El Presidente Sebastián Piñera firmó el 5 de agosto de los corrientes, las indicaciones a un proyecto que deroga la Ley Reservada del Cobre y modifica el financiamiento de las Fuerzas Armadas con el fin de dotarlas de recursos estables en el tiempo para sostener su capacidad estratégica, operativa y disuasiva. En esta oportunidad señaló “que el mecanismo de financiamiento también sea un mecanismo más transparente, un mecanismo más eficiente, un mecanismo en que exista un mejor control democrático de los gastos, las inversiones de nuestras Fuerzas Armadas y que, además, ese mecanismo de financiamiento no dependa de una variable, como es el precio del cobre”.

Actualmente el gasto en Defensa se financia a través de dos mecanismos: el presupuesto anual, que incluye el gasto ordinario de la Defensa Nacional, y la Ley Reservada del Cobre, que data de 1958 y que financia las adquisiciones destinadas a mantener las capacidades estratégicas.

La nueva normativa entregaría recursos fijos por un plazo de cuatro años, que se enmarcan dentro de una estrategia de 12 años, y donde se crea un Fondo de Contingencia Estratégico que va a contar con un monto inicial de 1.000 millones de dólares.

Además, el Mandatario anunció que, como parte de este plan, se inyectarán US$2.600 millones en las Fuerzas Armadas en los próximos cuatro años. Adicionalmente, se considera un piso mínimo garantizado equivalente al 70% del monto promedio de los gastos en operación y sostenimiento, así como en inversiones en material bélico del periodo comprendido entre el año 2010 y el año 2017.

“Nos hacemos cargo de una demanda transversal que, como yo les mencionaba, la asumimos durante nuestro primer Gobierno, con un proyecto de ley que buscaba reemplazar a esa Ley Reservada del Cobre, y hoy día insistimos en esa propuesta, con una indicación que permite modernizar, mejorar y actualizar ese proyecto de ley…….de esta manera, estamos poniendo término a la exclusión que hoy día afectaba al Congreso Nacional en el análisis, discusión y decisión de materias relacionadas con las compras estratégicas que hacen nuestras Fuerzas Armadas”, concluyó el presidente Piñera.

Breve reseña de la Ley Reserva del Cobre

Desde los años 30 del siglo pasado, las instituciones chilenas consideraron necesario contar con una legislación que entregara oportunamente recursos frescos para su defensa mediante una normativa reservada.

La primera ley que destinó dinero fiscal para uso castrense fue la Ley N°6.152 del año 1938, que establecía el arrendamiento de terrenos fiscales en la Provincia de Magallanes y disponía en su artículo 34 que el 90% de los fondos percibidos por el Fisco por esa vía, se destinaran a la adquisición de material de guerra y a “satisfacer las necesidades más urgentes” de las FFAA de ese entonces. La norma se complementó el mismo año 1938 con la Ley N°6159, que autorizó al Presidente de la República realizar adquisiciones, construcciones o fabricaciones de elementos necesarios para la Defensa Nacional. Una nueva norma, la Ley N°6160 de ese mismo año, fijó un monto máximo para esos ingresos de US$10 millones de la época. Estas disposiciones fueron conocidas como “Ley de Cruceros” y se dictó como respuesta al reequipamiento de la Armada Argentina durante esos años, y la asignación de recursos para material de guerra orientada especialmente para la adquisición de cruceros para la Armada.

En el año 1942, bajo la presidencia de Juan Antonio Rios, la Ley N°7144 creó el Consejo Superior de Defensa Nacional (CONSUDENA)  la cual institucionalizó la exclusión del Congreso Nacional de la toma de decisiones en la compra de equipamiento bélico de las FFAA. Este cuerpo legal también dio origen a dos fuentes adicionales de recursos para las FFAA: una en moneda nacional, sobre la base de dos impuestos: adicional al tabaco y al vino, y a los “beneficios excesivos” de la industria y el comercio; y otra en dólares por los ingresos que obtenía el Fisco producto de un sistema de tipo de cambio múltiple que en aquellos años afectaba a la venta obligatoria de divisas de la Gran Minería del Cobre al Banco Central. Sin embargo, dado que la Ley N°11.828 sobre “nuevo trato del cobre” del año 1955, terminó con el sistema especial de cambio, los fondos en divisas se acabaron. La situación se revirtió el año 1958, bajo el Segundo Gobierno del General Carlos Ibañez del Campo, cuando se dictó la Ley N°13.196 del 29 de octubre, que gravó con un impuesto de 15% las utilidades de la minería del cobre para financiar directamente a las FFAA, con el objetivo de adquirir equipos bélicos.

Ejerció particular influencia en la decisión el incidente con Argentina en el islote Snipe, ubicado en el Canal Beagle. Esta norma es considerada la primera Ley del Cobre. A fines del año 1973 la Ley N°13.196, mediante el Decreto N°239, fue modificada por el Gobierno Militar y los cambios más relevantes fueron los siguientes:

  • Modificación de la tasa del impuesto a un 10%de los ingresos totales por exportaciones de Codelco.
  • Establecimiento de un ingreso mínimo de 90 millones de dólares anuales.
  • División de los ingresos en partes iguales para las tres Instituciones de las FFAA, las cuales aportarían 3.3 millones de dólares anuales a una cuarta cuenta de CONSUDENA para financiar proyectos de interés conjunto.
  • Si a través del impuesto no se lograba recaudar el mínimo establecido, el Fisco debía completar la diferencia.

En el año 1976, el Decreto N°1530 instala la posibilidad de que las FFAA puedan endeudarse con cargo al piso anual de 90 millones de dólares- En el año 1985, mediante la Ley N°18.445 y en el año 1987, mediante la Ley N°18.628, fueron introducidas nuevas modificaciones a la Ley N°13.196, siendo las principales las siguientes:

  • Inclusión de los subproductos del cobre en la base del impuesto.
  • Aumento del ingreso mínimo garantizado a 180 millones de dólares anuales, indexados al Índice de Precios al por Mayor (IPM) de los Estados Unidos de Norte América.

En el año 2004, en respuesta a una consulta de la Ministra de Defensa Nacional del gobierno de Michelle Bachelet, un dictamen de la Contraloría General de la República determinó que los recursos generados por la Ley Reservada del 5 Cobre pueden financiar proyectos de inversión de interés de cualquiera de las Instituciones de las FFAA, según lo acuerde el CONSUDENA.

Este último sistema de larga vigencia acaba de ser derogado.

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