Brasil debe realizar reformas clave urgentes para aprovechar sus recientes avances en la lucha contra el soborno internacional, dice el Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE
Brasil ha sancionado esquemas de soborno internacional a gran escala a través de resoluciones no judiciales con tres personas jurídicas, incluso como parte de una de las resoluciones multijurisdiccionales más destacadas hasta la fecha que involucra acusaciones de soborno internacional. Si bien el Grupo de Trabajo elogia a Brasil por este éxito, todavía tiene en curso sólo un número limitado de procedimientos de ejecución. Ninguna persona física ha recibido aún una condena firme por soborno a un funcionario público extranjero.
El Grupo de Trabajo de 45 países acaba de completar su evaluación de la Fase 4 de la implementación por parte de Brasil de la Convención para combatir el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales e instrumentos relacionados. Además del nivel limitado de aplicación de la ley, el informe expresa serias preocupaciones sobre el plazo de prescripción de Brasil para las personas físicas, que sigue siendo inadecuado para sancionar eficazmente el soborno internacional, y el incompleto marco de denuncia de irregularidades de Brasil, que debe mejorarse para proteger a quienes denuncian casos de soborno internacional. especialmente en el sector privado. El informe también refleja preocupaciones sobre el efecto paralizador de las amenazas percibidas a la independencia de los fiscales en casos de soborno internacional. Finalmente, el Grupo de Trabajo hará un seguimiento del impacto que una decisión del Supremo Tribunal Federal de septiembre de 2023 sobre pruebas contaminadas obtenidas en relación con un acuerdo de indulgencia podría tener en otras resoluciones judiciales y no judiciales, así como en las preocupaciones sobre la capacidad de Brasil para obtener o proporcionar Asistencia legal mutua en casos de soborno internacional.
En consecuencia, el Grupo de Trabajo ha recomendado que Brasil:
- Incrementar las sanciones por cohecho internacional para personas naturales.
- Abordar mediante medidas legislativas y/o cualquier otra medida institucional plenamente efectiva, las consecuencias no deseadas del período de prescripción para el soborno internacional basado en la sentencia real del acusado para garantizar tiempo adecuado para investigar y procesar a las personas físicas.
- Proteger los casos de soborno internacional de posibles sesgos políticos por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, así como del posible uso arbitrario de medidas disciplinarias u otras medidas de rendición de cuentas.
Revisar rápidamente su marco de protección de denunciantes para garantizar que las personas del sector privado que denuncian acusaciones de soborno internacional estén expresamente cubiertas.
El informe también señala novedades positivas. Brasil ha perfeccionado aún más su marco legal e institucional para imponer responsabilidad corporativa y ha utilizado con éxito acuerdos de indulgencia, su principal mecanismo de resolución sin juicio para que las empresas sancionen el soborno internacional, a pesar de las dudas persistentes que surgieron después de que las pruebas obtenidas a través de un acuerdo de indulgencia específico fueran declaradas inadmisibles. La Contraloría General y el Ministerio Público Federal también han desempeñado un importante papel de apoyo en la lucha contra la corrupción transnacional que implica el soborno internacional, especialmente a través de su voluntad y capacidad para cooperar estrechamente con sus homólogos en los países del Grupo de Trabajo y los que no lo son, contribuyendo así colectivamente a resoluciones que imponen algunas de las mayores multas globales hasta la fecha. Los esfuerzos concertados de las distintas agencias brasileñas para emitir directrices, promover el cumplimiento corporativo y mejorar la transparencia deberían contribuir a fomentar un entorno empresarial más limpio en Brasil.
El Grupo de Trabajo adoptó el informe sobre Brasil el 12 de octubre de 2023. El informe es parte de la cuarta fase de seguimiento del Grupo de Trabajo, lanzada en 2016. La Fase 4 analiza los desafíos particulares y los logros positivos del país evaluado. También explora cuestiones como la detección, la aplicación de la ley, la responsabilidad corporativa y la cooperación internacional, además de cubrir cuestiones no resueltas en informes anteriores. Las páginas 97 – 101 del informe contienen las recomendaciones del Grupo de Trabajo. Brasil informará al Grupo de Trabajo en octubre de 2025 sobre su implementación de todas las recomendaciones y esfuerzos de aplicación.
