Hay momentos en la historia de un país en los que resulta inevitable hacerse una pregunta incómoda: ¿por qué algunas naciones logran construir prosperidad sostenida mientras otras parecen condenadas a repetir las mismas crisis políticas y económicas? Llevo años observando el debate público peruano y latinoamericano, y cada vez encuentro menos respuestas en los discursos grandilocuentes y más en la fortaleza —o debilidad— de las instituciones.
En el Perú solemos discutir nombres propios. Cambian los presidentes, los ministros, los congresistas y los partidos, pero con demasiada frecuencia permanecen intactos los problemas estructurales. Esa dinámica genera una sensación de agotamiento ciudadano. Cada nueva crisis parece presentarse como inédita, cuando en realidad responde a deficiencias acumuladas durante décadas: un Estado de derecho vulnerable, una burocracia ineficiente, una justicia cuestionada y una economía que, pese a su potencial, convive con enormes niveles de informalidad.
Desde una perspectiva sociológica, las instituciones no son simples edificios públicos ni oficinas estatales. Son reglas compartidas, mecanismos de confianza y límites al poder. Cuando funcionan correctamente, permiten que las diferencias políticas se procesen dentro de un marco democrático. Cuando fallan, la incertidumbre termina reemplazando a la estabilidad, y los ciudadanos comienzan a desconfiar tanto del Estado como del mercado.
No deja de sorprenderme que, en buena parte de América Latina, todavía existan sectores políticos que consideran la inversión privada como una amenaza antes que como una oportunidad. Esa visión suele partir de una falsa dicotomía: como si defender la empresa significara renunciar a la justicia social. En realidad, ambas dimensiones pueden complementarse cuando existen reglas claras, competencia leal y un Estado capaz de hacerlas cumplir.
La economía de mercado no es perfecta. Ningún sistema humano lo es. Sin embargo, la evidencia acumulada durante las últimas décadas muestra que las sociedades con mayores niveles de libertad económica suelen registrar también mejores indicadores de crecimiento, innovación, reducción de pobreza y generación de empleo. No es una casualidad. Cuando las personas tienen incentivos para emprender, invertir y producir, el conjunto de la economía gana dinamismo.
En el caso peruano, basta recordar los años posteriores a las reformas económicas de la década de 1990. Más allá de los debates políticos que aún despierta ese periodo, resulta difícil negar que el país experimentó una etapa prolongada de crecimiento, reducción de la inflación y expansión de la inversión privada. Millones de peruanos accedieron por primera vez a bienes, servicios y oportunidades que antes parecían reservados para una minoría.
Eso no significa que todos los problemas quedaran resueltos. La desigualdad persistió en diversos territorios y la informalidad continuó afectando a una parte importante de la población económicamente activa. Pero sería un error concluir que la respuesta consiste en debilitar el mercado. Más bien, el desafío pasa por fortalecer las instituciones para que los beneficios del crecimiento alcancen a un número mayor de ciudadanos.
Aquí aparece un concepto muchas veces subestimado: la seguridad jurídica. Para algunos puede sonar excesivamente técnico. Sin embargo, sus efectos son profundamente cotidianos. Un pequeño empresario que decide ampliar su negocio necesita confiar en que las reglas tributarias no cambiarán arbitrariamente. Un agricultor requiere la certeza de que la propiedad de su terreno será respetada. Un inversionista nacional o extranjero evalúa si los contratos serán cumplidos y si los jueces actuarán con independencia.
Cuando esas garantías desaparecen, la inversión se retrae. Y cuando la inversión disminuye, también lo hacen el empleo formal, la innovación y el crecimiento económico. En otras palabras, la incertidumbre política termina golpeando directamente el bolsillo de las familias.
Lo mismo ocurre con la estabilidad institucional. Ningún país puede aspirar a consolidar una economía competitiva si vive permanentemente atrapado en enfrentamientos entre los poderes del Estado, procesos de vacancia, crisis ministeriales o cambios constantes de políticas públicas. La inversión, como cualquier decisión racional, necesita previsibilidad.
En América Latina existen ejemplos que ilustran con claridad esta realidad. Países que fortalecieron sus instituciones económicas lograron atraer mayores flujos de capital, diversificar sus exportaciones y consolidar clases medias más amplias. En cambio, aquellos donde predominó el intervencionismo excesivo, la inseguridad jurídica o la concentración arbitraria del poder enfrentaron procesos de deterioro económico, fuga de inversiones e incremento de la pobreza.
No se trata únicamente de cifras macroeconómicas. También hablamos de expectativas. Una sociedad que cree en el futuro invierte, estudia, emprende y planifica. Una sociedad que vive bajo la incertidumbre política aprende, en cambio, a sobrevivir día a día.
La corrupción constituye otro de los factores que erosionan la estabilidad democrática. Durante años hemos visto cómo distintos gobiernos latinoamericanos, independientemente de su orientación política, terminaron envueltos en escándalos de sobornos, tráfico de influencias o redes clientelares. Ese fenómeno destruye la confianza pública porque transmite la sensación de que las reglas solo existen para algunos.
Combatir la corrupción exige mucho más que discursos moralistas. Requiere instituciones independientes, organismos fiscalizadores eficientes, transparencia administrativa y sanciones efectivas. Pero también demanda reducir aquellos espacios donde la discrecionalidad política facilita la captura del Estado por intereses particulares.
Existe una relación directa entre exceso de burocracia y oportunidades para la corrupción. Cuantos más trámites innecesarios enfrenta un ciudadano o un empresario, mayor es el riesgo de que aparezcan intermediarios informales, pagos indebidos o favores políticos. Simplificar procedimientos no solo favorece la actividad económica; también fortalece la ética pública.
Como periodista he observado durante años un fenómeno recurrente. Cada crisis política suele venir acompañada por promesas de refundación nacional. Cambian los lemas, los discursos y los protagonistas, pero pocas veces se aborda el verdadero problema: la debilidad institucional. Pareciera que siempre buscamos soluciones extraordinarias para dificultades que, en el fondo, requieren reformas persistentes y paciencia democrática.
La consolidación del Estado de derecho representa precisamente ese tipo de reforma silenciosa. No produce titulares espectaculares de un día para otro. Sin embargo, genera efectos acumulativos que terminan fortaleciendo toda la estructura social. Cuando los ciudadanos saben que las leyes serán aplicadas sin privilegios, disminuye la incertidumbre y aumenta la confianza colectiva.
Otro aspecto fundamental es la defensa de la libertad económica. Este concepto suele ser malinterpretado como una invitación al descontrol o a la ausencia absoluta del Estado. Nada más distante de la realidad. Una economía verdaderamente libre necesita un Estado fuerte en sus funciones esenciales: proteger derechos, garantizar contratos, promover competencia y sancionar prácticas ilegales.
El problema aparece cuando el Estado pretende reemplazar sistemáticamente la iniciativa privada en actividades donde esta puede actuar con mayor eficiencia. La experiencia latinoamericana ofrece numerosos ejemplos de empresas públicas deficitarias, controles de precios que terminaron generando desabastecimiento o regulaciones excesivas que incentivaron la informalidad.
El Perú posee enormes ventajas competitivas. Su riqueza minera, agrícola, pesquera y energética constituye una plataforma excepcional para impulsar el desarrollo nacional. Sin embargo, ese potencial solo podrá traducirse en bienestar si existe un entorno favorable para la inversión responsable, acompañado por instituciones que garanticen transparencia, sostenibilidad ambiental y respeto a las comunidades.
No basta con atraer capitales. También es indispensable construir confianza entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil. Las inversiones más exitosas suelen ser aquellas donde las reglas están claras desde el inicio y donde los conflictos encuentran canales institucionales para resolverse sin violencia.
La democracia también depende de esa confianza. Una ciudadanía que percibe crecimiento económico, oportunidades laborales y servicios públicos de calidad desarrolla mayores incentivos para defender el sistema democrático. Por el contrario, cuando predominan el desempleo, la inflación y la incertidumbre, aumentan las voces que ofrecen soluciones autoritarias o populistas.
América Latina ha conocido demasiado bien las consecuencias de esas promesas fáciles. Líderes que concentraron poder con el argumento de representar al pueblo terminaron debilitando la independencia judicial, restringiendo libertades económicas y deteriorando la calidad institucional. Recuperar esos espacios suele tomar muchos años.
A veces me pregunto por qué cuesta tanto instalar este debate en términos de largo plazo. Tal vez porque la política cotidiana vive atrapada por la urgencia electoral. Sin embargo, las naciones que hoy exhiben instituciones sólidas no las construyeron en un solo gobierno. Fueron el resultado de consensos, perseverancia y respeto por reglas que trascendieron a los líderes de turno.
El Perú necesita precisamente esa visión. No una democracia que sobreviva de crisis en crisis, sino una democracia capaz de ofrecer estabilidad, crecimiento y confianza. Eso implica fortalecer el sistema judicial, profesionalizar la administración pública, combatir la corrupción sin selectividad política y promover una economía donde el mérito, la innovación y el emprendimiento sean recompensados.
Las instituciones fuertes y la economía de mercado no constituyen objetivos separados. Se alimentan mutuamente. Sin seguridad jurídica no hay inversión sostenible; sin inversión no existe crecimiento duradero; sin crecimiento resulta mucho más difícil financiar políticas públicas eficaces y consolidar una democracia estable.
En última instancia, la estabilidad política no depende únicamente de quién gane las próximas elecciones. Depende de que las reglas permanezcan por encima de las coyunturas, de que la ley sea respetada sin excepciones y de que la libertad económica continúe siendo un instrumento para ampliar oportunidades y no un privilegio reservado para unos pocos. Allí radica, a mi juicio, uno de los mayores desafíos del Perú y de América Latina en las próximas décadas. Más que reinventar constantemente el sistema, necesitamos fortalecer aquello que permite a una sociedad prosperar con libertad, responsabilidad e instituciones capaces de resistir el paso del tiempo.
