La UE condena el cierre arbitrario de siete estaciones de radio católicas por parte de las autoridades nicaragüenses el 1 de agosto y dos estaciones de radio/TV comunitarias más poco después. Se utilizó excesiva fuerza policial para ocupar las instalaciones y para intimidar y dispersar a los manifestantes desarmados con gases lacrimógenos y disparos. Esto constituye otra violación de la libertad de expresión y la libertad de religión o creencias.
Desde 2018, el Gobierno de Nicaragua ha desatado niveles de violencia sin precedentes contra su propio pueblo, utilizando asesinatos, desapariciones forzadas, encarcelamiento, hostigamiento e intimidación contra opositores políticos, así como contra periodistas, defensores de derechos humanos, líderes religiosos y de otro tipo.
Nicaragua cuenta actualmente con más de 180 presos políticos, quienes están encerrados sin respetar la constitución nicaragüense, la ley penal y el debido proceso.
En la primera mitad de 2022, las autoridades cerraron más de 1200 organizaciones de la sociedad civil, sin la debida justificación. Como resultado, miles de los nicaragüenses más vulnerables se han quedado sin la ayuda que estas organizaciones les brindaban.
Las autoridades nicaragüenses deben poner fin a toda represión y restablecer el pleno respeto a todos los derechos humanos. La UE también reitera su llamamiento urgente al Gobierno de Nicaragua para que libere de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos y anule todos los procedimientos judiciales en su contra, incluidas sus sentencias.
La Unión Europea seguirá siguiendo de cerca la situación y apoyando al pueblo de Nicaragua en su legítima aspiración a la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho.
