El Pacto de Leticia, la Cumbre de Río y los ODS

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Tal como estaba previsto, el 6 de setiembre 2019 se reunieron los Jefes de Estado de siete de los ocho países amazónicos en la ciudad colombiana de Leticia, en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. El Presidente Bolsonaro lo hizo por teleconferencia; en la Cumbre estuvo representado por su Canciller. Venezuela no fue invitada en esta ocasión.

El resultado de este cónclave fue la suscripción del Pacto de Leticia. Algunos de los puntos acordados fueron: fortalecer la acción coordinada para luchar contra la deforestación; establecer mecanismos de cooperación regional y de intercambio de información; crear la Red Amazónica de Cooperación ante desastres naturales y, fomentar procesos de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología y gestión del conocimiento.

La mayoría de estos puntos ya figura en anteriores acuerdos, y especialmente en el que constituye la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, creada en 1978. El Presidente del Perú se mostró un tanto escéptico sobre estos antecedentes: “Han pasado más de 40 años y si vemos los resultados, no son satisfactorios; debemos cambiar la estrategia” dijo el presidente Vizcarra. Por su parte, el Mandatario colombiano expresó una opinión diferente. “Hay una institucionalidad que debemos modernizar  y me refiero puntualmente al Tratado de Cooperación Amazónica y particularmente a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica para que, de la mano con otros instrumentos multilaterales, pueda servirnos como herramienta para atender las necesidades de la región y al mismo tiempo volcarse a fortalecer los indicadores, las metas y el trabajo que debemos abordar”, dijo el Presidente Duque.

¿Abandonar por completo lo anterior, o mejorarlo? En todo caso, los signatarios comprometieron a sus Cancillerías a presentar un Plan de Acción recogiendo los acuerdos de este Pacto, de modo que cuando eso ocurra tendremos una noción más clara de la nueva estrategia, de su eficacia y de su institucionalidad. Como todos sabemos, sin institucionalidad no puede haber resultados sostenibles en el largo plazo.

Mientras tanto, hay que señalar algunos temas nuevos, urgentes y muy promisorios que aparecen en este Pacto. Por ejemplo, el párrafo 5 habla de “concretar iniciativas de restauración, rehabilitación y reforestación acelerada en las zonas degradadas por incendios forestales y actividades ilegales, incluyendo la extracción ilegal de minerales (…)”. También se dispone, en el párrafo 10, “Fortalecer los mecanismos que apoyen y promocionen el uso sostenible del bosque, los sistemas productivos sostenibles, los patrones de producción y consumo responsable y que promuevan las cadenas de valor y otros enfoques de producción sustentable, incluyendo las basadas en biodiversidad.”

Naturalmente que todo ello requiere financiamiento. En ese contexto, los países signatarios de este documento se comprometen en el párrafo 15 a “Trabajar conjuntamente para fortalecer los programas y mecanismos financieros, reivindicar los compromisos de los países asumidos en estos espacios, movilizar recursos públicos y privados, incluyendo la Banca Multilateral, según corresponda, para la implementación de este Pacto.”

La mención a recursos privados es lo más resaltante en este compromiso, ya que hasta ahora el Tratado de Cooperación Amazónica no ha podido ponerse de acuerdo sobre este tipo de actividad, por la oposición de algunos de sus miembros como Bolivia, Venezuela e incluso Colombia. De modo que con esto se abre todo un panorama nuevo, y por eso decíamos al principio de esta nota que hay elementos promisorios en este instrumento.

Probablemente la inversión responsable en sistemas productivos sostenibles, respetando las áreas protegidas, es la mejor garantía de una ocupación ordenada de ese territorio y de sus recursos, y ayudaría a prevenir las actividades ilegales y predatorias, así como a financiar una mayor y más efectiva presencia del Estado, ahora casi inexistente.

La política de Brasil respecto a este Pacto no ha quedado muy clara, ya que el Presidente de ese país, en su intervención por video, ratificó su ya conocida posición, que no es muy compatible con la visión plasmada en el Pacto de Leticia.

Esto resulta bastante irónico, si recordamos que en 1992 se reunieron precisamente en Brasil, en Río de Janeiro, los Jefes de Estado de todos los países para analizar y tomar decisiones sobre el medio ambiente. A ese evento se le denominó “la Cumbre de la Tierra”, y en ella fueron adoptadas sendas convenciones sobre el Cambio Climático, la Biodiversidad y la Desertificación.

Veinte años más tarde, todos los países volvieron a reunirse en Brasil para examinar los resultados de la Cumbre de 1992, y adoptar nuevos acuerdos. En esa reunión, el Perú y otros países impulsaron la idea de que, en vez de nuevos instrumentos que trataran el tema del medio ambiente como algo aislado, se impusiera una nueva visión del desarrollo, cuyos objetivos debían ser definidos vinculando en una síntesis inseparable los aspectos económico, social y ambiental. Esa Cumbre “Río +20” definió así en el 2012 lo que serían los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” -ODS.

Luego de tres años de arduas negociaciones con participación de expertos de todas partes del mundo, la Asamblea General de la ONU aprobó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a los cuales se han comprometido casi todos los países, incluido Brasil. Esos ODS, basados en los tres pilares indisolubles –económico, social y ambiental- deben ser alcanzados en el curso de los próximos 15 años, y por ello se les denomina, en conjunto, la Agenda 2030.

El Presidente Duque declaró que el Pacto de Leticia responde al ODS 15 : “Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica.”

Del modelo de desarrollo que finalmente se imponga en la Amazonía depende directamente la vida de 30 millones de personas en Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela; y de modo un poco más indirecto, pero no menos vital, el destino de toda la población sudamericana, con repercusiones para el resto del mundo.

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Augusto Thornberry
Ministro (r) en el Servicio Diplomático del Perú. Licenciado en Relaciones Internacionales, Bachiller en Derecho, Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Delegado de la Misión Permanente del Perú ante los Organismos Internacionales en Ginebra (1980-1985), Consejero de la Embajada del Perú en Francia (1988-1992); Secretario Ejecutivo de Cooperación Técnica Internacional en el Perú (1994-95); Sub-Director (1986-88) y luego Director General de Informática del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (2001-2002); Director Regional del MINRREE en Iquitos (2002-2003); Representante Permanente Alterno del Perú ante la ONU en Nueva York (2012-2015); Cónsul General en Barcelona, España (2003-2006) y en Hartford, Connecticut, EEUU (2015-16); Encargado de Negocios del Perú en Francia (2001) y Jefe de Cancillería en las Embajadas del Perú en Francia (1996-2000), Australia (1993) y Ecuador (2007-2009). Consultor en Cooperación Técnica Internacional, Relaciones Internacionales, Derecho Internacional Público.

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