Las recientes actuaciones del Ministerio Público de Guatemala, incluida su solicitud de despojar de su inmunidad al presidente democráticamente elegido Bernardo Arévalo, forman parte de un patrón más amplio y sumamente preocupante de acusaciones e investigaciones con motivaciones políticas dirigidas contra el actual gobierno.
La UE ha expresado reiteradamente su preocupación por el continuo uso indebido e instrumentalización del sistema judicial, en particular tras las elecciones de 2023 y los continuos esfuerzos por anular la voluntad del pueblo guatemalteco.
La UE se mantiene firme en su compromiso de apoyar la democracia en Guatemala y permanece vigilante ante cualquier acción que amenace la gobernanza democrática o erosione aún más el Estado de derecho. En este contexto, la UE recuerda las medidas restrictivas que impuso el pasado mes de febrero contra cinco personas responsables de acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala.
El caso
El miércoles 21 de agosto, la Feci presentó un caso por un supuesto mecanismo de pagos ilegales en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en el que señaló al presidente Arévalo de haber cometido ilegalidades.
Según el MP, Arévalo habría incurrido en al menos tres delitos al haber pedido a la exministra Jazmín de la Vega que se apegara a un listado de pagos para contratistas en ese ministerio.
La ministra De la Vega fue destituida por Arévalo por no haber atendido la instrucción y se divulgó una llamada telefónica en la que se escucha la supuesta conversación entre el presidente y la exfuncionaria.
El MP señala que De la Vega no tenía por qué atender las instrucciones de Arévalo y que el mandatario habría incurrido en delitos por haber ordenado pagos a empresas señaladas de irregularidades.
