terrorismo, observando la importancia de respetar el estado de derecho a fin de prevenir y combatir eficazmente el terrorismo, y haciendo notar que el incumplimiento de esas y otras obligaciones internacionales, incluidas las que impone la Carta de las Naciones Unidas, es uno de los factores que contribuyen al aumento de la radicalización conducente a la violencia y propicia la sensación de impunidad,

Recalcando la necesidad de que los Estados Miembros fortalezcan, cuando proceda, su capacidad en materia de justicia penal, aplicación de la ley y control de las fronteras y desarrollen su capacidad de investigar, perseguir, desarticular y desmantelar las redes de tráfico y trata a fin de abordar los vínculos que existen entre el terrorismo y la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional,

Recordando que ha instado a los Estados Miembros a que apliquen plenamente el Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos y el Instrumento Internacional de Localización a fin de ayudar a impedir que los terroristas adquieran armas pequeñas y armas ligeras, particularmente en zonas de conflicto y posconflicto,

Alentando a los Estados Miembros a que reúnan información pertinente y sigan detectando, analizando y contrarrestando cualquier vínculo existente, creciente o potencial, según el caso, entre la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional, las actividades ilícitas relacionadas con las drogas, el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, a fin de mejorar las respuestas de la justicia penal a esos delitos, y exhortando a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a que, en el marco de sus mandatos pertinentes, apoye la labor en ese sentido de los Estados Miembros que lo soliciten,

Destacando que el desarrollo y mantenimiento de sistemas de justicia penal imparciales y efectivos debe ser uno de los cimientos fundamentales de toda estrategia para contrarrestar el terrorismo y la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional,

Observando la importante contribución que pueden hacer las alianzas público-privadas a los esfuerzos por prevenir y combatir el terrorismo, la corrupción y la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional,

Reconociendo que las prisiones pueden servir de incubadoras para la radicalización conducente al terrorismo y el reclutamiento de terroristas, y que la evaluación y la vigilancia adecuadas de las personas condenadas por delitos de terrorismo son imprescindibles para reducir las oportunidades de que los terroristas atraigan a nuevos reclutas, reconociendo también que las prisiones pueden servir asimismo para rehabilitar y reintegrar a los reclusos, cuando proceda, y reconociendo además que es posible que los Estados Miembros deban seguir colaborando con los delincuentes tras su salida de prisión para evitar la reincidencia, de conformidad con el derecho internacional pertinente y teniendo en cuenta, cuando proceda, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela),

Recordando la importancia de que la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (DECT) incluya en sus evaluaciones de los países, según proceda, información sobre las iniciativas de los Estados Miembros para abordar la cuestión de la trata de personas y sus vínculos con los actos de violencia sexual en situaciones de conflicto y posconflicto cometidos por grupos terroristas como parte de sus objetivos estratégicos y su ideología, y empleados como táctica por ciertas partes en los conflictos armados, incluidos los grupos armados no estatales designados como grupos terroristas,

Recordando los principios rectores sobre los combatientes terroristas extranjeros (Principios Rectores de Madrid), incluida la adición aprobada recientemente (S/2018/1177), y destacando la importancia de que se apliquen plena y efectivamente esos principios,

Observando las recientes novedades e iniciativas en los planos internacional, regional y subregional para prevenir y reprimir el terrorismo internacional y la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional, incluida la función esencial del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y su red mundial de organismos regionales estilo GAFI, así como la labor del Foro Mundial contra el Terrorismo, en particular la aprobación de las Buenas Prácticas de La Haya sobre el Nexo entre la Delincuencia Organizada Transnacional y el Terrorismo,

1. Exhorta a los Estados Miembros a que intensifiquen la coordinación de sus esfuerzos en todos los niveles a fin de reforzar la respuesta mundial a los vínculos entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional, que constituyen un gran desafío y una amenaza para la seguridad internacional;

2. Exhorta a los Estados Miembros a que sigan realizando investigaciones y reuniendo información para conocer y comprender mejor la naturaleza y el alcance de los vínculos que puedan existir entre el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional, ya sea nacional o transnacional, y a que intensifiquen y agilicen el intercambio oportuno de la información operacional y la inteligencia financiera pertinentes sobre las acciones, los desplazamientos y las pautas de circulación de los terroristas o las redes terroristas, incluidos los combatientes terroristas extranjeros, de conformidad con el derecho interno e internacional;

3. Destaca la importancia de la buena gobernanza y la necesidad de luchar contra la corrupción, el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, en particular aplicando la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000), la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003), el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999) y los completos estándares internacionales enunciados en las cuarenta recomendaciones revisadas del GAFI sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación, incluso adoptando y aplicando eficazmente medidas legislativas y regulatorias, para que las autoridades nacionales competentes puedan congelar, incautar, decomisar y gestionar los activos de origen delictivo, a fin de combatir las actividades financieras ilícitas, como la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero;

4. Exhorta a los Estados Miembros a que intensifiquen sus esfuerzos, así como la cooperación internacional y regional, con el fin de contrarrestar la amenaza que representan para la comunidad internacional el cultivo, la producción, el tráfico y el consumo ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que pueden contribuir significativamente a los recursos financieros de los grupos terroristas, y a que actúen de conformidad con el principio de la responsabilidad común y compartida para abordar y contrarrestar el problema mundial de las drogas, incluso mediante la cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas y precursores, subrayando también la importancia de la cooperación en la gestión de las fronteras, y acoge con beneplácito en este contexto los esfuerzos constantes de la UNODC;

5. Observa con preocupación que los traficantes de drogas siguen aprovechando los instrumentos del comercio moderno para traficar con precursores, preprecursores y drogas sintéticas, contribuyendo así a que aumenten el uso indebido de esas drogas y las consecuencias adversas de su utilización sin fines médicos, aprovechando, por ejemplo, los mercados en línea para la venta ilícita de esas drogas sintéticas, en particular los opioides sintéticos, así como el sistema de correo internacional y los servicios de paquetería urgente para distribuir esas sustancias;

6. Insta a todos los Estados a que se aseguren de que sus leyes y otros instrumentos legislativos internos tipifiquen delitos graves que sean suficientes para que se pueda enjuiciar y sancionar la trata de personas de manera proporcional a la gravedad de este delito;

7. Exhorta a los Estados Miembros a que investiguen, desarticulen y desmantelen las redes de delincuencia organizada implicadas en la trata de personas de conformidad con la legislación nacional, incluidas las leyes de lucha contra el blanqueo de dinero, la corrupción y el soborno y, cuando proceda, las leyes antiterroristas; S/RES/2482 (2019) 19-12422 5/8

8. Exhorta también a los Estados Miembros a que, cuando proceda, revisen, modifiquen y apliquen leyes, incluso contra los actos de violencia sexual y de género, para asegurarse de que se haga frente a todas las formas de trata de personas, incluidas las que se cometen en situaciones de conflicto armado o las que cometen grupos armados y terroristas con el propósito de financiar el terrorismo o para alcanzar los objetivos estratégicos de grupos terroristas, y a que consideren la posibilidad de establecer su jurisdicción para poner fin a la impunidad de los culpables;

9. Insta encarecidamente a todos los Estados a que apliquen los completos estándares internacionales enunciados en las cuarenta recomendaciones revisadas del GAFI sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación y sus notas interpretativas, y a que refuercen su cumplimiento, y exhorta a los Estados Miembros a que aumenten la capacidad de realizar de manera proactiva investigaciones financieras para detectar y desarticular la trata de personas y descubrir sus posibles vínculos con el terrorismo;

10. Insta a los Estados que aún no lo hayan hecho a que, con el fin de impedir que los terroristas adquieran armas, adopten y apliquen las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno la práctica de las siguientes actividades ilícitas en sus zonas de jurisdicción, a fin de asegurar que quienes participen en ellas puedan ser enjuiciados: a) La fabricación, la posesión, el almacenamiento y el comercio ilícitos de explosivos de todo tipo, ya sean militares o civiles, así como de otros materiales y componentes militares o civiles que puedan utilizarse para fabricar artefactos explosivos improvisados, incluidos los detonadores, los cordones detonantes y los componentes químicos; b) El tráfico de materiales y equipos militares y de doble uso que puedan utilizarse para fabricar ilegalmente armas y armamentos, incluidos artefactos explosivos;

11. Insta a los Estados a que adopten medidas legislativas y de otra índole, incluidas medidas penales, conforme a sus leyes y reglamentos internos de marcado de armas para prohibir la fabricación ilícita de armas pequeñas y armas ligeras no marcadas o marcadas de manera inadecuada, así como la falsificación, el borrado, la supresión o la alteración ilícitos de las marcas únicas previstas en el Instrumento Internacional de Localización;

12. Alienta a los Estados a que promuevan y fortalezcan la cooperación fronteriza y la coordinación regional y subregional, según proceda, con medidas eficaces y un mayor intercambio de información, conforme a sus leyes y reglamentos internos, entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las autoridades aduaneras y las que conceden licencias de exportación e importación, con miras a erradicar y combatir las actividades ilícitas mencionadas en los párrafos 10 y 11 que tengan alcance transfronterizo;

13. Expresa preocupación por la explotación y el tráfico ilícitos de recursos naturales, entre ellos los metales y minerales preciosos como el oro, la plata, el cobre y los diamantes, así como la madera, el carbón vegetal y las especies de flora y fauna silvestres, por parte de grupos armados y grupos terroristas y las redes delictivas que los apoyan;

14. Alienta a todos los Estados a que sigan esforzándose por poner fin al comercio ilícito de recursos naturales, particularmente en el sector del oro, y a que exijan que quienes sean cómplices en el tráfico ilícito rindan cuentas, como parte de la labor más amplia encaminada a garantizar que el tráfico ilícito de recursos naturales no beneficie a entidades sancionadas, grupos terroristas, grupos armados o redes delictivas; S/RES/2482 (2019) 6/8 19-12422

15. Exhorta a los Estados Miembros a que, incluso por conducto de las correspondientes autoridades centrales y competentes, procedan a: a) Fortalecer la gestión de las fronteras, incluso aumentando la concienciación, la formación y la capacidad de los profesionales pertinentes en materia de control fronterizo, también con las organizaciones competentes, para investigar y enjuiciar a los terroristas y grupos terroristas y los grupos de delincuencia organizada transnacional que colaboran con ellos, y para detectarlos eficazmente e impedir su circulación; b) Considerar la posibilidad de establecer, de conformidad con el derecho internacional, leyes y mecanismos apropiados que permitan la cooperación internacional más amplia posible, como el nombramiento de oficiales de enlace, la cooperación entre fuerzas de policía, la creación o la utilización, cuando proceda, de mecanismos de investigación conjunta, y una mayor coordinación de las investigaciones transfronterizas en casos relacionados con los vínculos entre el terrorismo y la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional; c) Implantar la obligación de reunir y analizar la información anticipada sobre los pasajeros (API) y, de conformidad con las normas y prácticas recomendadas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), desarrollar la capacidad de reunir, procesar y analizar los datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) y asegurarse de que todas las autoridades nacionales competentes utilicen y compartan esos datos, respetando plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales, lo que ayudará a los funcionarios de seguridad a detectar conexiones entre las personas vinculadas a la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional, y los terroristas, para impedir los viajes de los terroristas y perseguir el terrorismo y la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional, incluso mediante programas de creación de capacidad; d) Desarrollar la especialización de sus unidades de inteligencia financiera para analizar información financiera sobre las presuntas actividades de la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional, que apoyen el terrorismo, incluida la financiación del terrorismo, y alienta a los Estados a que colaboren para desarrollar esa capacidad y a que intercambien información a ese respecto; e) Considerar la posibilidad de ratificar y aplicar los instrumentos mundiales y participar en las iniciativas nacionales, regionales y mundiales que tienen por objeto aumentar la capacidad de prevenir y contrarrestar el tráfico ilícito, incluso a través de los puertos y por mar, de recursos naturales, armas, drogas, objetos artísticos y bienes culturales, así como la trata de personas, con el fin de prevenir y contrarrestar los vínculos entre el terrorismo en el mar y la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional; f) Mejorar, cuando proceda, el intercambio de información entre las autoridades públicas y las entidades pertinentes del sector privado;

16. Insta a los Estados Miembros a que se aseguren de que todas las medidas adoptadas para contrarrestar el terrorismo cumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados, e insta a los Estados a que tengan en cuenta los efectos que pueden tener las medidas antiterroristas en las actividades de carácter exclusivamente humanitario, como las actividades médicas, realizadas por agentes humanitarios imparciales de manera compatible con el derecho internacional humanitario;

17. Alienta a los Estados Miembros a que logren la cooperación de las comunidades locales y los agentes no gubernamentales pertinentes en la formulación de estrategias contra el extremismo violento cuando conduzca al terrorismo, así como S/RES/2482 (2019) 19-12422 7/8 estrategias contra la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional, aborden las condiciones que propician la propagación del extremismo violento, que puede conducir al terrorismo, y de la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional, que puede financiar el terrorismo, incluso empoderando a la juventud, las familias, las mujeres, los líderes religiosos, culturales y educativos y todos los demás grupos interesados de la sociedad civil;

18. Exhorta a los Estados Miembros a que aumenten la concienciación, la formación y la capacidad de los profesionales competentes de los sistemas penitenciarios respecto de los vínculos entre el terrorismo y la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional, incluso en los casos en que los autores de delitos menores puedan ser explotados o reclutados por terroristas, pues quienes cometen ese tipo de delitos pueden establecer vínculos de esa índole y han procurado activamente hacerlo y relacionarse con otras redes en los centros penitenciarios;

19. Exhorta también a los Estados Miembros a que fortalezcan la capacidad de los sistemas de justicia penal para combatir tales vínculos y velen por que los investigadores, fiscales y juristas estén capacitados para reconocer los vínculos entre el terrorismo y la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional;

20. Alienta a los Estados Miembros a que adopten todas las medidas apropiadas para mantener un entorno seguro y humano en las prisiones, generen herramientas que ayuden a enfrentar la radicalización conducente a la violencia y el reclutamiento de terroristas, en consonancia con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y teniendo en cuenta las orientaciones pertinentes formuladas por la UNODC, y estudien medios de prevenir la radicalización conducente a la violencia en sus sistemas penitenciarios y de promover la rehabilitación y la reintegración de los terroristas condenados, así como de impedir la cooperación y la transferencia de habilidades y conocimientos entre los terroristas y otros delincuentes, respetando al mismo tiempo el derecho internacional de los derechos humanos;

21. Reconoce el papel que desempeñan las organizaciones y mecanismos regionales y subregionales, de conformidad con el Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas, para evaluar más a fondo las amenazas en sus regiones respectivas, contribuir a la aplicación efectiva de las resoluciones del Consejo de Seguridad, fortalecer la capacidad de los Estados Miembros, facilitar la asistencia técnica y el intercambio de información y contribuir a la implicación nacional y la difusión de conocimientos;

22. Solicita a las entidades de las Naciones Unidas, en particular la Oficina de Lucha contra el Terrorismo (OLCT) y la UNODC, así como otras entidades del Pacto Mundial, a que sigan prestando a los Estados Miembros que lo soliciten asistencia técnica y para el desarrollo de la capacidad, con el fin de ayudarlos a fortalecer su respuesta a los vínculos entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional, incluso mediante la elaboración de instrumentos que ayuden a enfrentar la radicalización conducente al terrorismo en las prisiones y evaluar los riesgos de reclutamiento de terroristas, de manera compatible con el derecho internacional, y alienta al Comité contra el Terrorismo (CCT) a que, con el apoyo de la DECT, siga colaborando para facilitar la asistencia técnica y el desarrollo de la capacidad y para crear conciencia en este ámbito, en particular intensificando su diálogo con los Estados y las organizaciones internacionales, regionales y subregionales competentes y cooperando estrechamente, incluso mediante el intercambio de información, con los proveedores de asistencia técnica bilateral y multilateral pertinentes;

23. Encarga al CCT que, con el apoyo de la DECT y en coordinación con otras entidades competentes de las Naciones Unidas, siga determinando y examinando, según proceda y en el marco de sus respectivos mandatos, las iniciativas de los S/RES/2482 (2019) 8/8 19-12422 Estados Miembros para impedir que los grupos terroristas se beneficien de la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional, con el fin de detectar las buenas prácticas, las deficiencias y las vulnerabilidades en esta esfera, y a este respecto, solicita a la DECT que, de conformidad con su resolución 2395 (2017) y en cooperación con la OLCT y la UNODC, incorpore el examen de los vínculos entre el terrorismo y la delincuencia organizada, ya sea transnacional o nacional, en sus evaluaciones y análisis de países y determine cuáles son las nuevas tendencias y las deficiencias en ese ámbito;

24. Alienta a los Estados Miembros a que aprovechen al máximo las capacidades policiales de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), incluidas sus diversas bases de datos de investigación y análisis, a fin de prevenir y contrarrestar los vínculos entre el terrorismo y la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional;

25. Solicita al Secretario General que le presente, en un plazo de doce meses, un informe sobre las medidas adoptadas por los Estados Miembros y las entidades del Pacto Mundial para abordar la cuestión de los vínculos entre el terrorismo y la delincuencia organizada, ya sea transnacional o nacional, preparado conjuntamente por la OLCT y la UNODC con aportaciones de las entidades competentes del sistema de las Naciones Unidas, como la DECT y el Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones;

26. Decide seguir ocupándose de la cuestión.

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