La corrupción ha puesto en jaque la inteligencia colectiva, atenta contra la dignidad humana y, por ende, constituye un delito contra la humanidad
La inteligencia humana tiene que enfrentarse con un problema grave y persistente: la Corrupción (korup’θjon). Este complejo fenómeno social representa uno de los retos más apremiantes y difíciles de la humanidad en la hora presente. La corrupción ha puesto en jaque la inteligencia colectiva continúa afectando negativamente y de manera muy profunda a países de todo el mundo. La corrupción ha ido convirtiéndose a lo largo de los años en una actividad delictual cada vez más compleja y está aumentando de manera muy grave, esto constituye una amenaza para el desarrollo sostenible como para las iniciativas de alivio de la pobreza. La corrupción acarrea consecuencias funestas para el tejido social, puede provocar una desestabilización de la situación política y generar malestar social en los países, aumenta el déficit democrático y la desconfianza popular en las instituciones democráticas, generando un clima de ingobernabilidad.
La amplia gama de actividades delictivas y criminales que constituyen delitos principales en materia de corrupción rebasa todas las fronteras y no conoce límites geográficos. Se trata de un problema de enormes proporciones al que se tiene que prestar atención rápidamente. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo haremos? Sí, todos estamos de acuerdo en que el cohecho interno e internacional, el enriquecimiento ilícito en la función pública y la cleptocracia, la corrupción política y el clientelismo en las estructuras de poder (incluido el saqueo de bienes públicos y el acaparamiento de poder, el tráfico de influencias, el financiamiento ilegal de partidos políticos y un poder judicial corrupto, etc.), no pueden tener lugar en una sociedad civilizada. Se constata, sin embargo, que la corrupción en todas sus formas y manifestaciones, pública y privada, activa y pasiva, particular, colectivo, directo o indirecto está aumentando a un ritmo alarmante, y se ha convertido en un mercado lucrativo para la delincuencia organizada y por quienes incumplen deliberadamente las leyes. Hoy debemos afrontar el hecho de que la corrupción en todo el mundo se mantiene a un nivel elevado, aun cuando muchos países cumplan con frecuencia los compromisos y obligaciones de prevenir la proliferación incontrolada de sus niveles de corrupción en los respectivos ordenamientos jurídicos internos.
Nadie podrá negar que los esfuerzos hechos hasta ahora para luchar contra la voracidad insaciable de los corruptos y el despojo del Estado vía la corrupción han fracasado, no solo debido a la impunidad de los autores, sino también a la inercia para impulsar la implementación de los compromisos internacionales asumidos por los gobiernos en materia de prevención detección y combate del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Estamos por lo tanto en una encrucijada. El libre juego de las fuerzas económicas, así como el desenfrenado afán de riqueza y poder, que cunde por doquier no ofrecen ninguna solución al problema, sino que son, de hecho, parte de él.
La corrupción no es un juego de sociedad en donde los participantes se ciñan buenamente a leyes. Es una mala noticia, porque cada uno busca su beneficio del momento a expensas de los ciudadanos que respetan la ley, sin subordinarlos a la prosperidad económica y al bienestar de la comunidad. Los corruptos y corruptores no tienen restricciones éticas ni jurídicas. Pese a la suficiente presencia de leyes disuasorias que contemplan acciones penales e incluso condenas de prisión para los corruptos y la consecución de resultados tangibles en la investigación y persecución de actos de corrupción cometidos por personas físicas o jurídicas, el lento ritmo de los procedimientos judiciales se ha traducido en muy pocas condenas reales. Al fin y al cabo, se trata de un flagelo mundial que debe abordarse de forma colectiva en todas las instancias, locales, regionales, nacionales e internacionales, y que requiere un firme compromiso por parte de todos los poderes públicos y la ciudadanía.
No podemos pasar por alto el hecho de que los comportamientos y los modos de pensar de los ciudadanos con respecto a la corrupción y las actividades fraudulentas – me refiero a los niveles de tolerancia del fenómeno, independientemente de la legislación existente – son también un factor que debe considerarse y que posiblemente influya en el alcance, la prevalencia y la intensidad de ese tipo de flagelo, que, por lo general, permanece oculto. Los ciudadanos con frecuencia tienen la impresión errónea de que la corrupción es un “delito sin víctimas” (directas). El razonamiento detrás de esta afirmación es que la corrupción no daña directamente a ninguna persona, lo cual es claramente falso. Y todo esto se debe, probablemente, a que la corrupción normalmente se sella a través de un pacto de silencio entre sobornador y sobornado, que tienen un mutuo interés por ocultar sus actividades en la mayor medida posible” Por lo tanto, raramente existe una parte afectada que pueda denunciar un caso de corrupción a la policía y las autoridades judiciales y, de hecho, se denuncian muy pocos casos de corrupción. La corrupción no es un delito sin víctimas y en la mayor parte de los casos, es a los más débiles de la sociedad a quienes afecta con mayor crudeza a los que ya de por sí son más vulnerables, a las vidas de la población y de un menor acceso a servicios básicos. Los efectos nocivos derivados de la corrupción van más allá del daño económico a víctimas individuales. El coste corre a cargo de toda la sociedad que se enfrentan con servicios inadecuados y de baja calidad, contratantes fraudulentos, empleadores y altos funcionarios corruptos, etc. En demasiados casos, se niega a la población el acceso a la justicia y a otros servicios públicos de interés general, lo que genera un tratamiento discriminatorio entre los ciudadanos; sin hablar de la degradación de los estándares morales de la sociedad. Los efectos sociales de estas percepciones de corrupción en el aparato estatal -si están justificadas- basadas en hechos fehacientes socavan la legitimidad del Estado y la democracia misma.
La corrupción atenta contra la dignidad humana y, por ende, constituye un delito contra la humanidad. Esa práctica ilícita pone en peligro la estabilidad política, social y económica y, en última instancia, amenaza la seguridad y la protección de la sociedad en general. Para las personas indigentes el pago de tan solo unos pocos pesos por un servicio médico gratuito puede tener efectos devastadores en sus vidas – patrón que se acentúa entre las personas de origen indígena –aún más en las mujeres que en los hombres– y las más pobres. El derecho fundamental a vivir en una sociedad libre de todo tipo de corrupción es un valor común incuestionable y no está sujeto a negociaciones o restricciones de ningún tipo. Los Estados tienen la obligación de proteger ese derecho humano básico.
A medida que aumenta el conocimiento de este fenómeno, nos damos cuenta de la gravedad del problema y de los numerosos desafíos al que se que enfrenta cada sociedad y cada Estado-nación. Por ejemplo, la crisis de confianza de la opinión pública, a raíz de los recientes escándalos corporativos que se han descubierto, en especial, los surgidos en América Latina, constituye una llamada de atención para los Estados nacionales. Esto requiere que se lleven a cabo acciones gubernamentales destinadas a garantizar una mayor transparencia de las actividades gubernamentales, acorde con los principios fundamentales de la probidad y la rendición de cuentas y adoptar medidas para luchar contra la impunidad. Una mejor reglamentación y la garantía de una aplicación enérgica y coherente de las normas de lucha contra la corrupción en todos los niveles y en todos los ámbitos, y prestar más atención a la adecuada aplicación de la legislación que garantice a los ciudadanos recobrar la credibilidad y recuperar la confianza del mercado. Si bien las pruebas empíricas sobre el alcance del fenómeno son escasas, algunos casos recientes sugieren que éste podría tener dimensiones capaces de destruir las economías nacionales y socavar el desarrollo. La corrupción y otras actividades ilegales han tenido un impacto negativo sobre los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades locales, el Estado de Derecho y la buena gobernanza. El daño que se inflige a toda la sociedad es enorme, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Resumiendo, al máximo, se podría afirmar que la corrupción a gran escala no solo interrumpe la maximización de la economía y el bienestar de la sociedad, el impulso al progreso y el desarrollo económico, sino que también profundiza la desigualdad o el conflicto social y la miseria sobre la mayoría de los pueblos. La corrupción en todas sus formas, incluido el enriquecimiento ilícito, plantea un grave desafío a la estabilidad y la seguridad de los Estados, socava las instituciones, los valores éticos y la justicia y pone en peligro el desarrollo sostenible y el estado de derecho. Es más, si no se lucha contra ella, la corrupción puede socavar la confianza en las instituciones democráticas y debilitar el sentido de responsabilidad de los líderes políticos. En su proyecto CleanGovBiz Initiative (2014, pág. 1), la OECD señala que “Al final del día, los más heridos por la corrupción son los más débiles y vulnerables del mundo” Es de observar que la corrupción es evitable en gran parte, aun cuando está ampliamente extendida entre numerosos sectores de la economía y la administración, exista y esté socialmente aceptada desde hace tiempo. Pero esto no puede de ninguna manera cambiar el hecho de que nunca debe convertirse en una práctica sistemática. Esto resulta imprescindible desde el punto de vista de los derechos humanos, pero también con perspectiva de futuro. Para afrontar efectivamente los problemas de la corrupción en los países de ingresos medios y bajos es imperativo seguir fortaleciendo las instituciones democráticas y los organismos anticorrupción, así como la responsabilización y la eficacia de la administración pública; y desarrollar políticas y alianzas con las instituciones estatales y el sector privado para apoyar la lucha contra la corrupción. Un desafío cada vez más difícil, pues las causas profundas de la corrupción son múltiples y variadas y difieren en cada contexto. Esta situación requiere una respuesta multidimensional y coordinada de las autoridades, a nivel de políticas públicas y de la sociedad en general. Para conseguir este objetivo es necesario que los Estados dispongan de regímenes jurídicos nacionales de lucha contra la corrupción que funcionen adecuadamente, que estén bien conectados y que sus sistemas de justicia penal – un factor clave para garantizar el respeto del Estado de Derecho – dispongan de la capacidad administrativa necesaria para poder aplicar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones correspondientes. Y estamos de acuerdo sobre la necesidad de mejorar la cooperación internacional en asuntos penales relacionados con la corrupción Todos los profesionales del derecho somos plenamente conscientes de la complejidad del fenómeno y sus graves consecuencias, de la necesidad urgente de tomar medidas firmes para paliar esta situación. El respeto de los principios de primacía de la ley, los derechos humanos y la buena gobernanza se ven amenazados por la corrupción masiva y las actividades delictivas organizadas relacionadas con la corrupción. La amenaza que la corrupción representa para los valores democráticos, el Estado de derecho y los derechos humanos sigue siendo motivo de profunda preocupación para los Estados en desarrollo que todavía son frágiles internamente y, por ello, están especialmente expuestos a ese riesgo; allí donde la corrupción es rampante, engendra pobreza y violencia y el índice de Percepción de la Corrupción es cada vez más negativo, en ocasiones no se asegura plenamente la existencia de un sistema judicial y administrativo imparcial, independiente y efectivo para luchar contra las muchas formas de conducta consideradas en lo esencial criminales por su naturaleza. Mientras que la corrupción socava todos estos principios, el respeto sin límites de estos valores comunes representa efectivamente la mejor garantía contra la extensión de prácticas corruptas.
Estamos completamente convencidos de que la corrupción, el blanqueo de capitales y la impunidad generalizadas, así como el enriquecimiento fraudulento o ilegal de altos cargos estatales no solo tiene consecuencias severas en el disfrute de los derechos humanos, sino también muchas veces profundas repercusiones sociales, económicas y ambientales. Nuestro mundo globalizado ha ido comprendiendo cada vez mejor que ningún Estado, por más poderoso que sea, puede de por sí combatir esta amenaza planetaria. Asuntos que antes estaban reservados a los Estados, exigen ahora una acción concertada y colectiva no sólo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, en particular en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, así como de otros instrumentos de derechos humanos pertinentes. Hoy más que nunca apremia la necesidad de una colaboración eficaz entre los Estados basada en tratados internacionales o regionales, así como en acuerdos o arreglos bilaterales. La creciente toma de conciencia de estos riesgos ha hecho advertir que apremia ponerles remedio. La esencia del planteamiento de la cultura de legalidad reside en la idea de que prevenir ante todo la corrupción y tratar sus causas profundas es más humano y eficaz que intervenir con la represión o con medidas ilegales de represión colectiva. Aunque la educación en su sentido más amplio y la labor de los medios de comunicación son el medio de acción principal, para que logren sus objetivos es menester unirla a la justicia social y al desarrollo humano sostenible. La activa participación conjunta de todos los involucrados y el liderazgo político de las mujeres pueden brindar una contribución invalorable y alerta temprana necesarias para comprender mejor esta problemática: compartir la responsabilidad de prevenir y resolver tan grave flagelo es una responsabilidad moral que ningún hombre o mujer consciente puede dejar de lado. Es necesario multiplicar y apoyar todas las iniciativas destinadas a sensibilizar al público en materia de corrupción. La enseñanza pública desempeña un papel fundamental a la hora de sensibilizar sobre la corrupción y sus peligros, y constituye asimismo una base para crear estrategias de prevención. La antigua máxima de que “más vale prevenir que curar” es una verdad generalmente admitida en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción. El éxito en la lucha contra ese flagelo depende del compromiso político de todos los participantes a hacer más y a trabajar mejor juntos. La prevención y la lucha contra la corrupción contribuyen a hacer de un Estado un buen sitio para vivir y trabajar. Solo si conseguimos acabar con la corrupción, podremos implantar la educación de la juventud en un espíritu de entendimiento mucho más profundo entre distintos segmentos de la sociedad, con sus diversos intereses. La lucha contra la corrupción implica una vía larga y difícil, hecha de educación y cultura, se necesita dice el Santo Padre, buena voluntad, mayores esfuerzos y una “cooperación por parte de todos, según las propias posibilidades, los propios talentos, la propia creatividad».
