Nicaragua: Declaración del AR/VP Josep Borrell

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Continúa el deterioro de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, incluida la represión de opositores políticos, manifestantes, periodistas y sociedad civil.

La legislación reciente, como la aprobación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y la Ley Especial sobre Delitos Cibernéticos, así como el proceso en curso de reforma constitucional para introducir sentencias de prisión perpetua por “delitos motivados por prejuicios” definidos de manera imprecisa, endurecen las restricciones a los derechos civiles y políticos y libertades fundamentales. Además, la “ley de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación por la paz” que busca prevenir las candidaturas de la oposición es un paso más en la intimidación del pueblo nicaragüense, alejando al país del estado de derecho.

La UE espera que las autoridades nicaragüenses alineen su legislación, garanticen la implementación con las obligaciones internacionales de derechos humanos y promuevan el papel de la sociedad civil para que las organizaciones no gubernamentales y los movimientos de oposición puedan operar libremente. Los ciudadanos nicaragüenses deben poder ejercer sus libertades de expresión y asociación de manera efectiva.

Los tres ámbitos en los que la UE espera avances tangibles son: la plena aplicación de los acuerdos del 27 y 29 de marzo de 2019 entre el gobierno y la oposición cívica; la plena cooperación y el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua, incluida la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y un acuerdo sobre reformas electorales e institucionales entre el gobierno y la oposición para garantizar elecciones justas y transparentes.

La UE apoya un diálogo urgente e inclusivo sobre reformas electorales con la oposición nicaragüense como un paso esencial para restaurar la confianza. Las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2011 siguen siendo válidas. La UE sigue dispuesta a colaborar y trabajar de forma constructiva con el Gobierno de Nicaragua hacia una salida pacífica y democrática de la crisis.