- Todos los presos políticos deben ser liberados
- Fin de las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzosas y los crímenes contra la humanidad
- La muerte de Brooklyn Rivera debe ser investigada
- Más sanciones de la UE y suspensión del acuerdo de asociación
- El PE pide la excarcelación de todos los presos políticos en Nicaragua y el fin de la represión, y a la UE, que suspenda la aplicación del acuerdo de asociación con el país.
En una resolución aprobada a mano alzada este jueves, los eurodiputados condenan la represión sistemática ejercida por el régimen Ortega-Murillo, que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, juicios falsos, exilio, desnacionalización, confiscación y crímenes de lesa humanidad.
Los eurodiputados denuncian la persecución de las iglesias cristianas, los pueblos indígenas, la sociedad civil y los opositores políticos. Las organizaciones disueltas arbitrariamente deben restablecerse, subrayan, y garantizarse la libertad de religión y creencias.
La resolución reclama una investigación sobre la muerte de Brooklyn Rivera, líder indígena y presidente de un partido opositor, quien permaneció desaparecido durante 32 meses tras ser detenido y falleció bajo custodia en mayo de 2026. Los eurodiputados también demandan la devolución de sus restos a su familia.
La Cámara reclama la liberación de Carlos Brenes y Salvadora Martínez, condenados sin las debidas garantías a quince años de prisión por «traición», así como la liberación de todos los presos políticos, la anulación de las condenas por motivos políticos, información sobre su paradero y pruebas de que siguen con vida.
El Parlamento insta a las autoridades nicaragüenses a garantizar a todos los detenidos acceso a abogados y a sus familiares, atención médica y mecanismos de supervisión internacional. También pide a Nicaragua que cumpla las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y respalda los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por parte del régimen, a través de la jurisdicción universal y la Corte Penal Internacional.
Ampliación de las sanciones
Los eurodiputados piden al Consejo y a la Comisión que suspendan la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica en lo que respecta a Nicaragua mientras persista la represión. Subrayan que el Parlamento no mantendrá relaciones con los representantes del régimen en la recién creada comisión parlamentaria de Asociación y piden a la UE que garantice que ningún fondo de la UE o multilateral contribuya a reforzar el régimen. También solicitan la ampliación de las sanciones específicas contra los responsables de violaciones de derechos humanos, incluidos el presidente Daniel Ortega y los miembros de su círculo más cercano.
Antecedentes
Desde 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desmantelado progresivamente las instituciones democráticas y el Estado de derecho. Una reforma constitucional eliminó el pluralismo político, y se ha intensificado la persecución de opositores, periodistas, miembros del clero, líderes indígenas, defensores de los derechos humanos y miembros de la sociedad civil.
Esta es la segunda resolución en lo que va de legislatura en la que el Parlamento Europeo denuncia la represión del régimen nicaragüense, tras la aprobada en febrero de 2025.
Textos aprobados
Jueves 13 de febrero de 2025 – Estrasburgo
Represión ejercida por el régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua, en particular contra defensores de los derechos humanos.
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2025, sobre la represión ejercida por el régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua, en particular contra defensores de los derechos humanos, opositores políticos y comunidades religiosas (2025/2547(RSP))
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Nicaragua,
– Vistos el artículo 150, apartado 5, y el artículo 136, apartado 4, de su Reglamento interno,
A. Considerando que, desde 2018, el régimen nicaragüense persigue sistemática, repetida y arbitrariamente a defensores de los derechos humanos, opositores y representantes religiosos, entre otros; que se han disuelto más de 5600 ONG, incluyendo grupos religiosos, principalmente católicos, cuyos bienes se han confiscado;
B. Considerando que se ha expulsado del país, revocado la nacionalidad y privado de derechos políticos tanto a los opositores políticos encarcelados como a los defensores de los derechos humanos; que, desde 2018, han sido detenidos o expulsados arbitrariamente 245 miembros del clero, incluido el obispo Rolando Álvarez, finalista del Premio Sájarov;
C. Considerando que, en enero de 2025, el régimen aprobó una reforma constitucional que elimina la separación de poderes y el pluralismo político al establecer una copresidencia de Ortega y Murillo que controla todos los poderes del Estado, las instituciones independientes y los medios de comunicación, y hace caso omiso a la adhesión a los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos;
1. Condena en los términos más enérgicos las violaciones sistémicas y generalizadas de los derechos humanos cometidas por el régimen de Ortega y Murillo contra la población, la oposición democrática, los estudiantes y las organizaciones de la sociedad civil (OSC), así como la persecución de líderes religiosos, principalmente católicos; exige la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y el restablecimiento del Estado de Derecho y del estatuto jurídico de todas las organizaciones, las libertades y los derechos de las personas exiliadas, incluido su retorno seguro; insiste en que estas son condiciones previas esenciales para cualquier perspectiva de diálogo significativo;
2. Denuncia el uso de la apatridia y el exilio como arma contra las voces disidentes; reitera la necesidad de poner fin a las restricciones al espacio cívico y de respetar el derecho a la disidencia;
3. Pide al régimen de Ortega y Murillo que revoque su reforma constitucional y todas las leyes represivas que institucionalizan el totalitarismo, que respete plenamente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que aplique las recomendaciones formuladas por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua; pide que se amplíe su mandato;
4. Pide a la Unión que incluya garantías específicas de respeto de los derechos humanos a la hora de asignar fondos de la Unión, incluso a través de instituciones multilaterales y financieras, y que vele por que los fondos no contribuyan a reforzar el régimen de Ortega y Murillo;
5. Destaca el papel clave que desempeñan las OSC, los defensores de los derechos humanos, la Iglesia católica y los periodistas en Nicaragua; pide a la Unión que refuerce su diálogo periódico con ellos, incluidos los exiliados, para apoyar su vital labor, y que haga lo mismo con los países que acogen a migrantes que huyen de Nicaragua, como Costa Rica;
6. Pide a los Estados miembros que, de conformidad con el Estatuto de Roma, inicien investigaciones a través de la Corte Penal Internacional sobre el régimen de Ortega y Murillo por crímenes contra la humanidad;
7. Reitera su petición de que se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación de la Unión; rechaza cualquier perspectiva de diálogo parlamentario con miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua controlada por el régimen;
8. Pide de nuevo que se amplíe la lista de personas sancionadas para incluir a Ortega, a Rosario Murillo y a su círculo de allegados;
9. Pide la extradición inmediata de Alessio Casimirri a Italia;
10. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la AR/VP, a los Estados miembros y a las autoridades nicaragüenses.
