Lo que parecía un contraataque de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, frente a la acusación por organización criminal, no lo fue. La presentación personal, el martes 11 de octubre, de la denuncia constitucional – similar, no igual a la que le hicieron- por organización criminal agravada contra el presidente Pedro Castillo tiene un contenido letal.
¿Por qué? Por tres delitos que le imputan. Uno, de acuerdo a la semilla de la denuncia, Castillo es «presunto autor de los delitos contra la Tranquilidad Pública, en la modalidad de Organización Criminal Agravada Por su Condición de Líder, ilícito penal previsto en el primer y segundo párrafo del artículo 317° del Código Penal». Más claro, es el líder de la organización criminal en Palacio.
Dos, a Castillo le imputan ser el «Autor» del delito contra «la Administración Pública – Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, en la modalidad de Tráfico de Influencias Agravado, ilícito penal previsto en el primer y segundo párrafo del artículo 400° del Código Penal…». Ergo, siendo «Líder», de la organización criminal, es autor de tráfico de influencias.
Y, tres, Castillo es denunciado como «presunto Cómplice del delito contra la Administración Pública – Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, en la modalidad de Colisión, ilícito penal previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 384° del Código Penal…». Con esta acusación se configura una triada de delitos: organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Según la semilla, «todos en agravio del Estado». Hay dos denunciados más. El segundo y tercer denunciado son Juan Francisco Silva Villegas, exministro de Transportes y Comunicaciones, como presunto autor de organización criminal y colusión y Geiner Alvarado López, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento por el delito de organización criminal.
La denuncia constitucional fue presentada en mesa de partes del Congreso de la República.Y tras presentar la misma, según RPP, señaló: «En cumplimiento de mi función constitucional, puedo anunciar que hemos hallado muy graves indicios de la presunta existencia de una organización criminal en el Gobierno». Fue la afirmación taxativa de la Fiscal Benavides.
¿Qué se viene en el Congreso? Lo que la oposición de las derechas mafiosas y golpistas buscaron desde el primer día post fracaso del «fraude en mesa»: la vacancia del presidente Pedro Castillo. Ahora, a diferencia de los conatos anteriores, tienen la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación contenidos en 375 folios. Lo utilizarán, sea legal o no, para su objetivo político.
¿Lograrán los 87 votos que requieren, más allá de si los indicios de la presunta existencia de una organización criminal sean corroborados ulteriormente por la investigación fiscal? Es probable que la denuncia de la Fiscal de la Nación provoque cambios en la correlación de fuerzas pre-existente en el Congreso. Habrá un realineamiento a favor de la vacancia u otras figuras legales. El objetivo será sacar a Castillo del gobierno
En ese sentido, la denuncia es un misil en la línea de flotación del gobierno. Si logran los 87 votos es casi inminente el recurso de la moción de vacancia presidencial. Por su parte, el gobierno de Pedro Castillo no logró dar una mínima estabilidad y gobernabilidad al país (una muestra: se cayeron tres compras de urea), ha perdido aliados que participaron de la repartija de ministerios y ha perdido mucho apoyo popular.
Es un gobierno débil y aislado. La mayoría de la ciudadanía ha llegado al convencimiento que, en efecto, Castillo es la cabeza de una organización criminal. Pero, eso sí, no de la dimensión de la organización criminal de Keiko Fujimori, ni de la que encabezó Alan García, ni de «Los Cuellos Blancos del Puerto», etc. En este caso, como bien lo llamó Alberto Vergara, es una «Banda del Choclito».
Sin embargo, así sea una organización criminal de baja estofa, igual tiene que enfrentar la justicia y el juicio político que – ¡Oh, paradoja!- la mayoría de mafiosos y golpistas de la extrema derecha neoconservadora y mercantilista esperan con sus cuchillos afilados. Se viene, para usar los términos de las organizaciones criminales, un ajuste de cuentas con Castillo.
No le perdonarán que un profesor/campesino/dirigente sindical los haya derrotado en las elecciones generales de 2021. Tampoco, el que haya osado disputar e intentar avanzar en su hábitat natural: la corrupción y el crimen organizado. Obviamente, lo harán con el propósito contrario: eregirse – -¡qué duda cabe!- en los depositarlos de la decencia y la moral. Ya los veremos.
Culminada la decapitación (vacancia o destitución son eufemismos legales) de Castillo, harán lo mismo con Dina Boluarte, para asaltar el Ejecutivo. Y, tras «filetear» al presidente y vicepresidenta, elevarán al presidente del Congreso, José Williams Zapata (Avanza País), quien se «arrodilló» ante Montesinos y encubrió la masacre de Accomarca, a presidente interino. El fujimontesinismo, sin Fujimori ni Montesinos, volvería al gobierno.
¿Qué fue el régimen fujimontesinista? Una narcodictadura, un narcoestado. Ese es el riesgo muy cercano al que nos enfrentamos. Para evitar ese riesgo, el aún presidente Pedro Castillo debe renunciar y convocar a elecciones generales. Y que se vayan todos. ¿Tendrá Castillo, a la hora nona, la capacidad de desbrozar ese camino? Difícil, casi imposible.
