Una elección entre la intervención militar en Venezuela o el no hacer nada

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La situación de Venezuela nos estremece a todos, especialmente, por la forma y penuria extremas en que se desarrolla, fuera del marco de la legalidad internacional. Nunca antes en la historia de Venezuela habíamos asistido a tanto dolor, horror y destrucción sobre su propio pueblo. Este hermoso país se ha convertido en una prisión en la que se está infringiendo un castigo colectivo a un pueblo entero. Esto es totalmente inaceptable y debe ser condenado por todos. El hambre, la enfermedad y la muerte siguen siendo los distintivos del régimen de Maduro y sus secuaces, provocando una voluminosa corriente de refugiados y una ardua crisis humanitaria, política y de seguridad. La enfermedad y el hambre se han convertido en un arma de destrucción masiva en contra de la población indefensa que allí vive y les provoca sufrimiento humano y tensión social. Todo un pueblo prisionero en su país: hay escuelas, pero no papel; hay médicos, pero no medicamentos; hay hospitales, pero no hay nada. Esto es sumamente perverso. Es una violación ostensible de las leyes internacionales de derechos humanos. Hemos podido ver con preocupación como fuerzas fundamentalistas leales al dictador por motivos puramente personales y políticos han preferido el sufrimiento de su pueblo que acceder al derecho de los necesitados a recibir una ayuda humanitaria y una ayuda alimentaria con el fin de paliar algunos de los efectos de esta situación económica y humana espantosa. Matan y hacen pasar hambre a su pueblo. 

Siempre he sido de la opinión de que una intervención militar extranjera sólo debía tener lugar en el interés nacional de la nación-Estado de que se trate y bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y sin embargo el grave deterioro y la espiral de violencia en Venezuela justifica de que se emplee la intervención humanitaria coercitiva o el uso de la coerción y la fuerza como medida excepcional y extraordinaria. Cabe señalar a este respecto que la mayoría de los regímenes dictatoriales han sido depuestos o destituidos mediante alguna forma de intervención militar directa o indirecta o por medio de la lucha popular armada. Las persistentes violaciones y atropellos de los derechos civiles y políticos jamás pueden explicarse aludiendo a que son asuntos internos de los Estados. Esto es muy vergonzoso y muy poco ético. Aquí no se trata de un asunto interno venezolano, sino de un grave ataque contra los valores democráticos que todos compartimos, cuya población sufre de persecución y de un genocidio sistemático. Las violaciones de éstos no pueden ni deben entenderse como asuntos de carácter interno: basta ya de recurrir a asuntos internos para enmascarar este tipo de ataques a un pueblo entero que está sufriendo la amenaza de un genocidio, basta ya de excusas de este tipo es vergonzoso y profundamente inhumano. O hay derechos humanos o no hay derechos humanos. El principio de no injerencia en Venezuela no puede seguir gozando de una legitimidad incondicional y absoluta, ya que está subordinada al requisito del respeto a los derechos humanos, incluidas las poblaciones vulnerables. Teniendo presentes estas inquietudes relativas a la intervención militar y a la soberanía, todos coincidimos en que la comunidad internacional no puede seguir callada ante el genocidio y los crímenes de lesa humanidad.

El “deber de injerencia” o “asistencia humanitaria coercitiva en Venezuela” cumple plenamente con los requisitos de justicia y de los valores humanitarios fundamentales y no cabe duda de que encuentra justificación en razones de humanidad, librar al país bajo el régimen de Maduro y la protección de los derechos humanos fundamentales. La soberanía territorial y el no recurso a la guerra deben ceder ante los imperativos humanitarios, en particular de una población que sufre de persecución y de un genocidio sistemático. La soberanía no puede ser utilizada como un escudo para encubrir la comisión de crímenes repudiables. De hecho, se deben adoptar todas las medidas posibles para atajar o evitar el sufrimiento humano y asegurarnos de no contribuir a violaciones a los derechos humanos y sobre todo respetar la protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Cuando se defiende una causa justa como el derecho a la vida de un pueblo, de la humanidad, no existe espacio para la flaqueza y la duda, lo que es justo en el plano ético y moral. El pueblo venezolano no puede hacer frente al arsenal de Maduro y sus secuaces, pero sí posee el poder que confiere la legitimidad para la intervención militar con fines de protección humana que puedan ser objeto de acuerdo, los principios precautorios (intención correcta), una causa justificable y el apoyo de la comunidad internacional y de la opinión pública mundial. Con el fin de obtener el efecto deseado, esto debe considerarse como una situación de último recurso (ultima ratio) y, en lo posible, ser temporal y por el menor tiempo posible, demostrar claramente la utilidad y los objetivos específicos y posibilidades razonables de éxito que pretenden lograr, garantizando el respeto del principio de proporcionalidad. Esta opción se limitará a la intervención correctiva o preventiva, reduciendo dramáticamente de esta manera el costo en vidas humanas, en mayores desigualdades, en violaciones a los derechos humanos y amenazas a la paz. Deberá estudiarse la conveniencia de un pedido previo de autorización para realizar la acción al Consejo de Seguridad. No hay muchas preguntas nuevas y, como ya dije antes, compartimos en lo fundamental de que el gobierno estadounidense presione a la ONU para que autorice el uso de la fuerza contra las fuerzas leales a Maduro y solicite al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobar una resolución por la que se autorice la adopción de todas las medidas necesarias para “proteger a la población civil” y el establecimiento de una zona de exclusión aérea (muy similar a la Resolución 1973 a favor de la población libica y contra el régimen de Gadafi).

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Martin Eduardo Botero
Martín Eduardo Botero, colombiano de nacimiento. Abogado Europeo inscrito en el Conseil des Barreaux Europèens Brussels. Titular de Botero & Asociados, Bufete Legal Europeo e Internacional con sede en Italia, España y México. Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Presidente y fundador de European Center for Transitional justice y vicepresidente en la Unión Europea de la Organización Mundial de Abogados. Graduado en Jurisprudencia por la Universidad de Siena (Italia) con Beca de Honor del Ministerio de los Asuntos Exteriores italiano.  PhD en Derecho Constitucional Europeo por la Universidad de Bolonia con Beca de estudio del Ministerio de los Asuntos Exteriores italiano y la Unión Europea.  Su último libro lleva por titulo “Manual para la Lucha contra la Corrupción: Estrategia Global: Ejemplos y Buenas prácticas”.

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