En un hotel miraflorino Michel Forst, Relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los Defensores de Derechos Humanos presentó sus observaciones y recomendaciones preliminares al finalizar su visita al Perú, una visita iniciada el 21 de enero que culminó la fecha de hoy, 3 de febrero 2020.
El experto de la ONU ha visitado Lima y los departamentos de Piura, Madre de Dios, Cuzco y Ucayali. Se ha reunido con funcionarios del Estado, así como con defensores y defensoras de derechos humanos y representantes de la sociedad civil y del sector privado.
Michel Forst de origen francés no habla castellano, la investigación la hizo por intermediación de los traductores de la ONU.
Expuso la experiencia de estos catorce días de trabajo en el Perú, este encargo tiene la función de dar asistencia precisamente al Estado peruano en la evaluación del entorno seguro para el desarrollo del trabajo de los Defensores de Derechos Humanos.
Su conclusión no es favorable, la creciente estigmatización y criminalización tanto de los Defensores así como de las Comunidades locales en todo el Perú, por parte de actores estatales y no estatales, debe ser encarada con urgencia. Estos actores sufren de criminalización, acoso judicial, estigmatización, intimidación y uso excesivo de la fuerza policial durante las protestas sociales.
Los encuentros realizados con las instituciones del Estado, así con Ministros y Ministras en la capital, con las dependencias del Poder Judicial lo han dejado gratamente impresionado así como la voluntad política del Gobierno por implementar el Protocolo de Escazú, el cual es un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Es considerado «el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales»
Refiriéndose específicamente a Cajamarca, señaló que 16 defensores «tienen cargos por participar en protestas, acusaciones a campesinos por negarse a abandonar la tierra donde viven, hemos escuchado cuán poca efectiva es la protección de la policía, hay que poner en práctica medidas, hemos escuchado muchas quejas de los campesinos que han sido perpetrados por mineros ilegales, cuando ellos se apropian de sus tierras, los amenazan, cuando van a la policía reciben otras amenazas, los acusan de desarrollar actividad ilegal, están desprotegidos, hemos escuchado muchas amenazas a las Comunidades indígenas».
También los periodistas viven en riesgo, ataques y procesos penales. Ha recibido varias quejas sobre el Grupo Sodalicio, así como quejas de corrupción en todos los niveles de la política y de los actores políticos que es una fuente de preocupación, no solo en Lima sino en diferentes partes del país.
Los pueblos indígenas han presentado sus quejas por la carencia de aplicación de la Consulta previa prevista en la Convención 169, asimismo, el rol de las empresas nacionales e internacionales en agro business, han sido descritas como «instituciones que dañan a las comunidades y a sus tierras ancestrales» citó algunas de estas empresas.
En aras de aumentar la protección de los Defensores han preparado un Afiche en castellano y en quechua explicando su función.
Ante la pregunta principal, si Perú es un lugar seguro para los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, su respuesta es negativa.
Señaló otros países como Colombia, México, Honduras, los cuales están sufriendo otro tipo de dificultades. En el Perú, señaló, «hay formas diferentes que impiden su actuación segura y propicia, estoy aquí aquí para apoyar los esfuerzos del Estado, he redactado un conjunto de recomendaciones a fin que el Gobierno defienda a los Defensores y a las Defensoras», resaltó una vez más la voluntad política del Gobierno por aprobar el Protocolo de Escazú.
A la pegunta sobre la situación de la mujer peruana, señaló que «muchas de ellas están sufriendo campañas de difamación», sin entrar en caso específicos señaló que «son amenazadas como mujeres defensoras de las mujeres de las Comunidades Indígenas».
Sobre el Grupo Sodalicio así como otros grupos religiosos como el evangélico o los católicos respondió «están poniendo en el blanco a los Defensores, usan medios sofisticados para atacar a esos grupos, deberían proteger a los defensores y muchas veces están empleando otros métodos».
Sobre los Periodistas de investigación, «son los que se encuentran en mayor riesgo al desempeñar su trabajo, reciben diferente formas de ataques público y judicial».
El Relator Especial presentará su informe completo en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de marzo de 2021.
