En las últimas semanas, los tribunales nicaragüenses han dictado sentencias de culpabilidad y duras sentencias a presos políticos, luego de juicios a puertas cerradas.
Los jueces y fiscales en estos juicios han violado sistemáticamente el debido proceso y el propio código penal de Nicaragua; la presunción de inocencia fue violada por la Fiscalía en nota pública, llamando a los detenidos “delincuentes” y “infractores”.
Como mencionaron la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los encarcelados fueron detenidos por motivos incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos y con la Constitución de Nicaragua. Muchos de los presos políticos han estado recluidos en régimen de incomunicación durante más de ocho meses, y algunos de ellos se enfrentan a interrogatorios diarios o a largos periodos de reclusión en régimen de aislamiento. Solo han visto a sus familias en raras ocasiones. Como ha señalado repetidamente la ONU, tales condiciones de detención plantean riesgos reales para la integridad física y mental de los presos y pueden constituir trato cruel, inhumano y degradante, o incluso tortura.
Esperamos que el Gobierno de Nicaragua libere de manera inmediata e incondicional a todos los presos políticos y anule todos los procesos judiciales en su contra, incluidas sus sentencias. También responsabilizamos al Gobierno de garantizar que las condiciones de detención cumplan con sus obligaciones internacionales de derechos humanos y con estándares como las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la ONU, las reglas Mandela. Tomamos nota de que desde la muerte en detención de Hugo Torres el 12 de febrero, algunos detenidos ancianos y enfermos han sido asignados a arresto domiciliario, pero esto solo puede ser un primer paso.
Desde 2018, el Gobierno de Nicaragua ha llevado a cabo el encarcelamiento, hostigamiento e intimidación sistemáticos de precandidatos presidenciales, líderes opositores, líderes estudiantiles y rurales, periodistas, defensores de derechos humanos y representantes empresariales.
La Unión Europea seguirá siguiendo de cerca la situación y apoyando al pueblo de Nicaragua en su legítima aspiración a la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho.
