La UE intensifica la asistencia a las víctimas de la crisis de Venezuela

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La crisis socioeconómica de Venezuela se caracteriza por la falta de acceso a los servicios básicos, la escasez de los alimentos y los brotes epidémicos. Los niños, las mujeres, las personas de edad avanzada y los pueblos indígenas son los mas afectados.

La crisis ha provocado un enorme sufrimiento, migración y desplazamientos. Según las Naciones Unidas, más de tres millones de venezolanos han abandonado su país desde 2015 y buscan refugio en los países vecinos, sobre todo en Colombia (que acoge actualmente a casi un millón de ellos), Perú (506 000), Ecuador (221 000) y Brasil (85 000). Esto representa la mayor migración humana en América Latina en los últimos tiempos.

La Comisión Europea ha asignado un importe adicional de €20 millones para satisfacer las necesidades urgentes de las víctimas de la crisis socioeconómica de Venezuela.

Esto viene a añadirse a los 35 millones de euros en ayuda de emergencia y ayuda al desarrollo para las personas del país y la región anunciados el pasado junio.

El comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianidesvisitó Colombia el marzo pasado y se trasladó a la frontera oriental con Venezuela y al puente Simon Bolivar, que atraviesan miles de migrantes a diario.

«He presenciado con mis propios ojos la angustia y el sufrimiento de muchos venezolanos, que se han visto obligados a abandonar sus hogares por la crisis que sufre su país. La UE mantiene su compromiso de ayudar a las personas necesitadas de Venezuela y a las comunidades que las acogen en los países vecinos. La nueva financiación intensificará nuestros esfuerzos por facilitar asistencia sanitaria y alimentaria, alojamiento provisional y un mejor acceso al agua y al saneamiento», ha declarado el comisario Stylianides.

La dotación de ayuda de emergencia impulsará la actual respuesta de la UE para asistir a las personas más vulnerables y apoyar las capacidades de acogida de las comunidades de la región. La ayuda de la UE, que se presta a través de nuestros socios sobre el terreno, se centra en la asistencia sanitaria de urgencia, la ayuda alimentaria, el alojamiento y la protección de las familias mas vulnerables afectadas por la crisis.

Los desastres naturales afectan a las comunidades ya afectadas por la desigualdad y los altos niveles de urbanización (el 85% de los sudamericanos viven en ciudades). Además, el cambio climático ha aumentado la frecuencia, la intensidad y la imprevisibilidad de los eventos relacionados con el clima que afectan la seguridad alimentaria y los medios de vida. En 2017, un fenómeno meteorológico costero de El Niño causó graves inundaciones en el norte de Perú y el sur de Ecuador. En 2018, se espera que el fenómeno de La Niña interrumpa la cuenca del Amazonas, que abarca ocho países diferentes.

Cuando ocurre un desastre, las necesidades más apremiantes son refugio, alimentos, acceso a agua potable y saneamiento adecuado, y atención médica primaria. Ayudar a las poblaciones afectadas a recuperar sus medios de vida también es esencial. En los últimos años, los problemas de protección también se han priorizado para apoyar a las poblaciones más vulnerables después de las emergencias.

La crisis socioeconómica que se está desarrollando en Venezuela está marcada por la falta de acceso a los servicios básicos, la escasez de alimentos, la violencia, la inseguridad y los brotes epidémicos. Los niños menores de 5 años, las mujeres, las personas mayores y las poblaciones indígenas son las más afectadas. La crisis ha provocado un desplazamiento de la población sin precedentes, con más de 3 millones de venezolanos huyendo a los países vecinos. Esto representa uno de los mayores flujos migratorios registrados en América Latina.

En Colombia, las dinámicas cambiantes del conflicto interno después del Acuerdo de Paz de 2016 han provocado un resurgimiento de la violencia por parte de grupos armados, que afectan a un número creciente de áreas en todo el país, particularmente en la costa del Pacífico y en las regiones del noreste. Como consecuencia de los ataques contra civiles, el número de desplazados internos y de las comunidades privadas de acceso a servicios básicos aumentó en 2018.

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